Entrevista a Toni Orensanz y Rafa Marrasé"La industria petroquímica de Tarragona está blindada por la autocensura del territorio y por las administraciones"

El 14 de enero del 2020 será recordado como el día que se produjo el accidente más grave de la historia del polígono petroquímico de Tarragona, el más grande del sur de Europa. A las 18.37 horas explotó un reactor de la planta de la empresa IQOXE. Murieron tres personas: dos trabajadores de la compañía y un vecino del barrio de Torreforta que estaba en su casa.  

El accidente no solo evidenció el peligro de la industria petroquímica -IQOXE es la única fábrica de óxido de etileno (la sustancia de origen industrial que más riesgo de cáncer puede provocar) de la Península Ibérica-, también puso en evidencia los planes de emergencia y protocolos en caso de accidente químico: no sonaron las sirenas y no se confinó a la población.

Esta semana se han cumplido cinco años de aquel fatídico día, y todavía hay muchas preguntas sin respuesta y el juicio de la pieza principal pendiente. ¿Qué ha cambiado en materia de seguridad desde entonces? ¿El accidente marcó un punto de inflexión? ¿Cómo es posible que no se haya hecho nunca un estudio de la calidad del aire del Camp de Tarragona? Hablamos con los periodistas tarraconenses Toni Orensanz y Rafa Marrasé, autores del libro La gran explosió (Folch&Folch), una de las pocas investigaciones periodísticas -por no decir la única- de la explosión mortal de IQOXE, pero también del papel de la industria petroquímica desde su puesta en marcha en los años 70.

Vuestra investigación periodística sobre la industria petroquímica del Camp de Tarragona es una de las pocas que se han hecho, por no decir la única. ¿Se habría hecho igual si el 14 de enero del 2020 no se hubiera producido el accidente?

T.O.: Difícilmente. Iqoxe deja el rey desnudo. El accidente es una oportunidad para mirar qué pasa realmente dentro de las empresas, cuál es la reacción real ante los protocolos y de todos los papeles. Te permite hacer una foto en el momento, una instantánea que de la otra manera era especulativa. Es decir, en el fondo, el accidente de Iqoxe lo que te demuestra es que no funcionó absolutamente nada. La película de la primera hora de Iqoxe es de terror. Es decir, hay un accidente y nadie pone en alerta a las autoridades. La gente empieza a llamar al 112 y este está horas intentando localizar una cosa tan elemental como el lugar donde había sido la explosión. Cuando los bomberos llegan nadie sabe qué sustancia ha provocado la explosión, y en un acto de heroísmo, o de inconsciencia, los bomberos entran a jugarse la vida. Mientras tanto, nadie pulsa la alarma de confinamiento cuando ha estallado a la única planta de óxido de etileno, que es altamente peligroso y explosivo, que hay en España. Es un desastre absoluto.   

Cuando se habla de la petroquímica es bastante común escuchar "un día explotará todo" o frases de resignación como "ahora ya la tenemos” o “no se puede hacer nada contra la petroquímica”. La gente del Camp de Tarragona ha normalizado que algún día puede salir volando?

T.O.: Sí, lo hemos normalizado, o incluso hemos decidido no saberlo o no pensar. Es evidente que hay un problema también en cómo la ciudadanía de Tarragona ha asumido esta relación acrítica con la industria petroquímica. Y aquí puedes pensar, por un lado, que la gente es muy irresponsable porque tendría que ser más consciente, tendría que ser más activa a la hora de informarse, etc. Pero está claro que si se han pasado la vida escuchando que no pasa nada, que todo está controlado, que el peligro es casi inexistente, ahora, ¿qué quieres? ¿Que la gente tome conciencia de un día para otro? Esto requiere tiempo. 

Es cierto que parte del problema es que la gente ha asumido que la química no tiene riesgo o que si pasa algo será tan gordo que no merece la pena ni preocuparse. Pero es un problema ciudadano en parte generado por 60 años de decirle a la gente que no pasa nada.

Toni Orensanz: La gente ha asumido que la química no tiene riesgo o que si pasa algo será tan gordo que no merece la pena ni preocuparse

Un ejemplo de esta normalización es el Hard Rock, ahora que se habla tanto del tema. Se critica su modelo, que si creará ludopatía, que si la precariedad... Y olvidamos que este macrocomplejo turístico al lado del parque de atracciones del Port Aventura no se tiene que hacer básicamente porque está proyectado en una zona de riesgo químico.

Tanto la gente que vive como las administraciones, ¿han olvidado que la industria química es peligrosa?

T.O.: Sí. Por un lado, se tiene que tener en cuenta que la industria petroquímica ha sido el gran amigo americano y que ha hecho una política de responsabilidad social muy generosa. Esta gente ha dado dinero a entidades culturales y deportivas, entidades vecinales… Estar bien con las químicas te beneficia. Pero, por otro lado, hay una falta de responsabilidad por parte de las administraciones a la hora de tomarse seriamente el riesgo químico que realmente existe. En 60 años no se ha hecho nunca un estudio de calidad del aire ni un estudio epidemiológico serio sobre los riesgos de la industria petroquímica en Tarragona.

La explosión de Iqoxe fue un punto de inflexión, pero ¿realmente se han producido cambios a raíz del incidente?

T.O.: En cuanto a estudios sobre la calidad del aire o sobre cómo afecta la actividad química a la salud de las personas, cinco años después, continuamos igual. Ahora bien, Protección Civil se ha puesto las pilas y ha hecho los deberes, con más o menos velocidad, pero lo está haciendo. En este caso, el accidente fue un punto de inflexión porque falló todo. El sistema de alertas por el móvil se empieza a extender a raíz de la explosión, se han hecho más simulacros que nunca, han puesto más sirenas, hacen reuniones con las entidades vecinales, con más o menos éxito, porque la implicación de la ciudadanía requiere un trabajo más profundo. Protección Civil ha tenido una visión crítica sobre cómo actuó. 

¿Y la industria?

R.M.: La industria controla de manera oficiosa los compuestos que hay dentro de la empresa porque en principio tiene que proteger a sus trabajadores. Pero lo que pasa en el interior de la planta se queda en el interior, y cuando se ha producido alguna fuga cuesta mucho que lo comuniquen a las autoridades competentes. 

T.O.: Las químicas no tienen ninguna obligación de comunicar a las autoridades qué compuesto están haciendo en cada momento. Este es el problema.

R.M.: Nosotros siempre ponemos el foco en el regulador porque al final las empresas tienen las licencias autorizadas y ellos lo que quieren es sacar el máximo rendimiento. Hay una doble regulación: la laboral, donde hay unos límites de emisiones y unos equipos de seguridad, y la medioambiental, que está dejada de la mano de Dios porque tenemos muy pocos compuestos regulados y sobre todo mesurados.

¿No se mesuran las sustancias que se tendrían que mesurar?

T.O.: Por un lado, están los compuestos que no se mesuran, y por otro lado, hay que preguntarse cómo se mesuran, que siempre es a partir de unos parámetros que se consideran de emergencia, y no ambiental. 

R.M.: Los nuevos sensores que ha instalado la Generalitat para detectar automáticamente sustancias muy peligrosas mesuran el óxido de etileno, una materia prima que elabora Iqoxe y que es fundamental para la industria química. El problema es que los aparatos no mesuran por debajo de una cantidad que ya se considera peligrosa o aceptable para la salud de las personas, según la normativa de los Estados Unidos.

T.O.: Una de las trampas o errores es que una sustancia contaminante de este tipo no te puede matar de golpe, pero estar expuesto a pequeñas cantidades durante un periodo prolongado de tiempo puede afectar a tu salud. El óxido de etileno es una de las sustancias más susceptibles de provocar cáncer, según la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. El debate no es si la química tiene que marcharse o no. El debate es la regulación. La Administración tiene que controlar más y mejor la actividad química. Tiene que velar más por los intereses de la ciudadanía.

Orensanz: El debate no es si la química tiene que marcharse o no. El debate es la regulación

La Administración no ha hecho nunca un estudio epidemiológico independiente para saber qué efectos tiene la industria sobre la salud de las personas que viven a su alrededor. ¿Hay autocensura o miedo?

R.M.: Es un miedo que se ha autogenerado la misma Administración, que tendría que poner sobre la mesa un estudio epidemiológico, pero no lo hace porque ya sospecha que el resultado podría ser escandaloso. En los años 80 se estuvo muy cerca de hacer uno, pero al final no se hizo porque las administraciones se desentendieron de la iniciativa.

T.O.: El libro hace una revisión histórica del papel de la industria desde que llegó y cómo ha actuado la Administración para fiscalizarla, y una de las conclusiones es que en los años 70 y 80, políticos, científicos y entidades vecinales eran más críticos y reclamaban más controles que hoy.

Otro tópico de la petroquímica es que da trabajo a mucha gente de Tarragona. ¿Este tópico ha empezado a tambalearse en estos últimos años o a raíz del accidente?

R.M.: No. Al contrario. Es muy difícil que algún trabajador quiera hablar aunque haya visto cosas. La industria petroquímica está blindada por esta autocensura propia y por la protección de las administraciones. No hay esta conciencia. De hecho, las concentraciones después del accidente de Iqoxe no fueron masivas. Las voces críticas y las movilizaciones se han ido diluyendo con el paso de los años. En los años 80 había unas movilizaciones bestiales, y esto ha desaparecido.

Rafa Marrasé: La industria petroquímica está blindada por esta autocensura propia y por la protección de las administraciones

Pero la explosión levantó una oleada de críticas entre las personas que viven en torno a la industria. ¿Qué queda de aquella indignación?

R.M.: No queda nada. De hecho, la misma noche ya se dijo que no pasaba nada. El mismo conseller de Interior, Miquel Buch, hizo un tuit diciendo que era seguro salir a la calle, pero que mejor nos quedáramos en casa. Y lo cierto es que todavía no se sabe la toxicidad del aire del día del accidente porque no se mesuró. Y si volviera a pasar hoy tampoco lo sabríamos, porque los sensores de emergencia no lo podrían mesurar salvo que fueran grandes cantidades. 

Se ha impuesto el relato de la industria. Aparte del caso de Iqoxe, en el libro también explicamos otros casos de accidentes, como la fuga de la empresa Asesa de Tarragona, dedicada a los hidrocarburos, en el año 2022. El mal olor de nafta llegó al Maresme. Yo que vivo en Tarragona tuve que estar una semana con las ventanas cerradas. Cuando tuvimos la oportunidad de investigar el accidente resulta que la Generalitat tardó 16 horas en enviar equipos de medición. La Fiscalía hizo una investigación y la cerró enseguida diciendo que no tenía constancia de ningún afectado. Y resulta que el Departament de Salut envió un informe diciendo que 90 personas, solo de la ciudad de Tarragona, tuvieron que ir a un CAP por inhalación de nafta.

Hace cinco años la gente del Camp no sabía qué tenía que hacer en caso de accidente químico. ¿Esto ha cambiado?

R.M. / T.O.: Queremos pensar que sí. Como mínimo sonarían las alarmas, que todavía no entendemos como no sonaron aquel día teniendo en cuenta la empresa que era y el producto que fabricaba. Al menos alguien se confinaría en casa. Es cierto que el día de Iqoxe nadie sabía qué hacer, pero que hoy alguien diga que si estalla algo no sabe qué hacer, nos cuesta creer porque Protección Civil ha hecho mucho trabajo didáctico.

El juicio de la causa principal todavía está pendiente. ¿Por qué se ha alargado tanto?

R.M.: Cinco años son muchos, pero tenemos que tener en cuenta que la instrucción se cerró en 2023. Es complicado. La investigación policial es muy buena, pero hay que tener en cuenta que se están procesando a personas que en aquel momento no estaban en la fábrica: José Luís Morlanes, exdirector general de IQOXE; Juan Manuel Rodríguez Prats, exdirector de planta; y Gerard Adrio, responsable de seguridad cuando se produjo la explosión. Y el auto del juez es muy contundente en este sentido: el accidente es una consecuencia de las malas políticas de la empresa en materia de seguridad. Lo que sería un escándalo es que pasaran cinco años más y todavía no hubiera fecha de juicio.