El inescrutable camino de las clarisas de Belorado: de los bombones de mojito a abandonar la Iglesia

Las monjas clarisas asentadas en Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia), famosas por sus bombones de mojito, han decidido abandonar la Iglesia católica para pasar a la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un religioso excomulgado en 2019 por el Vaticano y fundador de la llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, asociación religiosa que no está en comunión con Roma. De hecho, las religiosas, de la orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, han presentado un documento donde reniegan de Francisco y de sus predecesores hasta Pío XII, fallecido en 1958.

El origen de este llamativo conflicto es la prohibición del Vaticano a las monjas para que vendan un convento. Las monjas clarisas denuncian que sufren "una persecución" por parte de "superiores, pastores, hermanas y sacerdotes". En el comunicado que han hecho público, las religiosas critican la decisión de Roma de "bloquear" su solicitud para poder vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio, en Bizkaia. Con el dinero de la venta de este inmueble, las monjas clarisas de Belorado querían comprar el monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa. 

La compra del monasterio de Orduña se firmó en octubre de 2020, por un importe de 1,2 millones de euros y una demora de dos años. En dicho acto de compraventa se aportaron 100.000 euros y las monjas clarisas se comprometieron a realizar pagos semestrales de 75.000 euros. 

El primer pago debía realizarse el 1 de noviembre de 2022, pero nunca se efectuó. Tras no conseguir el permiso del Vaticano para vender el inmueble de Derio, la madre abadesa sor Isabel de la Trinidad aseguró el pasado marzo que un benefactor compraría y pondría a su nombre el monasterio de Orduña. Según este acuerdo, la comunidad de Belorado tendría el permiso del benefactor para usar este inmueble hasta que consiguiese los fondos procedentes de la venta en Derio y pudiera recomprarlo.

Sin embargo, la operación no se llegó a cerrar ante las dudas de la Diócesis de Vitoria sobre la identidad del comprador interpuesto, lo que motivó la rescisión del acuerdo de compraventa.

Desde la comunidad de Belorado se pidió entonces una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas en el monasterio de Orduña, una reclamación que está actualmente en los tribunales.

En el comunicado, las clarisas de Belorado sostienen que las propiedades deben de ser "muy golosas" para algunos, porque son el telón de fondo de artimañas que aseguran que han sufrido en los últimos años, que califican de modus operandi para desmontar comunidades "de línea tradicional" y quedarse con sus inmuebles para venderlos. 

Los arzobispados, sorprendidos

En un comunicado conjunto, el Obispado de Vitoria y el Arzobispado de Burgos muestran su sorpresa por el anuncio de las monjas de Belorado. Los representantes oficiales de la Iglesia aseguran que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre la decisión de las religiosas y rechazan las acusaciones de las clarisas. 

El Obispado de Vitoria y el Arzobispado de Burgos han puesto estos hechos en conocimiento de la Santa Sede. También han informado de ello al Nuncio Apostólico, al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y a los obispos de Vitoria y de Bilbao, de manera que procederán según las indicaciones de la Santa Sede.

De hecho, Iceta, arzobispo de Burgos, ha asegurado que su intención es hablar con la abadesa, que no ha atendido hasta ahora sus llamadas telefónicas.

Iceta incluso ha pedido a los fieles que se abstengan de participar en ningún acto litúrgico en los monasterios de Santa Clara de Belorado y Orduña y ha advertido de que si las religiosas confirman su decisión de abandonar la disciplina de la Iglesia podrían ser acusadas de un delito de cisma, que podría ser sancionado con la excomunión.

Respecto a la licencia de venta del monasterio de Derio —propiedad de las clarisas de Belorado desde abril de 2013 cuya comunidad fue trasladada al monasterio de Orduña el 28 de octubre de 2020—, los representantes de la Iglesia recuerdan que ni es competencia del Arzobispo de Burgos ni de la presidenta federal. Además, ni en el Arzobispado de Burgos ni en el Obispado de Bilbao se ha recibido ninguna comunicación ni petición a este respecto.

Añaden que ni los "pastores" (término genérico utilizado por el comunicado de las religiosas) ni la presidenta federal son competentes para impedir los pagos ni para rescindir el contrato de compraventa, que es competencia de las partes contractuales.