Un informe afirma que una hidroeléctrica ordenó el asesinato de Berta Cáceres

El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que ella se oponía, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, alertó un informe internacional.

El crimen de Cáceres "fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia" de la ambientalista y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), destaca el informe. Los empleados de DESA actuaron en "alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado (de Honduras)", añade.

El documento titulado Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres fue presentado este martes en Tegucigalpa por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE), creado en noviembre de 2016 para apoyar la investigación del crimen de Cáceres, en un evento al que asistieron Berta Flores, madre de la líder indígena, y tres de sus cuatro hijos: Berta, Laura y Olivia Zúñiga.

El informe confirma las denuncias sobre la autoría del crimen hechas desde su muerte por su familia, que exigió castigo. Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la dirigente ambientalista, dijo a Efe que para su familia "no es una sorpresa" lo que señala el informe. "Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de ese lugar (de la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), siempre hemos pedido una investigación", señaló la joven, que asistió a la presentación del informe junto a dos de sus hermanas y su abuela, Berta Flores.

Destacó que el informe revela "una evidencia tan clara que demuestra la participación de cada uno y describe el modus operandi de directivos de la empresa articulados con funcionarios del Estado" en el crimen de su madre.

Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cargo que ahora ocupa su hija Berta, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, no de gravedad. 

Hasta ahora hay ocho personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto.

La hija de Cáceres dijo que espera que las autoridades hondureñas procedan con "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" porque, según el informe internacional, "hay suficiente pruebas para hacer ya mismo detenciones".

Destacó que su familia ha reclamado "la responsabilidad" del Estado hondureño por no haber protegido a su madre, quien gozaba desde 2009 de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de haber denunciado amenazas de DESA por haber encabezado movilizaciones contra la construcción de una hidroeléctrica. "Hemos reclamado la responsabilidad del Estado por el deber de protección, ella tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se ejecutará el crimen", subrayó.

El Ministerio Público de Honduras "no ha tenido la voluntad de hacer justicia completa y, por contrario, ha tratado de encubrir a los poderosos involucrados", dijo en su discurso Berta Flores, madre de Cáceres.

Denunció que el poder político de su país "interfiere para proteger la autoría intelectual de este repudiable crimen", y exigió que "se capture y castigue con todo el peso de la ley a los asesinos de mi hija".

El crimen de Cáceres no es un hecho "casual", sino el resultado de una "planificación" de ejecutivos de DESA, responsable de la hidroeléctrica Agua Zarca, dijo el abogado guatemalteco Miguel Ángel Urbina, miembro de GAIPE. Urbina indicó que, según el análisis de GAIPE, uno de los detenidos, identificado como Emerson Duarte, a quien las autoridades le decomisaron un revólver con el que habría sido asesinada la ambientalista, "no tiene ninguna vinculación" con el crimen.

El GAIPE considera que la investigación realizada hasta ahora por el Ministerio Público ha sido "insuficiente e incompleta", pues "aún falta identificar la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato". "Es más, a la luz de lo observado en las audiencias y de la información que consta en el expediente judicial, surgen varias preocupaciones que podrían provocar que el proceso de búsqueda de verdad y justicia corra un elevado riesgo de tornarse infructuoso", destaca el documento.