Un informe de Consumo constata que topar el precio de los alojamientos durante las emergencias es una medida eficaz

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado que la aprobación de un tope de precios en hoteles de 14 municipios de Andalucía y Extremadura como medida excepcional ante situaciones de catástrofe ha funcionado y ha evitado situaciones de precios abusivos.

Un informe de este ministerio ha llevado a cabo una vigilancia de mercado desde el 18 de febrero, fecha en la que el Gobierno procedió a la intervención temporal de los precios de los servicios de alojamiento en 14 municipios afectados por la borrasca Leonardo, a fin de prevenir el encarecimiento especulativo de hospedajes en localidades como Grazalema y Jerez, en la provincia de Cádiz, o Ronda (Málaga).

Una semana antes, el 10 de febrero, el Consejo de Ministros había aprobado un real decreto-ley para topar los precios y evitar abusos a los consumidores en situaciones de emergencias.

El informe de Consumo ha confirmado que la norma ha funcionado y se ha garantizado que el acceso a servicios básicos de alojamiento no se haya visto comprometido por los algoritmos de las plataformas digitales ante incrementos súbitos de la demanda en poblaciones vulnerables o desalojadas.

De hecho, el informe identifica la norma como una herramienta eficaz para frenar las subidas automáticas de precios en las grandes plataformas de reserva online, especialmente en contextos en los que los sistemas de precios pueden reaccionar al alza ante picos de demanda.

Según el ministerio, el Gobierno ha actuado basándose en experiencias previas, como las ocurridas tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde se registraron incrementos significativos tanto en servicios de alojamiento como en alternativas de transporte al tren comercializadas a través de canales digitales.

Solo en el último año se han dado varias situaciones similares, como las denuncias por el aumento del precio de los VTC en el apagón del 28 de abril o el aumento de precio de los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios en esta comunidad el pasado verano.

El informe también constata que en esta semana no se ha hecho ninguna reclamación formal ni se han notificado incidencias por posibles incumplimientos de la norma ni al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ni a ninguna de las instituciones competentes.

Esta ausencia de quejas oficiales, subraya el informe, apunta al compromiso de los operadores del sector con la estabilidad de los precios durante el periodo de emergencia.

También recuerda que cualquier persona que haya pagado un precio por encima de los límites legales establecidos en la normativa tiene derecho a que se le devuelva la diferencia de forma íntegra. Además se puede solicitar el reembolso directamente en el propio establecimiento.

En caso de que el local comercial se niegue a realizar el abono, la persona afectada puede presentar una reclamación oficial ante las autoridades de Consumo.

Este jueves se vota en el Congreso la convalidación de la norma. El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que la medida de tope de precios temporal en situaciones extraordinarias aprobada por el Gobierno y pendiente de ratificación en la Cámara Baja "no beneficia a ningún partido, pero sí protege a los vecinos y vecinas cuando llega lo inesperado".