El Ministerio del Interior ha cerrado de forma oficial el Centro deInternamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, una instalación de carácter policial no penitenciaria creada en 2003 para alojar a los migrantes que llegaban a las Islas Canarias y que estaba vacío desde el año 2012, pese a que sigue generando gastos a la Administración, en concreto unos cuatro millones de euros en total.

De acuerdo a la Orden INT/675/2018, de 25 de junio que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cierre se explica atendiendo a "la situación que presenta" el CIE de Fuerteventura, que "dada su antigüedad y pese a las continuas obras de reparación, adaptación y mejora que se han ido realizando, presenta unas instalaciones que no se adecuan a la vigente normativa", por lo que "procede acordar su supresión definitiva".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya avanzó el pasado martes 19 de junio en su primera sesión de Control al Gobierno en el Senado su intención de cerrar el CIE de Fuerteventura, tras valorar la situación y "atendiendo al número de migrantes que llegan a Canarias" y las "previsiones" para estos años, pues, según afirmó entonces, no iba a ser "necesaria la utilización" de esta instalación habida cuenta de que Canarias cuenta con otros dos centros, el de Barranco Seco (Gran Canaria) y el de Hoya Fría (Tenerife).

En aquel momento, Grande-Marlaska dijo que la decisión estaba tomada a falta "del informe previo del ministerio de Hacienda". "Una vez nos conste, se cerrará administrativa y operativamente", señaló.

La mayoría de los internos del CIE no son expulsados

Durante 2017, un total de 8.837 migrantes pasaron por alguno de los siete centros policiales de carácter penitenciario diseñados para ejecutar la expulsión del territorio nacional de quienes llegan a España de forma irregular. De ellos, el 65,5% son puestos en libertad, según los datos oficiales recogidos por Europa Press.

Concretamente, 5.796 personas recluidas en los CIE el año pasado no fueron expulsadas ante la imposibilidad de ejecutar la orden de devolución a sus países de origen.

El desconocimiento de la procedencia en el plazo de 60 días en que se puede mantener privada de libertad a una persona en un centro de estas características es una de las causas de la puesta e libertad junto con la falta de un convenio entre España y el país de origen o que la persona recluida se halle en una situación vulnerable.

Es tendencia en los últimos años que sean más las personas que acaban liberadas tras pasar por un CIE que quienes resultan expulsadas desde allí. En el año 2015, por ejemplo, se expulsó a cuatro de cada diez extranjeros retenidos, cuando en 2013 eran el 47% los que quedaban en libertad.