@e_bayona

ZARAGOZA .— La Policía investiga a la cúpula del arzobispado de Zaragoza por un asunto de espionaje del que fue víctima, presuntamente, una notaria destinada en uno de los tribunales de esa diócesis. Fuentes policiales confirmaron el inicio de las pesquisas, asignadas por el juez a la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, y que incluirán, entre otras diligencias, el interrogatorio de algunos de los denunciados. Entre ellos se encuentran el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, y varios miembros de su curia.

La denuncia que originó la causa, admitida a trámite por un juzgado zaragozano, narra cómo varias conversaciones de la línea privada de Whatsapp de la notaria, M. C. A., fueron aportadas como prueba contra ella en un proceso canónico tras haber sido extraídas del ordenador que la funcionaria diocesana utilizaba en su puesto de trabajo, en el que tenía instalada la versión para ordenador de esta aplicación de mensajería.

La acusación mantiene que el volcado de esas conversaciones desde el ordenador sin el consentimiento de su titular, del que da fe la causa canónica, puede suponer un delito de descubrimiento y revelación de secretos.  El Código Penal asigna condenas de hasta siete años de prisión a los delincuentes que cometen este tipo de delitos cuando su conducta se ve agravada por una componente ideológica o de creencias.

Lucha de poder en el arzobispado

Este nuevo proceso judicial se enmarca en la tormentosa lucha de poder que desde hace años libran en el arzobispado de Zaragoza el sector aperturista, liderado por el emérito Elías Yanes, con el que se alineaban la notaria y otros cargos cesados y despedidos, y el bloque conservador que encabezaba el cesado Manuel Ureña, apoyado por grupos como el Opus Dei, y con el que se vincula a Jiménez y al grueso de su curia. Esos conflictos tuvieron uno de sus puntos álgidos en el cese, por orden del Vaticano, del arzobispo Manuel Ureña tras llegar a Roma varios informes que ponían en tela de juicio su gestión al frente de la sede episcopal.

De confirmarse, los responsables se enfrentarían a una pena de hasta siete años de prisión por un delito de revelación de secretos 

Su relevo, ejecutado de manera fulminante en noviembre de 2014 —la Congregación de Obispos ni siquiera realizó la tradicional consulta de una terna entre los prelados españoles—, se produjo después de que algunos de esos informes apuntaran sospechas sobre su supuesta tolerancia con prácticas homosexuales entre los sacerdotes y llamaran la atención sobre el creciente peso del llamado lobby colombiano, integrado por una treintena de curas de ese país.

También llamaron la atención de Roma algunos datos del capítulo de personal, como la indemnización de 60.000 euros libres de impuestos que recibió en 2014 un diácono que no llegó a ser ordenado, o la designación de un falso cura al que la licencia pastoral le había sido retirada años antes en Colombia como promotor de justicia —un híbrido a medio camino entre el fiscal y el abogado del Estado— en uno de los tribunales diocesanos.

Ureña presentó su salida de Zaragoza como una renuncia por motivos de salud, aunque lo hizo con una contradictoria declaración con la que él mismo se puso en evidencia: “físicamente no me encuentro mal”.

Una caja de ahorros con “pauta de silencio corporativo”

Jiménez cesó a M. C. A. poco después de tomar posesión del arzobispado —la sede reconoció el despido como improcedente—, dentro de una purga que también dejó sin destino a buena parte de los curas de origen iberoamericano llegados a la diócesis en la etapa de Ureña, la mayoría de ellos seleccionados por el falso cura, y que incluyó el cambio de los responsables del seminario.

El despido de M. C. A. se vio seguido de la dimisión de A. M. y a R. F., dos sacerdotes del sector renovador. Los tres eran, para el sector conservador, sospechosos de haber participado en las maniobras que llevaron al cese de Ureña y en la elaboración de alguno de los informes que llegaron al Vaticano.

El cese de Ureña fue ejecutado pocas semanas después de que una comisión de investigación de las Cortes de Aragón dictaminara algunos aspectos poco ortodoxos en la gestión de la CAI (Caja de Ahorros de la Inmaculada, absorbida por Ibercaja), supervisada por la archidiócesis por su origen católico.

Los diputados detectaron en la caja una “pauta de silencio corporativo” que hacía que las denuncias sobre supuestas irregularidades acabaran perdiéndose en una maraña burocrática.