La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA ha acordado la citación, en calidad de testigos, de los escoltas y el chófer que estuvieron al servicio de Carlos Mazón el día de la DANA, concretamente entre las 15.00 y las 21.00 horas.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, primero se ha solicitado la identificación de estas personas y posteriormente su citación.

La magistrada considera necesario saber si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La instructora cree que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la declaración de la periodista Maribel Vilaplana que comió el 29 de octubre de 2024 con el president valenciano.

En el auto publicado este viernes, la jueza señala como "hecho indiscutible" la "voluntad" de Salomé Pradas "de mantener contacto con el presidente de la Generalitat".

"Este punto lo refrenda el acta notarial aportada por la defensa de Pradas, que establece cuatro categorías en las llamadas, partiendo, no solo de sus manifestaciones, sino también del cotejo con las que constan en el teléfono y las subsiguientes impresiones de las llamadas", apunta.

Así, en el acta notarial se señala que se recogen las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Pradas y se especifica: "Con indicación de día (29 de octubre de 2024), horas, si es entrante o saliente, duración, si es cancelada (no se pudo realizar la conexión) o perdida (no se respondió)."

Para la jueza, el hecho de que fuera la propia Pradas quien optara voluntariamente por cancelar las llamadas "no se desprende en modo alguno del acta y lo que es igualmente relevante, una de las dos últimas llamadas canceladas, la de las 19.10, se produjo precisamente en un intervalo temporal de 37 minutos (entre las 18.57 y las 19.34 horas) sin ningún tipo de comunicación del president con ninguna persona".

"Llamada cancelada y verificada en el acta notarial durante dicho periodo, lo que puede derivar igualmente de que el teléfono esté apagado, o de que el teléfono esté en modo avión o de que el contacto hubiera sido bloqueado por el receptor. No hay constancia de ninguna imposibilidad técnica para efectuar las llamadas entre el presidente y quien fue su consellera", apostilla.

Asimismo, según se continúa señalando en la resolución, a las 19.34 horas se reanudó la comunicación del president, pero no con Salomé Pradas, "quien efectuó una llamada a las 19.36 horas, pero en el listado de llamadas está cancelada, en definitiva, que no pudo tampoco realizar la conexión".

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EFE / Público

A su vez, la magistrada indica que, "a medida que avanzaban las horas, la necesidad de actuación se habría convertido en más imperiosa para Pradas, dado el largo tiempo en la toma de decisión de la alerta, y el mismo criterio ha de aplicarse respecto de la voluntad de contactar con el presidente, lo que efectivamente no pudo realizarse hasta en tres ocasiones".