Una protesta laboral en una sede de la Junta de Andalucía ha acabado en un juicio en el que este jueves se piden más de cinco años de prisión.

Eso es lo que solicita inicialmente la Administración andaluza, como acusación particular, para una limpiadora que protestaba por haber sido despedida; su hermana, que es portavoz de una asociación de defensa de Las Kellys; y el secretario provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Granada. La Fiscalía, en cambio, rebaja la petición de pena a 15 meses, al estimar únicamente un delito de desórdenes públicos.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2020, diez días antes de que España se confinara con un estado de emergencia a causa de la pandemia del covid.

Un grupo de manifestantes se había concentrado delante de la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración en Granada, departamento de la Junta dirigido por Ciudadanos desde 2019 hasta que el PP se hizo con la mayoría absoluta en 2023. Protestaban por el despido de Vanesa Sánchez, después de haber estado 11 años trabajando en sucesivas empresas subcontratadas para el servicio de limpieza de esa delegación.

No era la primera manifestación, ya que desde hacía más de un año se concentraban todos los viernes para exigir la readmisión de la trabajadora despedida; delegada sindical, además, del SAT en la empresa.

Pero ese día, hartos de que el delegado territorial de la Junta, Gustavo Adolfo Rodríguez, no les recibiese para tratar de solucionar el conflicto, varios manifestantes entraron en el edificio y subieron hasta la tercera planta, la de Dirección.

Lo que ocurrió en esa planta es lo que llevó a la Junta a elevar una denuncia ante el juzgado y a calificar los hechos con una gravedad inusitada, tratándose de una protesta sindical.

A su entender, concurrieron hasta cuatro delitos: coacciones, amenazas, allanamiento y contra el orden público; lo que el fiscal limita a uno solo, el de desórdenes públicos, mientras la defensa considera que no se cometió ninguno y todo transcurrió de forma pacífica, con el despliegue de una pancarta contra el despido de la limpiadora.

En su escrito de acusación, la Junta dice que los cuatro acusados -uno de ellos falleció el año pasado- formaban parte de "un grupúsculo de personas" que ese día "no se limitaron a gritar reiteradamente soflamas en contra del delegado territorial, al que llegaron a insultar", sino que "accedieron de forma violenta al edificio", "generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación".

A continuación, la letrada de la Administración andaluza detalla que los manifestantes "se encararon" con personal funcionario, "interrumpieron gravemente el ejercicio de sus funciones", revolvieron documentación y objetos, desplegaron una pancarta "reivindicativa visible desde el exterior del edificio", grabaron vídeos, tomaron fotos y luego "se jactaron en redes sociales" de su acción de protesta.

Sin embargo, la propia Junta reconoce en su escrito de acusación que en las diligencias practicadas no quedó acreditado que se hubiesen producido daños ni materiales ni a las personas que se encontraban en ese momento en la delegación territorial, por lo que no solicita una responsabilidad civil a los acusados.

La Fiscalía, en cambio, resume en dos párrafos lo ocurrido y lo considera únicamente constitutivo de un delito de desórdenes públicos, por lo que solicita un año y tres meses de prisión para cada acusado. Curiosamente, tanto el escrito de acusación del Ministerio Público como el de la Junta sitúan por error el día de los hechos en el 4 de marzo de 2021, un año después de sucedidos.

“Yo no he matado ni robado a nadie”

A Vanesa Sánchez, simplemente le parece "una barbaridad" lo que pide la Junta para ella, trabajadora de la limpieza de 41 años, con dos hijas a su cargo y que ahora trabaja en cuatro empresas para conseguir 40 horas a la semana y un sueldo con el que sacar adelante a su familia.

"Yo no he matado a nadie, ni he robado ni he roto nada. Solo he reivindicado mi puesto de trabajo", dice a Público un día antes de sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una condena que le metería en prisión durante cinco años y tres meses.

Su relato de lo que pasó aquel 4 de marzo de hace cuatro años es completamente diferente al que refiere la Junta en su escrito de acusación. Coinciden en que un grupo de personas subió a la planta donde se encuentra el despacho del delegado, en que se sacó una pancarta, pero no en las formas, porque, según ella, todo transcurrió de forma pacífica.

Es más, asegura que ni siquiera la Policía que se personó en la delegación les pidió la documentación, que únicamente les sugirió que se quedasen dos personas para solicitar por escrito en el registro oficial una reunión con el delegado y que el resto saliera del edificio.

Lo de la identificación también es importante, porque Vanesa Sánchez asegura que otra de las acusadas, su hermana María José, que es portavoz de la Unión Kellys de Granada por la defensa de los derechos de las camareras de piso, no estaba allí ese día, "estaba trabajando en un hotel". La conocían porque había participado en muchas de las concentraciones semanales que hicieron para protestar por su despido, pero a esa no acudió, afirma Vanesa.

El tercer acusado en el juicio, el secretario provincial del SAT, Néstor Salvador Galindo, también califica de "barbaridad" la petición de pena que ha hecho la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta, además, la actitud que tuvo la policía aquel día. "¿Por qué no nos detuvieron si estaban en la delegación? Lo único que nos dijeron es que no podíamos estar tanta gente allí dentro y que solo fuéramos dos personas a registrar la petición de una reunión con el delegado", explica a este periódico.

El caso llegará al Parlamento Europeo

Galindo sostiene que la acusación de la Junta constituye un "caso flagrante de represión sindical", un asunto que, asegura, van a trasladar a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo como un caso de vulneración de la normativa comunitaria sobre derechos sindicales.

"Hemos tenido otros casos de represión, pero no tan bestia como éste. Lo que hicimos en la delegación de la Junta forma parte de la normalidad en una lucha sindical, en un conflicto laboral. Y ni siquiera fue un encierro, únicamente hubo ocho personas que desplegaron una pancarta para pedir una reunión al delegado", señala el responsable del SAT.

Sánchez ganaba 700 euros por un trabajo de 21 horas semanales en la empresa Rydalca, subcontratada por la Junta de Andalucía para encargarse de la limpieza de la Delegación Territorial de Turismo de Granada. Ella denunció ante Inspección de Trabajo que le estaban pagando menos de lo que correspondía y luego, cuando el servicio se subcontrató a otra empresa, la única de las 70 trabajadoras de la plantilla que no fue subrogada fue, precisamente, ella.

"Es un calvario lo de las subcontratas. Tienes que estar todos los meses mirando la nómina para ver que no te falta dinero", afirma Sánchez, quien opina que el juicio al que se enfrenta este jueves tiene un objetivo claro: "yo pienso que es una manera de callar a la gente para que no denuncie, para que no ponga demandas en Inspección".

El proceso judicial con una elevada petición de pena de prisión ha afectado, además, a la salud de esta trabajadora, que padece una enfermedad congénita que le ha dañado seriamente el corazón y le ha causado un 33% de discapacidad. Ya tenía esta enfermedad antes, pero, según ella, se le ha agravado a causa del estrés que le ha supuesto verse acusada por unos delitos tan graves, y ahora necesita ansiolíticos para dormir.

"Estuve cinco días en la UCI, llevo ya siete operaciones, tengo un desfibrilador implantado, y este estrés me pone fatal. Me baja el potasio y me puede causar una muerte súbita", se lamenta Sánchez.

Hasta ahora, lo único que ha ganado esta trabajadora con este caso es la indemnización que tuvo que pagarle la empresa para la que trabajaba por el despido improcedente que determinó un juzgado de lo social.

CCOO ha emitido un comunicado este miércoles en el que critica la petición de cárcel que hace la Junta para "intentar amordazar a los sindicalistas que luchan y defienden a sus compañeras y compañeros”. Este sindicato considera que las administraciones públicas "no debieran despilfarrar dinero público, pretendiendo silenciar protestas sindicales" y que, en lugar de eso, deberían invertirlo en mejorar las condiciones de los pliegos de licitación de los servicios externalizados para que las empresas adjudicatarias cumplan los convenios colectivos".

NOTA: El juicio ha sido finalmente aplazado en la mañana de este jueves debido a la incomparecencia de testigos de la acusación particular y de uno de los acusados, que ha alegado que ha habido un defecto en la citación judicial que se le trasladó para comunicarle la celebración de la vista oral. El juicio se ha señalado ahora para el 6 de junio en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada.