Albert TióUno de los líderes más activos de las asociaciones de cannabis de España, a las puertas de la cárcel

El movimiento cannábico en España ha salido en tromba en las redes sociales a pedir el indulto para uno de sus referentes, Albert Tió, que en breve deberá entrar en prisión para cumplir una condena de 5 años por una intervención de marihuana que hicieron en 2014 en la asociación de usuarios de la que era secretario en Barcelona. Como presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (Fedcac), Tió fue uno de los promotores de la iniciativa popular que dio origen a la ley de clubes de cannabis que aprobó el Parlamento catalán en 2017, declarada posteriormente inconstitucional por invasión de competencias estatales.

Su asociación, Airam, era una de las más grandes de Barcelona, la ciudad española con más clubes de usuarios de cannabis, capital además de la comunidad autónoma que aglutina a cerca de la mitad de las casi 2.000 entidades de este tipo que hay en todo el país. La de Albert Tió llegó a tener 4.000 socios y el 4 de febrero de 2014 los Mossos d’Esquadra intervinieron en una nave de L’Hospitalet de Llobregat las plantas con las que se abastecía la asociación.

Como resultado de aquella operación, Tió y otros dos directivos de Airam fueron condenados por delitos contra la salud pública y asociación ilícita, primero por la Audiencia Provincial de Barcelona y luego por el Tribunal Supremo. Él ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero, a falta aún de respuesta, la cuenta atrás ha comenzado y a partir de este jueves podrá ser enviado a prisión en cualquier momento.

A este veterano activista por la regulación del cannabis la amenaza cierta de entrar en prisión le coge con 53 años, dos hijos de 5 y 4 y una hija de 16. "La situación es dramática, después de haber estado años sufriendo por este tema", dice. Porque no sólo es la cárcel. Tió también tiene que hacer frente al pago de cuantiosas multas y cumplir un servicio en favor de la comunidad como pena alternativa por otras condenas resultantes de aquellas intervenciones policiales en su asociación.

Pero todo el peso de la ley que ha caído sobre él quizás no hubiera sido tal si estuviera en vigor la Ley de Asociaciones de Consumidores de Cannabis de Catalunya, tumbada en septiembre de 2018 por el Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella ley, considerada como una de las más vanguardistas de Europa en la materia, que permitía una producción de hasta 150 kilos de marihuana por año y asociación, tuvo como uno de sus principales promotores a Albert Tió, quien a través de la Fedcac lideró junto a Catfac la plataforma que presentó la iniciativa legislativa popular para su aprobación en el Parlament.

El Constitucional consideró que el cannabis, aunque contiene elementos susceptibles de una aplicación terapéutica, es una sustancia calificada como estupefaciente y, por tanto, competencia en materia penal reservada al Gobierno central, que aún no ha aprobado ninguna ley reguladora sobre la marihuana. "Con aquella ley, la situación sería diferente ahora –asegura Tió-, porque legitimaba el funcionamiento de las asociaciones cannábicas", regulando las condiciones de consumo, la salud, la protección de los menores y la reducción de daños por su uso.

Sin embargo, ese activismo en primera línea es el que precisamente cree Tió que ha podido jugar en su contra. Aparte de la dimensión mayor o menor de los cultivos para el suministro de la asociación, de la ausencia de regulación sobre los clubes de usuarios, de los errores administrativos que ellos hubieran podido cometer en su gestión, él piensa que haber estado "sobreexpuesto" tanto a nivel personal como colectivo ha podido perjudicarle en el procedimiento judicial, convirtiéndose en una "cabeza de turco" que le puede llevar a la cárcel en los próximos días, una condena, a su juicio, absolutamente despropor-cionada.

Duro golpe para el movimiento cannábico

Eric Asensio, responsable de Catfac, la otra organización catalana impulsora de la ley de asociaciones cannábicas, advierte de que el encarcelamiento de Tió significaría un "duro impacto" para todo el sector, porque supondría la primera entrada en prisión de los responsables de una entidad que sí ha demostrado haber tenido un funcionamiento según los principios que deben de regir este movimiento asociativo y no otros, como ocurre con algunos clubes.

A juicio de Asensio, esta condena supone un claro retroceso legal para un modelo asociativo que sigue siendo perseguido penalmente, como ya le ocurrió hace unos meses a Fernanda de la Figuera, la conocida como 'abuela marihuana' (), mientras desde el poder ejecutivo y legislativo continúa sin emprenderse ningún tipo de marco regulativo sobre el cultivo y uso del cannabis en España.

Fernanda de la Figuera, de 76 años, la activista más veterana por la regularización del cannabis en España, fue condenada el pasado mes de diciembre a nueve meses de prisión por un cultivo de plantas de marihuana en 2014, en una finca de Málaga, que iba destinado a una asociación de mujeres con fines terapéuticos y medicinales. Aquel juicio movilizó a todo el movimiento asociativo cannábico en defensa de la 'abuela marihuana', indignado con una petición de condena del fiscal que se elevaba a cuatro años de prisión.

Las organizaciones cannábicas de todo el país han vuelto ahora a movilizarse en una campaña en las redes sociales para apoyar la petición de indulto a Albert Tió. "Cada vez son más los países donde se regula el cultivo y consumo de cannabis, pero en España se mete en la cárcel a activistas como Albert Tió. Si no lo impedimos, entrará en prisión en las próximas semanas. Apoya su indulto y una regulación"; "lo quieren condenar por su activismo" y "no se puede permitir que nadie vaya a prisión por pertenecer a la junta de una asociación" son algunos de los mensajes difundidos en una ofensiva en la que han participado decenas de entidades.

Héctor Brotons, cuyo bufete se encarga de la defensa de Tió, considera que la entrada en prisión de este veterano activista constituiría una "injusticia" con él y con el proyecto de autoorganización del consumo de cannabis que representaba, muy alejado del tráfico de drogas que se tipifica como delito en el Código Penal. Según el letrado, en este caso se han vulnerado derechos fundamentales que deberían de ser valorados por el Tribunal Constitucional en el recurso que está pendiente de una admisión a trámite que tan sólo ocurre en el uno por ciento de los recursos presentados.