@e_bayona


ZARAGOZA .- Se necesitan 550 millones de euros, y un mínimo de 25 años de trabajo, para descontaminar el mayor foco de residuos tóxicos del sur de Europa: las 120.000 toneladas de residuos de lindano que la empresa Inquinosa enterró durante años en los vertederos de Bailín y Sardas, en el Pirineo oscense, y en las instalaciones de la fábrica que explotó hasta finales de los años 80 en Sabiñánigo (Huesca).

Esa es la estimación que recoge el Plan Estratégico de Lucha Integral contra este foco de contaminación que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, remitió a las Cortes autonómicas este jueves, 25 años después de que la propia comunidad declarara “urgente” acometer este problema.

En ese cuarto de siglo, el principal hito de este asunto han sido las obras de desmantelamiento del viejo vertedero de Bailín para confinar sus residuos en una nueva celda de seguridad, actuación que hace dos años extendió la contaminación por lindano por todo el cauce del Gállego y la mitad del Ebro –llegó a 300 kilómetros, en Tarragona-, dejó a miles de personas sin agua de boca, mantiene en vilo a buena parte del regadío aragonés por el riesgo para sus cultivos y ha dado lugar a una causa penal con 14 imputados por delito ambiental.

Según ha podido saber Público, los directores facultativos de la obra, J. F. C. y J. C. R. C., han admitido ante el juez que “estos problemas eran previsibles en parte”, que “podrían haberse adoptado más medidas” y que el propio proyecto reconocía que “no se sabe la situación del vertedero” sobre el que, con la supervisión de la comunidad, trabajaba una filial de FCC. La Guardia Civil sostiene que los vertidos se debieron a una retahíla de irregularidades en las obras que el Gobierno de Aragón toleró.

El desmantelamiento del antiguo vertedero de lindano de Bailín generó vertidos de lindano en los ríos Gállego y Ebro a más de 300 kilómetros de distancia.

Un plan sin solución técnica previa

Los residuos de HCH procedentes de la fabricación del pesticida lindano que Inquinosa enterró entre 1974 y 1989 en esa zona del Pirineo, con el visto bueno inicial de las autoridades locales y autonómicas, han provocado un grave episodio de contaminación crónica en la cuenca del Gállego, cuyos acuíferos acumulan al menos 4.000 toneladas de lixiviados al tiempo que las filtraciones convertían en una bomba de relojería el embalse de Sabiñánigo, en el que se acumulan hasta 17 tipos de residuos químicos y que queda fuera del plan integral.

“Por cada kilo de lindano se producían diez de residuos peligrosos”, señala el documento, que cifra por encima de las 150.000 toneladas el volumen de desechos.

La solución, sin embargo, se antoja lejana, ya que el propio plan admite que “en la actualidad no existe tecnología económica y socialmente viable para la eliminación de los volúmenes de residuos existentes en los vertederos de Sardas y Bailín”, a los que se suman los de la fábrica abandonada de Inquinosa, para cuya demolición esperan tener autorización judicial el próximo año.

Olona presentó ese hándicap como una oportunidad. “La destrucción total de los residuos es el reto que trasladamos a la comunidad científica. Queremos hacer atractivo este problema para las empresas”, dijo.

“El problema no es la financiación sino hallar las soluciones”

Y ocurre algo similar con la financiación. “Nunca vamos a tener los 550 millones en la mesa. No cabe pensarlo”, admitió, antes de anotar que “el problema no es la financiación, sino hallar las soluciones” para eliminar el lindano. “No hay tecnología capaz de destruir estos residuos sin generar un problema mayor”, añadió.

Mientras llegan los fondos –la inversión de la comunidad alcanza los 54 millones desde 1992- y los técnicos diseñan las soluciones la actuación de la comunidad se centrará, según explicó la directora general de Sostenibilidad, Sandra Ortega, en evitar la dispersión de los contaminantes –y especialmente su afección al abastecimiento de agua potable en la ribera del Gállego-, priorizar la “descontaminación in situ” –separar los desechos químicos de la tierra-, confinar los residuos, descontaminar suelos y restaurarlos mediante procesos de biorremediación.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, sostiene que el Gobierno español y la UE son ya conscientes de la gravedad de los vertidos de lindano.

Olona reclamó la implicación del Ministerio de Medio Ambiente y de la UE, que hace unos meses decidieron aplazar hasta 2027 la restauración ambiental del río Gállego y, en el caso del departamento de Isabel García Tejerina, limitar a 16,8 millones las aportaciones para los próximos cinco años. Sin embargo, ambos habrían cambiado de posición, según Olona, que apuntó que “no se tenía una auténtica percepción de la importancia del problema” y que “si hemos dado un paso importante ha sido situar el problema en su dimensión”.

El consejero, por último, anunció el proyecto de crear en Sabiñánigo un centro de investigación de COP (Contaminantes Orgánicos Persistentes).