La lucha de los vecinos de Cáceres contra la mina de litio continúa: "La Junta le sigue el juego a la promotora"
La Plataforma Salvemos La Montaña afirma que hay una ley "contraria al proyecto" y que planea recurrir los pasos que ha dado la Junta de Extremadura a favor de la empresa promotora en estos casi ocho años.

Madrid--Actualizado a
Los vecinos de Cáceres llevan casi ocho años luchando para frenar el proyecto de construcción de una mina de litio en el paraje de Valdeflores, a menos de dos kilómetros de la zona urbana de la ciudad. La empresa promotora del proyecto Extremadura New Energies (ENE), matriz de la australiana Infinity Lithium, promete que esta explotación será el segundo motor de litio más grande de la Unión Europea. Pero los vecinos siguen clamando por la protección de su montaña: "Todas las actividades extractivas están prohibidas en ese suelo", afirma a Público un miembro de la Plataforma Salvemos La Montaña.
Desde que en 2015 se iniciaran los contactos con el Ayuntamiento para promover el proyecto, las asociaciones ecologistas y vecinos han visto una clara sintonía entre el consistorio y la empresa. Dos años después, el Ayuntamiento publicó el permiso de investigación que le había sido concedido a Extremadura New Energies. Y desde entonces, la lucha no ha cesado. Cualquier visitante que vaya a Cáceres se encuentra con carteles en los balcones con el lema "No a la mina. Salvemos la montaña".
Desde Ecologistas en Acción, Julio César Pintos denuncia a Público que los permisos de investigación que se han concedido son ilegales, puesto que está prohibido construir a menos de dos kilómetros de la ciudad.
La idea inicial del proyecto era una mina a cielo abierto, pero gracias a las reivindicaciones de los colectivos afectados se consiguió que se modificara hacia una mina subterránea. Este nuevo plan promete ser supuestamente menos contaminante, pero seguiría construyéndose en una sierra "prácticamente sagrada en Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad", según destaca María Eugenia Rodríguez Palop, exeurodiputada, a este diario.
La Plataforma Salvemos La Montaña está segura de que este cambio en el proyecto se debe a "una estrategia para continuar con ello", al no ser la primera vez que la Junta lo favorece. Pero desde la promotora argumentan que la modificación se realiza para no perjudicar a la superficie de la zona, al ser masas forestales, según comenta el miembro de esta plataforma.
Por otro lado, recientemente, la empresa promotora ha anunciado que renunciaba a la subvención de 18,82 millones de euros que había sido aprobada a finales de 2023. ENE argumentó que los plazos que tenían ya no se ajustaban al "nuevo escenario" administrativo que se les presentaba, puesto que la Junta les reclamó documentación necesaria para el proyecto.
Ante esta renuncia, Salvemos la Montaña respondió reclamando a ENE la devolución de los 3,74 millones de euros de ayudas que les fueron adelantados.
La mina "no es viable" a nivel financiero
El año pasado, la promotora pidió un permiso de concesión directa de explotación para el que se necesita asegurar que el proyecto es viable a nivel técnico y financiero. Sin embargo, el litio ha reducido en el último año su precio de mercado más de un 80%, lo que significa que no hay una rentabilidad asegurada y que la mina "no es viable" a nivel económico, como aseguran desde Salvemos La Montaña.
Para pedir dicho permiso, la empresa está utilizando datos que se obtuvieron en aquella primera investigación que fue ilegal, donde "el Ayuntamiento de Cáceres incluso precintó las obras y multó a la empresa por haberse sobrepasado con el permiso que tenían", según explica el miembro de Salvemos La Montaña.
Además, para aportar la documentación que se le reclama a la empresa, la Junta le ha concedido un plazo de seis meses, a diferencia de los diez días de plazo para subsanar documentación establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo. "A ellos les dan un plazo de seis meses para ayudarles a ver si el panorama del mercado del litio cambia", sentencia el miembro de la Plataforma.
La Junta de Extremadura les está "siguiendo el juego"
"Lo que está haciendo es seguirles el juego", destacan desde Salvemos la Montaña. Tanto Salvemos La Montaña como Ecologistas en Acción coinciden en que la Junta se ha inclinado a favor de la mina en todo momento y le recriminan la continuación del proyecto, a pesar de las ilegalidades y reivindicaciones de estos años.
Pintos –de Ecologistas en Acción– apunta que "se le ven bastante las intenciones a la Junta de Extremadura" y critica su gestión, asegurando que se han establecido legislaciones "para favorecer a las minas". Ellos aún confían en el poder judicial y prevén recurrir en los tribunales "todo lo que quiera aprobarse por lo administrativo".
Otro punto que parece deducir la posición de la Junta es la declaración del proyecto de interés regional, ya que le "facilita los trámites" a la promotora, según explican desde Salvemos La Montaña. "Utilizan esa retórica de que todo es estratégico y que vamos a salvar Europa gracias a esta mina, y la realidad a nivel local es muy diferente", añaden.
La supuesta rentabilidad laboral del proyecto
Desde el comienzo del asunto, se prometían más de 300 puestos de trabajo nuevos con la construcción de la mina, pero Salvemos La Montaña asegura que "no hay ninguna mina metálica donde haya más de 60 o 70 trabajadores".
Rodríguez Palop coincide, explicando que los puestos que se generarían serían escasos, inestables y precarios, además de que "la mayor parte de estas empresas acaban importando mano de obra cualificada de los países de los que procede el capital", que, en este caso, sería Australia.
El proyecto "supone un desplazamiento de poblaciones"
Rodríguez Palop asegura que este tipo de proyectos suponen "prácticamente un desplazamiento o vaciamiento de poblaciones que, ya de por sí, están muy despobladas", por la gran cantidad de agua que demanda una mina, perjudicando, sobre todo, terrenos dedicados al abastecimiento de comida y bebida a la población, como es el caso.
La empresa promotora se defiende argumentando que solo usarían el agua que emane de la construcción o aguas residuales depuradas, algo que "no pueden demostrar", según Salvemos La Montaña.
"Hay que decrecer en el uso de energía"
Pintos asegura que el sector minero presenta el conflicto de que "puede ayudar al cambio climático, pero perjudica otros aspectos, como el agua o la biodiversidad". El miembro de Ecologistas en Acción defiende un modelo de vida más eficiente, en el que "hay que decrecer en el uso de energía y usar el transporte público".
Además, critica la posición de la sociedad española respecto a la crisis climática, influida por "el negacionismo de la derecha". También explica que, desde Ecologistas en Acción, han analizado el uso del transporte público y han observado que han aumentado los ciudadanos que lo usan, pero "no ha disminuido el dióxido de carbono, por lo que la situación es la misma".
Por otro lado, la opinión de Rodríguez Palop también es clara: "O se apuesta por la autonomía energética o por la alimentaria o se intentan hacer compatibles". Ella se inclina por "consumir menos de ambas cosas" y por que la población siga manteniendo su estilo de vida por encima de la escasez "provocada por el cambio climático y, en parte, por la concentración de la riqueza en manos de unos pocos".
También, desde Salvemos La Montaña esperan que este tipo de proyectos frenen y "que sea algo más sensato", porque si no el no haber reciclado el litio durante años supondrá un problema.
El futuro del proyecto
El papel actual de la Plataforma Salvemos La Montaña es recurrir todos los trámites que se han realizado y han beneficiado a la empresa promotora del proyecto, debido a "apoyos claros" del Ayuntamiento de Cáceres.
Sin embargo, afirman que "la ley es contraria al proyecto" y que es lo que les ha ayudado a llevar casi ocho años frenándolo. Desde esta plataforma añaden que "hay mucha presión" al haber sido declarado el litio mineral estratégico por parte de la OTAN y lamentan que tendrán que seguir luchando "durante mucho tiempo" para conseguir impedir este proyecto.
Este medio ha intentado contactar con Extremadura New Energies y con Tirso Leal, concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres, de los que no ha obtenido respuesta.


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