Luno es un perro que llegó a España el pasado 14 de marzo con su dueña desde Costa Rica. Pero se le negó la entrada en el país por no llevar microchip. La mascota lleva retenida desde entonces en el aeropuerto de Barajas.

PACMA explicó este lunes que las autoridades competentes le comunicaron a la dueña la propuesta de sacrificar al perro, ante lo cual el Partido animalista ha emprendido acciones legales para evitarlo. Actualmente, las autoridades insisten en deportarlo, pero no hay nadie que pudiera recogerlo en el país de origen. Por su parte, AENA asegura que "no es el aeropuerto el que tramita o realiza este tipo de trámites, ni el control aduanero de animales".

El problema viene porque el microchip no es obligatorio en muchos países de América Latina, incluido Costa Rica, pero sí en el estado español. Por esto, la aduana cuestiona que la cartilla sanitaria sea realmente de Luno, aunque la dueña apunta que "es un perro sano y con cartilla sanitaria actualizada y completa".

PACMA denuncia que el Ministerio de Agricultura y la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control de Fronteras no están "aplicando la legislación", según ha comunicado a este diario. "No es que exista un vacío legal, sino que ya existe un reglamento que contempla las posibles soluciones para cuando pasan estas cosas."

Existen protocolos para que el perro pueda quedarse en España

Fuentes del partido también han añadido que se pueden llevar a cabo los protocolos de protección antirrábica y la inserción del microchip para que se pueda quedar en España. Además, también han apuntado que ni la restricción ni el sacrificio son opciones amparadas legalmente.

Las necesidades básicas del animal están siendo atendidas por el personal del aeropuerto, pero, según PACMA, "se encuentra aislado como la mercancía y sin contacto con su titular o ninguna otra persona conocida".

Equipo legal

Los servicios legales de PACMA continúan a la espera de una respuesta por el recurso presentado. Mónica Olivares, colaboradora del equipo legal del partido, es quien está llevando el caso junto a Tamara Díaz.

Olivares también es representante de la Asociación para la Gestión Ética y Responsable de Animales Abandonados (AGERAA). Por su parte, Díaz tiene experiencia en un caso similar que se dio en el aeropuerto del Prat.