Diez años de lucha ecologista contra una incineradora de residuos en una comarca de Lleida
El Grupo Griñó, investigado por presunto tráfico ilegal de basura procedente de Italia, es uno de los impulsores de la polémica planta Nova Tracjusa de Juneda, que trataría 45.000 toneladas anuales de residuos urbanos para obtener gas.
Barcelona-
En septiembre de 2016, el Ateneu Popular Garriguenc vio nacer una plataforma opositora a la instalación de una incineradora de residuos urbanos en el municipio de Juneda, en Lleida, concretamente dentro del recinto de la actual planta de purines de Tracjusa. Diez años después de aquella primera reunión, entidades ecologistas y más de 20 municipios de las Garrigues continúan en pie de guerra contra la polémica planta Nova Tracjusa. Un proyecto que, a pesar de tener desde hace muy poco todos los permisos para salir adelante, ha generado mucha controversia en el territorio.
El último paso administrativo pendiente para la ejecución del proyecto era la licencia de obras, un permiso que el Ayuntamiento de Juneda otorgó el pasado mes de marzo al GAP (Gestió Agroramadera de Ponent), la cooperativa de 160 ganaderos de la comarca. La entidad impulsa el proyecto en alianza con el Grupo Griñó, una empresa que está siendo investigada por posible tráfico ilegal de basura procedente de Italia tras una operación destapada por la Guardia Civil.
Los opositores al proyecto ya han puesto en marcha diferentes iniciativas para paralizarlo. Por un lado, la plataforma Aturem la Incineradora de Juneda impugnará esta licencia de obras para conseguir la suspensión cautelar. "Se ha creado un grupo de trabajo que está estudiando la impugnación de esta licencia de obras. Al ser un acto administrativo como tal, las partes interesadas pueden ejercer su capacidad de presentar un recurso de reposición", explica el portavoz de la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural (Ipcena), Joan Vázquez.
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El colectivo considera que la licencia se ha concedido "sin las garantías legales suficientes". La plataforma critica que el Ayuntamiento de Juneda no haya tenido en consideración que medio millar de profesionales del ámbito de la salud de Ponent y la Conca de Barberà que han suscrito un manifiesto en el que se muestran preocupados por el impacto del proyecto sobre la salud de las personas.
Temen un empeoramiento de la calidad del aire
La polémica planta Nova Tracjusa está proyectada dentro del recinto de la planta de purines de Tracjusa, que a día de hoy todavía trata excedentes de purines a través de la cogeneración, un sistema que utiliza gas natural para evaporar el agua de los purines. A finales de este año, la planta dejará de recibir las subvenciones del Govern, haciendo que el proyecto sea económicamente inviable. Para mantener en funcionamiento la planta, los ganaderos han apostado por la reconversión de esta a través de un sistema nuevo, el de la gasificación. Se trata de producir vapor a partir de los combustibles derivados de residuos (CDR), residuos principalmente urbanos que no pueden ser reciclados y que proveería el Grupo Griñó.
El calor que producirá la planta de gasificación permitirá secar los purines para convertirlos en fertilizantes. A los opositores les preocupa tanto las emisiones que generará esta planta como el efecto que tendrá sobre la calidad del aire en una zona expuesta a nieblas persistentes durante el invierno, que hacen que compuestos y partículas queden atrapados cerca del suelo.
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El GAP asegura que las emisiones de CO₂ se reducirán en un 80% con la gasificación, pero el manifiesto firmado por medio millar de profesionales del ámbito de la salud de la zona alerta que los productos resultantes de la incineración contienen partículas en suspensión, muchas de ellas de medida muy pequeña (ultrafinas) que pasan fácilmente a los pulmones, desde donde se absorben a la sangre. Alertan de que son tóxicos y tienen efectos cancerígenos, incluso a bajas concentraciones, a causa de la bioacumulación.
Vázquez recuerda que en 2030 tiene que entrar en vigor una directiva europea de mejora de la calidad del aire que reduce, de entrada, las emisiones a un 50%. En este sentido, insta a la Generalitat a "revisar las autorizaciones ambientales para comprobar si las industrias cumplen con las nuevas reducciones". "El Govern tiene que controlar la cantidad de tonelaje que se quema en estas industrias y qué se tendría que quemar en un año, dos o tres, progresivamente, para que puedan cumplir las diferentes reducciones que hay a la vista", apunta.
El Grupo Griñó, salpicado por tráfico ilegal de residuos
Una de las principales preocupaciones del territorio es la entrada del Grupo Griñó, bajo investigación judicial por presunto tráfico ilegal de residuos con una organización criminal internacional. De hecho, una docena de alcaldes de la comarca de las Garrigues —entre los cuales figuran los de Les Borges Blanques, l'Espluga Calba, Vinaixa, Els Torms y Arbeca— presentaron una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Lleida contra las empresas Tracjusa, Griñó Ecológico y GAP. Les preocupa el riesgo de que la gasificadora pueda ser utilizada para continuar con la presunta gestión ilegal de residuos investigada.
Los alcaldes también se muestran preocupados por la posible vulneración del principio de precaución y protección medioambiental y por las implicaciones para la seguridad jurídica, la transparencia en la gestión de residuos y la protección del medio ambiente y la salud pública de la comarca. Por todo ello, los denunciantes también piden a la Fiscalía la suspensión cautelar de la licencia de obras otorgada a Tracjusa o la adopción de medidas para investigar si la concesión de la licencia puede favorecer el uso fraudulento de la planta.
Vázquez denuncia "toda una serie de intereses que se han puesto de acuerdo en forma de trama, en la cual entra la política, la economía y la industria". "Ha habido una presión política por parte de los grupos económicos que impulsan la planta, y con la entrada del Grupo Griñó esta presión se ha intensificado", señala. Además, lamenta que el Govern haya puesto de director general de Desarrollo Rural —que se integra dentro del Departament de Agricultura—, a Ramon Armengol Torrent, que formó parte de GAP Cooperativa, de la cual el 50% es del Grupo Griñó.
Hace unos meses, la Guardia Civil desarticuló una organización internacional que se dedicaba a traficar ilícitamente con residuos y desechos procedentes de Italia. Según la Policía, la red ha abocado más de 40.000 toneladas de basura anuales en vertederos de los municipios de Lleida, Constantí y Riba-roja d'Ebre, y también a Almonacid del Marquesado, en Cuenca. De los 22 detenidos, que se habrían embolsado más de 19 millones, una quincena están vinculados al grupo Griñó.
Definir un modelo de territorio
La plataforma ecologista exige soluciones más sostenibles. Vázquez comenta que no piden el cierre de la planta. "No estamos en contra del tratamiento de purines. Proponemos que la planta aplique otras técnicas que ya se utilizan en todo el mundo. No es necesaria la incineración de residuos para el tratamiento de purines. Supone una amenaza", ha insistido Vázquez, que apuesta por sistemas de tratamiento mecánico o las plantas de biogás. "Todos ellos sin la necesidad de quemar o emitir nada", sentencia.
Más allá de este proyecto, el movimiento ecologista insta al Govern de Salvador Illa a definir su modelo de territorio. Teniendo en cuenta que las normativas prevén una reducción drástica de las emisiones de cara al 2030, Vázquez se ha referido a Nova Tracjusa como un proyecto "enquistado en el pasado".
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