El impulso europeo a la minería permite a España acelerar proyectos con una ley franquista
La UE agiliza los permisos para explotaciones mineras, reduciendo tiempos de evaluación ambiental. Expertos y ecologistas advierten que esta prisa podría incrementar los riesgos de contaminación.

Madrid--Actualizado a
Casi el 100% de los minerales críticos –como el cobalto, el litio, el cobre o el wolframio– que utiliza Europa proceden de terceros países, espacialmente de China. La Comisión Europea ha declarado estratégicos 47 proyectos de minería, siete de ellos en España, con la intención de evitar esta dependencia. Esta designación otorga una aceleración de los trámites, la posibilidad de recibir ayudas de Bruselas y un status prioritario en los procesos administrativos para reactivar los planes, algunos de ellos con multas millonarias por prácticas ilegales o controladas por empresarios vinculados a violaciones de derechos humanos.
Una de las minas es el complejo de Las Cruces, en Sevilla. La Fiscalía de Medio Ambiente condenó a tres de sus directivos en septiembre de 2016 por extraer millones de metros cúbicos de agua del acuífero Genera-Posadas, el cual abastece a la población sevillana en épocas de sequía. Así lo recuerda en declaraciones a Público Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos en Amigas de la Tierra. Además, la empresa también contaminó el acuífero con arsénico.
"¿Quiénes son los dueños de estas minas?", se pregunta Mario Rodríguez, director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de ECODES. Espinosa recuerda que en la mina de Aguablanca la empresa Denarius Metals tiene un 50% de la inversión. Su presidente ejecutivo es Serafino Iacono, fundador de la quebrada firma de hidrocarburos Pacific Rubiales. En el año 2013, un Tribunal Popular consideró culpable a la entidad de violar derechos humanos en Colombia. Entre las pruebas presentadas, hablaban de personas indígenas desplazadas, contaminación de agua potable y condiciones de trabajo deplorables.
La consideración de "estratégico" convierte a los minerales críticos en interés público, explica a este medio Cristóbal López, responsable de Comunicación y antes coordinador del área de Minería en Ecologistas en Acción. La aceleración de los trámites también implica que las evaluaciones ambientales se deben realizar con menos tiempo, en un momento, indica Espinosa, en el que los responsables de estos análisis se encuentran con los recursos mermados.
La ley de Minas, una norma franquista
El marco bajo el que se desarrollarán estos proyectos es una norma de la dictadura franquista: la ley de Minas de 1973. "No está adecuada a la política territorial de las autonomías", añade por su parte la de Amigas de la Tierra. Rodríguez, que considera el texto desfasado, recuerda que el Gobierno trató de actualizar el texto la legislatura pasada, pero no llegó a término. En el mandato actual es un objetivo prioritario, si bien todavía se mantiene la legislación de Franco.
Rodríguez cree que los planes de minería permiten dejar de externalizar el impacto ambiental de las demandas europeas. "No vale exportar los efectos negativos de nuestro modo de vida", subraya. Sin embargo, la "contribución real" de estos siete proyectos, así como del resto de planes en Europa, va a ser "muy reducida", declara a Público Mar Gónzalez, coportavoz de Verdes Equo. "Apenas se pretende cubrir el 10% de la demanda actual".
González también identifica el peligro de que este impulso redunde en una reactivación de la minería, incluso si no es para extraer materiales considerados estratégicos. La actual política europea "incrementa la presión sobre las comarcas rurales con mayor interés minero, casi siempre esgrimiendo como bandera el desarrollo económico y la creación de empleos en esas comarcas", critica. "Seguramente vamos a ver proyectos que ni siquiera lleguen a abrir sus puertas, promovidos por especuladores que surgen y desaparecen al calor de las ayudas europeas".
Alternativas al impulso minero
Expertos y activistas coinciden en que el apoyo a los proyectos de minería en Europa no va a reducirlos en el resto del mundo ni tampoco suministrarán los suficientes minerales para dejar de depender de terceros países. Espinosa recalca que el movimiento ecologista propone desde hace años alternativas a esta clase de estrategias, con la frustración de que estas sean desatendidas.
El directivo de ECODES destaca que en los planes de Bruselas las medidas de ahorro se encuentran "totalmente ausentes", así como la eliminación de la obsolescencia programada. "Si se amplía un año la vida útil de los móviles y la de los portátiles un año y medio, podríamos evitar la extracción de casi cinco toneladas de oro hasta 2040", subraya Espinosa por su parte.
La extracción de minerales críticos también irá dirigida, en gran medida, a suministrar los recursos para el desarrollo del vehículo eléctrico. No obstante, las voces ambientalistas abogan por fomentar alternativas de transporte público, ya que estas facilitan distribuir los materiales de tal manera que cubre las necesidades de movilidad de más personas con menos equipos.
Con el respaldo de Europa a la minería, activistas, expertos y políticos atienden con lupa el desarrollo de los proyectos venideros. Aunque lamentan que sus propuestas no sean escuchadas, mantienen firme su postura e insisten en las posibilidades de imaginar otros mundos posibles.
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