Más Madrid denuncia ante la Fiscalía a Ribera Salud y a la Comunidad por el caso del Hospital de Torrejón

Más Madrid ha pedido a la Fiscalía Provincial de Madrid que abra diligencias para investigar la polémica del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz y la gestión del grupo Ribera Salud y la Comunidad de Madrid.  

Así consta en un escrito remitido al Ministerio Fiscal en el que la formación regionalista traslada las noticias que se han ido publicando en prensa desde que se diera a conocer un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, afirmando que debía "desandar la senda" tomada en el Hospital de Torrejón para rebajar las listas de espera.

En el escrito remitido a la Fiscalía, Más Madrid cita la grabación publicada en la que se da la orden de buscar "la forma de incrementar el Ebitda, es decir los beneficios de la mercantil, aunque sea afectando a la calidad asistencial de la prestación sanitaria".

Y todo ello aunque, como recalca la formación política, en el contrato de cesión de la gestión destaca que el grupo Ribera Salud tiene "la obligación esencial de la concesionaria de mantener los niveles de calidad más altos que puedan exigirse a hospitales públicos de la misma categoría".

Recoge asimismo las informaciones del diario El País que señalan órdenes de atender a pacientes "cápita" -personas asignadas a este hospital- pero no hacerles cirugías, priorizar a "no cápita" rentables o suspender la atención de diálisis peritoneal "no cápita" por su coste.

Ante estas conductas, Más Madrid apunta a distintos delitos, siendo el primero de ellos contra los derechos fundamentales y libertades públicas al denegar la prestación de un servicio público, en este caso relativo a la protección de la salud. Plantean que hay un acto de discriminación de las personas en el acceso a la prestación sanitaria por su enfermedad u origen.

Delito de lesiones, administración desleal y malversación

También apuntan a un presunto delito de lesiones por las consecuencias de la negativa a atenderles y la "lesión imprudente que pudiera haber causado". También deslizan que podría haber habido un delito de administración desleal por parte de la empresa concesionaria que fue buscando "un beneficio económico" contrario a la prestación sanitaria del servicio.

En cuanto a la malversación impropia considera que podría aplicarse al percibir una "utilización del patrimonio público con ánimo de lucro" por parte de las personas encargadas de gestionar ese patrimonio. "Los fondos públicos se están gestionando no para la ejecución de la prestación encomendada sino para cumplir con el ánimo de lucro de la mercantil concesionaria", añaden.

Además, también apuntan a la Comunidad de Madrid por un delito de prevaricación por omisión. Creen que podría haber ocurrido porque "pese a conocer las situaciones o hechos contrarios al servicio o actuación pública" no adopta las medidas necesarias para impedir un daño o para que se de la prestación correcta del servicio.

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La formación considera que también podría ser achacable al Ejecutivo regional un delito de omisión del deber de perseguir los delitos que, presuntamente, entienden que podría haber cometido Ribera Salud.

En consecuencia, piden a Fiscalía que tome declaración a quienes toman decisiones en el Grupo Ribera Salud y Torrejón Salud -especialmente a Pablo Gallart- y a los empleados que denunciaron las prácticas presuntamente ordenadas y fueron "despedidos de manera fulminante".

A renglón seguido, plantea que le pida a Ribera Salud toda la información mercantil y a la Consejería de Sanidad todas las medidas tomadas e inspecciones realizadas respecto al contrato de concesión de la gestión del Hospital de Torrejón desde, al menos el ejercicio 2022; y facilite toda la documentación al respecto.

La comunidad "permite abusos de Ribera Salud y Quirón"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha explicado que llevan a la Comunidad ante Fiscalía por "permitir lo abusos de Ribera Salud y Quirón".

Según la formación regionalista, los términos de contratación de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón y las instrucciones conocidas para "ahorrar costes y aumentar las listas de espera para proteger los beneficios" revelan "indicios de varios delitos". Entre ellos se incluye "el de discriminación en el acceso a un servicio público, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión de perseguir delitos".

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"Desde que Esperanza Aguirre introdujo la gestión privada en la sanidad pública madrileña, los gobiernos del Partido Popular se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud", ha planteado Bergerot.

Sostiene que esta situación "no solo debe tener una respuesta política" sino que "existe base suficiente para que se investigue en los juzgados". Argumenta que si cuando el CEO de Ribera Salud "ordena aumentar las listas de espera" el Gobierno no ve "ningún incumplimiento" es porque "el Gobierno de Ayuso tiene montado un sistema corrupto y delictivo para que unos pocos hagan dinero a costa de la salud de todos".

"Más Madrid va a perseguir la privatización sanitaria y el maltrato a la salud de los madrileños por todos los medios, incluidos los legales y hasta las últimas consecuencias", ha zanjado.