El 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles, burocratizados y poco accesibles durante el año de la pandemia, en el que se han mantenido las enormes diferencias entre comunidades en materia de protección social: Euskadi y Navarra tienen los mejores servicios, y Madrid, los peores. 

Así lo manifiesta el informe de la evaluación que realiza cada año la Asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales, con el análisis de los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas, muestra en general una "atención débil y burocratizada" de estos servicios, que atienden actualmente a ocho millones de personas en España.  

"Estamos hartos de ocurrencias y de soflamas de gobiernos que desconocen el sistema de los servicios sociales"

"Afrontamos la mayor crisis social de la historia, sin haber recuperado el gasto público desde la anterior crisis de 2008; en un momento crítico como el actual no se puede agudizar la inoperancia del sistema con farragosas trabas cuando más se necesita", ha aseverado el presidente de esta asociación estatal, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe. 

La investigación, realizada con datos oficiales facilitados por las comunidades, destaca, no obstante, la mejora de la puntuación en seis regiones en 2020 respecto a 2018 (en 2019 no pudo realizarse el estudio).

Se trata de la Comunidad Valenciana (suma 1,35 puntos), Navarra (0,75), Euskadi (0,75), Extremadura (0,55), Aragón (0,50) y Andalucía (0,35). 

Las 11 restantes, en las que viven 20 millones de personas, empeoran su resultado, especialmente Cantabria, que baja 0,55 puntos; Canarias (0,35), Catalunya (0,25), Galicia (0,25) y La Rioja (0,25).

Desde el notable Euskadi y Navarra, al 3 de Madrid

El informe radiografía "las extraordinarias diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia", ha lamentado Ramírez. 

"Pensábamos que con el ingreso mínimo se iban a atender a 800.000 personas y se van a quedar en 210.000"

Euskadi (7,95), Navarra (7,90) y Castilla y León (7,30) siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales; a la cola se sitúan la Comunidad de Madrid (3,20), Murcia (3,20) y Canarias (3,40).

El "Índice DEC 2020 (derechos economía coberturas)", que mide desde 2012 el desarrollo de la protección social en España, muestra esas grandes diferencias entre regiones, por ejemplo:

Gastar más no es hacerlo mejor 

"El éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las administraciones públicas, sino que una de las claves que puede explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales", ha explicado el coordinador el estudio, Gustavo García. 

Relacionado con la inversión y las coberturas, ha detallado, las comunidades "más ineficientes son Canarias, Extremadura y Asturias", porque, aunque tengan prestaciones más o menos altas, "no les luce", como a Galicia, Aragón y Castilla y León, que son las más eficientes, apunta.

El coordinador del estudio ha expresado su preocupación porque el 40% de las personas estén viviendo en comunidades con "servicios sociales débiles o irrelevantes", que deben responder las necesidades básicas durante "la mayor crisis no solo económica, sino social de la historia".

Ingreso mínimo vital, la esperanza que se marchita

"El éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico"

Para los responsables de servicios sociales, el ingreso mínimo vital (IMV) "era la gran esperanza que vemos se marchita, para el sector y de tantos cientos de miles de familias en situaciones de extrema precariedad"; ha perdido su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de incomprensibles requisitos, que hace que tres de cada cuatro solicitudes estén siendo rechazadas. 

"Tenemos una legislación que está provocando un sufrimiento a los más vulnerables", ha denunciado Ramírez, quien ha lamentado que el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, sea incapaz de cambiar un sistema "consumido por la burocracia", que no resuelve las necesidades de los ciudadanos. 

"Pensábamos que con el ingreso mínimo se iban a atender a 800.000 personas y se van a quedar en 210.000; no se va a gastar ni el 40% del presupuesto, vamos a devolver 2.000 millones por los trámites y la tozudez del ministro, que no entiende que es necesario salir de la pobreza y no caer en el precipicio de la exclusión social", ha añadido.

Ramírez ha lamentado que aunque se haya cambiado ya en cinco ocasiones el procedimiento del IMV siga valorando los ingresos del año 2019. "En ese momento, algunas personas tenían ingresos; no se enteran de que el problema ha sido en 2020". 

También, "la traición" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por hacer de policías del padrón, al encargarse de los certificados de vulnerabilidad que está colapsando el sistema". 

"Estamos hartos de ocurrencias y de soflamas de gobiernos que desconocen el sistema de los servicios sociales, que podrían estar dando cobertura a muchas personas y avanzando en derechos sociales, en lugar de la deriva asistencialista que se consolida, como las colas del hambre".