CEAR alerta de "graves retrocesos" en derechos humanos en la reforma de la ley de asilo
La organización critica que en el anteproyecto aprobado este martes por el Gobierno se incluyen "medidas más duras" que equipara con las "políticas más restrictivas" de otros países de la Unión Europea.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado de "graves retrocesos" en los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería aprobados por el Gobierno, que a su juicio ha optado por implementar "medidas más duras" de las que obliga la Unión Europea.
El Ejecutivo dio el martes luz verde a ambos anteproyectos, que inician ahora su tramitación y que deben ser aprobadas en las Cortes, para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en 2024. Los nuevos textos incluyen varias novedades, como los exámenes de algunas solicitudes en la frontera, antes de entrar al país, y un acortamiento de los plazos.
Una apuesta que, según advierte CEAR, no atiende las "reiteradas demandas de las organizaciones de derechos humanos que reclamaban un pacto centrado en las personas y sus derechos, sino todo lo contrario". La organización subraya, en este sentido, que se "ha optado por opciones más duras, en la línea de los países con políticas más restrictivas en la Unión Europea", subraya.
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Para la directora y el director general de CEAR, Mónica López y Mauricio Valiente, respectivamente, con el anteproyecto de ley de asilo, el Gobierno "plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional".
La organización ha pedido que el Gobierno retire esta propuesta y lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus demandas basadas en un refuerzo de las vías legales y seguras, como la posibilidad de solicitar el traslado desde embajadas y consulados para presentar la solicitud de asilo en España. También reivindicó que en la nueva ley quede claro que "la detención solo se utilice como último recurso", así como el principio de no devolución’ de la Convención de Ginebra, por el que una persona no puede ser devuelta a terceros países donde sus vidas y sus derechos no estén garantizados.
Para la organización, que se establezcan causas no obligatorias para aplicar el procedimiento fronterizo resulta menos garantista. También ha criticado la elaboración de listados nacionales de países seguros, así como excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, al ser medidas que los Estados miembro no están obligados a aplicar.
El anteproyecto, aprobado cuando se cumplen más de tres semanas de la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta, permite la extensión de las detenciones y de la privación de libertad, tanto durante el triaje (de 72 horas hasta siete días con autorización judicial), como durante el procedimiento fronterizo (de un máximo de ocho días pasaría a dos semanas), denuncia CEAR.
De acuerdo con la organización, la iniciativa dificultaría también la reagrupación familiar de las personas refugiadas al exigir requisitos económicos y de vivienda adecuada si se presenta la solicitud pasado un año. Esta nueva situación supone "enormes retrocesos en garantías fundamentales como la libertad de movimiento, la reagrupación familiar, el derecho a la información y no aborda el reconocimiento de las persona apátridas".
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