La Mina, el barrio barcelonés que sigue sin cicatrizar las heridas del abandono institucional

"Mira la Mina como cambia" es un eslogan que, si bien se podía leer en un gran cartel desde la ronda del Litoral hace más de una década, aún describiría la realidad actual. A pesar de haber experimentado una transformación urbanística significativa y haber dejado atrás parte de su aislamiento gracias a la conexión con el tranvía, este barrio de Sant Adrià de Besòs arrastra décadas de abandono institucional.

El retraso en la ejecución de proyectos clave como la demolición del edificio Venus, prevista desde 2001 y aplazada hasta 2030, ha generado una gran desconfianza en el vecindario con el paso del tiempo. "No nos creeremos nada hasta que veamos cambios radicales, no queremos más promesas incumplidas", afirma a Público el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Mina, Antonio Pinel.

El enésimo aplazamiento en la demolición del edificio Venus ha aumentado la desconfianza de los vecinos hacia las instituciones

La Mina ha vuelto a la agenda mediática este enero a raíz de un grave tiroteo entre dos familias presuntamente enfrentadas por el control del territorio y el tráfico de drogas. Afortunadamente, no hubo que lamentar ninguna víctima mortal, pero tras la alarma social, el Departament d'Interior se apresuró a reforzar el patrullaje en la zona. Un mes más tarde, en la visita de Público al barrio un jueves por la mañana, parece que la tranquilidad vuelve a reinar. No se ve a la Policía y las calles están prácticamente desiertas.

"Los vecinos no nos sentimos inseguros. Sabemos que hay cuatro o cinco familias conflictivas, pero la vida es normal. Esto que ha pasado es una salvajada. Solo queremos ser un barrio como cualquier otro y que la Policía haga su trabajo cuando toca. Los Mossos saben quién vende droga y no se ha hecho una actuación como en el Raval. Aquí no hay turismo como en Barcelona, que siempre tiene que estar bien guapa", continúa Pinel. A pesar de la sensación de abandono, el balance del dispositivo desplegado este enero ha dejado 11 detenidos y 127 personas identificadas con un total de 513 antecedentes, según los Mossos d'Esquadra.

La educación, clave para la transformación social

La directora del Institut Escola La Mina, Marta del Campo, también niega sentir miedo en su día a día, pero sí admite que la administración, especialmente la Generalitat de Catalunya, debería abordar "estas exhibiciones de poder". Con todo, Campo asegura que el suyo es un centro educativo "normal y corriente", que ya no sufre por el absentismo.

El Institut Escola La Mina nació con la fusión de la Escola Mediterrània y el Institut Fòrum 2004, a raíz de otro episodio violento en la zona en 2016. El edificio de primaria, ubicado en la rambla de la Mina, y el edificio del instituto, junto a la Escuela de Ingeniería de la UPC, se mantuvieron, pero se unificaron la dirección y el proyecto educativo. La mayor parte del alumnado forma parte de la comunidad gitana, que representa el 30% de la población del barrio.

"El absentismo era el gran estigma. Es verdad que hace años costaba mucho vincular a los niños y niñas con la escuela, especialmente en secundaria. Todo esto lo hemos ido cambiando y trabajando con el compromiso de los docentes, del equipo social, de las integradoras y los tutores, que se han volcado con las familias". Durante la visita al centro, la directora explica a Público los diversos proyectos que tienen en marcha, a la vez que afirma que se ha avanzado en la concepción de que "estudiar no apaya", es decir, que no elimina la identidad gitana y que proporciona herramientas para la vida.

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Pinel coincide en que la educación y los proyectos sociales son fundamentales para la transformación del barrio. Sin embargo, a diferencia de la directora, considera que la enseñanza impartida en el centro es "pobre". "El edificio Venus concentra el 90% de los problemas de la Mina, pero derribarlo no los solucionará si no se invierte en educación y en los problemas sociales", advierte el vicepresidente de la Asociación de Vecinos. Marta del Campo, por su parte, asegura que cuentan con suficientes recursos públicos para enseñar y mejorar las condiciones de educabilidad, es decir, el entorno del niño que favorece o dificulta su aprendizaje. Lo que sí reclama, sin embargo, son más recursos para la inclusión de alumnos que, por ejemplo, padecen autismo.

¿Qué pasa con el edificio Venus?

La semana pasada se confirmó el enésimo aplazamiento de la demolición del edificio Venus. Según el último Plan de Gestión aprobado en abril de 2024, debía derribarse en 2028, pero finalmente el proceso se alargará dos años más. El secretario general de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya y presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorci de la Mina, Raúl Moreno, asegura que ya están "en disposición en este primer trimestre de 2025 de arrancar la primera fase de realojo", pero que no es una tarea sencilla movilizar las 244 viviendas y 15 locales que hay en el inmueble.

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Moreno afirma a Público que se ha hecho un "trabajo interesante" en los últimos cinco años. Aun así, la administración quiere acelerarlo y prevé entregar próximamente las llaves de los pisos de protección adquiridos por el Consorci a una primera tanda de 14 familias. Esta maniobra permitirá tapiar las viviendas desalojadas poco a poco y empezar a hacer realidad, ahora sí, un compromiso anunciado hace casi tres décadas. En la primera fase, continúa, se intentará trasladar a las familias con un indicador de riesgo social más elevado o que tengan una especial urgencia debido a una situación de salud, discapacidad o vulnerabilidad muy grave.

"Las administraciones se dieron cuenta de que no actuar en el barrio significaba postergar una situación de gueto social. Hay familias en la Mina que, debido a su situación de vulnerabilidad, nunca han salido de allí. Se creó una zona realmente conflictiva, donde inicialmente había poca presencia policial, que ha ido aumentando. El Consorci lleva años invirtiendo en la transformación urbanística y social: en la fachada mar, por ejemplo, ya se han construido nuevas viviendas", añade.

Quieren construir un centro educativo, una guardería y dos edificios de viviendas de protección oficial

El secretario general de Drets Socials enumera las mejoras que se han consolidado en la zona ―la biblioteca, la fusión del Institut Escola, el Centro Internacional de Luchas Olímpicas o el nuevo CAP― y anuncia otras actuaciones previstas: "En el edificio Venus irá un centro educativo y, justo delante, se construirán 66 viviendas de protección oficial para los vecinos desalojados. Además, queremos hacer una remodelación integral del Casal Cívico de la Mina y crear una guardería". Se prevé terminar la redacción del proyecto del bloque de viviendas en verano y que las obras comiencen a principios de 2026.

En la segunda fase de realojo, la administración quiere construir un segundo edificio residencial, junto a la residencia universitaria. El número de pisos es aún "indeterminado" porque dependerá de los realojos pendientes al final del proceso. "Hay familias que, a pesar de las indemnizaciones y las facilidades, quizás no quieren irse del Venus inmediatamente y prefieren esperar a la segunda fase. También serán alrededor de 60 pisos y se podrá trasladar allí, incluso, la conselleria de Drets Socials", explica Moreno.

Paralelamente a toda esta planificación, también se ha puesto en marcha el decreto HAUS, que facilita las expropiaciones del edificio. Este modelo permite intercambiar un piso por otro con los mismos metros cuadrados sin tener que pagar nada. "Es una opción bien vista por muchos propietarios. La mayoría tienen alguna deuda pendiente, así que nosotros proponemos hacernos cargo de ella a cambio de obtener el 49% de la propiedad de la nueva vivienda", añade.

En este contexto, el Consorci recuerda que ha incrementado un 22% las indemnizaciones por expropiación. Si al principio oscilaban entre los 80.000 y los 99.000 euros, ahora son de entre 97.000 y 121.000 euros, en función de las habitaciones. También han aumentado las indemnizaciones por los gastos de traslado: de 600 u 800 euros, a 1.500 para todas las viviendas.

El compromiso de la Generalitat

"La Mina está como las administraciones quieren. Reclamamos los mismos derechos que otros barrios de Barcelona o de Sant Adrià de Besòs. Las obligaciones ya las tenemos. Urbanísticamente, van cambiando las cosas, pero hay que reforzar el aspecto social", reitera Pinel, que lucha diariamente por fortalecer el tejido asociativo de la zona. Su entidad ya está comenzando a preparar la Setmana Cultural de la Mina, que este año celebrará su 34ª edición.

La Generalitat destina dos millones de euros anuales a la promoción de proyectos sociales en la Mina

En este sentido, Moreno asegura que la Generalitat ya dedica dos millones anuales a la promoción de proyectos sociales, especialmente programas vinculados con la infancia y con la inserción laboral de mujeres y personas en riesgo de exclusión.

"Hay muchos programas sociales que están ayudando a cambiar las dinámicas internas del barrio. Hay un compromiso por parte de la Generalitat de Catalunya de acelerar la transformación. Creo que en pocos meses podremos dar mejores noticias sobre el aumento de inversiones y actuaciones en la Mina", concluye. Ahora solo queda por ver si estas promesas se materializan en hechos concretos o si, como tantas otras veces, se quedan en palabras vacías.