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El movimiento en defensa de la educación pública se moviliza contra Ayuso con tres días de huelga

Buena parte de la comunidad educativa lleva meses organizándose en los centros a través de más de 60 asambleas celebradas en los barrios y pueblos madrileños para poner sobre la mesa la degradación del sistema educativo público.

Varias personas durante una manifestación por una educación pública y de calidad, a 27 de febrero de 2024, en Madrid (España).
Varias personas durante una manifestación por una educación pública y de calidad, a 27 de febrero de 2024, en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

La lucha popular ha vuelto a inundar las calles madrileñas. Tras más de 60 asambleas, profesoras y familias se han unido para salir a defender la educación pública en el territorio, con tres días de huelga que han arrancado este 27 de febrero.

La triple jornada de paros comenzaron el martes, con decenas de piquetes informativos, repartidos en los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid, y se extenderá hasta el jueves. Al estilo de las organizaciones en defensa de la sanidad pública, la comunidad educativa busca poner sobre la mesa la paulatina degradación de la enseñanza pública, uno de los pilares del sistema del bienestar y democrático.

La movilización ha sido convocada por la asamblea Menos Lectivas, con el apoyo de los sindicatos CGT Enseñanza Madrid, STEM y CNT Educación Pública CM. Profesoras y maestras llevan años advirtiendo del perjuicio que supone mantener el aumento de las horas lectivas aprobado en 2012, tras los brutales recortes derivados de las políticas de austeridad consecuencia de la gran recesión de 2007. De hecho, desde la asamblea lo consideran "el recorte más lesivo de los realizados", al suponer "no sólo sobrecarga horaria sino el despido de miles de trabajadoras".

La comunidad docente reclama más tiempo para actividades complementarias al hecho de impartir clase y la reducción de las tareas burocráticas. La atención personalizada a los alumnos y a las familias en forma de tutorías, la preparación del temario y otras actividades del estilo, aseguran, son una parte fundamental del ejercicio de la docencia.

Por ello, el pasado mes de diciembre entregaron al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso más de 14.000 firmas en papel para pedir "las mismas condiciones que el resto de docentes del Estado: 18 horas lectivas en Secundaria y23 en Primaria". Pero ninguna de estas reivindicaciones ha sido satisfecha.

En estos momentos, lo que está sobre la mesa sectorial de Personal Docente no Universitario de la Comunidad de Madrid es un acuerdo que deja fuera al profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial. Mientras que respecto a Secundaria se plantea reducir las horas lectivas hasta 19, una medida que los convocantes de este movimiento consideran insuficiente. 

Los sindicatos contabilizaron este martes que hasta 5.000 docentes de 150 centros escolares de toda la región habían secundado el paro en el primer día de convocatoria, pese a los servicios mínimos del 50% impuestos por la Consejería de Educación. Un amplio seguimiento que se ha materializado en las grandes concentraciones que tuvieron lugar en las principales entradas de la capital y en la manifestación que recorrió algunas de sus arterias centrales hasta llegar a la Puerta del Sol.

Reducir las ratios y acabar con la segregación escolar

Otro de los graves problemas que repercuten en la calidad educativa, aseguran desde Menos Lectivas, es la ratio real de alumnado por aula. En este sentido, la asamblea plantea que se ajusten a las necesidades educativas de los estudiantes "para garantizar la atención a la diversidad". "Esta reducción de ratios debe incluir la recuperación de las ratios previas a la Resolución 254 en Aulas TEA y la disminución drástica del número de alumnas por orientadora", añade la organización.  

Asimismo, señalan –entre las anomalías que se viven en el sector educativo madrileño– los bajos salarios en comparación con el resto de comunidades y reclaman su equiparación. También ponen el foco en la creciente segregación escolar en la región, advertida incluso por UNICEF en 2022, y las carencias de las infraestructuras.

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