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El movimiento de insumisión que llevó a cientos de jóvenes a prisión está de aniversario

Se cumplen 30 años de la primera presentación de insumisos en los juzgados que originó la entrada en prisión de hasta 1.500 jóvenes antimilitaristas que se negaban a hacer la mili y la prestación social sustitutoria, el mayor movimiento de desobediencia civil de este país.

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Manifestación de objetores de conciencia frente a la Capitanía General de Sevilla en 1990.

Fue, nunca mejor dicho, una lucha sin cuartel, tenaz, aunque nadie levantara una mano, tirara una piedra, quemara un contenedor. Fue una lucha que llevó a prisión a cientos de jóvenes españoles que incumplieron la ley a conciencia en la mayor campaña de desobediencia civil de este país y de las más importantes que se hayan llevado a cabo en Europa. Su bandera era la no violencia, su objetivo, la desaparición del servicio militar obligatorio, a corto plazo, y la de los ejércitos y la violencia, a otro mucho más largo. El primero, lo consiguieron. El segundo, todavía es una quimera.

Se cumple ahora, en 2019, el 30 aniversario del comienzo de la campaña del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) de insumisión al servicio militar y a la Prestación Social Sustitutoria (PSS), creada para quienes rechazaban ir a un cuartel por razones éticas. Entre febrero y junio de 1989, se presentaron de forma voluntaria ante los jueces de diferentes capitales españolas cerca de 200 jóvenes que se negaban a hacer ninguno de los dos servicios que estaban obligados a realizar sólo los hombres al cumplir los 19 años, bajo pena de cárcel de un mínimo de dos años, cuatro meses y un día, si no lo hacían. Esos 200 fueron los primeros, luego se sumaron muchos más, miles de jóvenes más que, en las manifestaciones que se prodigaban por todo el país, cada vez más multitudinarias, gritaban: “insumisos pa lante, militares pa tras”.

El Gobierno de Felipe González, con mayoría absoluta del PSOE desde 1982, intentó contener la avalancha con un “indulto encubierto”, según el MOC, de más de 21.000 objetores de conciencia al servicio militar que habían sido reconocidos antes de 1988 y a los que se eximía de realizar cualquier tipo de prestación. Sin embargo, esa medida no consiguió parar la marea: objetores ‘indultados’ volvieron a presentarse como objetores para seguir desobedeciendo una ley que consideraban totalmente injusta, y cientos de jóvenes continuaron declarándose insumisos en toda España. La ola era ya imparable.

“En los años 80 se vivió un boom en España en el que la gente empieza a tomar conciencia de lo que es la libertad después de tantos años de franquismo, de la represión de las ideas, con un tejido social cada vez más amplio y participativo”, explica Enrique Luna, histórico integrante del MOC en Sevilla, uno de los primeros grupos de este movimiento de objeción antimilitarista que se creó en España. Ese magma social en ebullición constante y una estrategia de “acción no violenta” desarrollada con una preparación minuciosa y una “enorme creatividad” fueron los que propiciaron el éxito de esta movilización sin precedentes, añade José Luis Batres, objetor y hermano de Francisco Javier Batres, ‘Frasco’, ya fallecido y uno de los primeros insumisos a la PSS que ingresó en prisión, siendo estudiante en la Universidad de Sevilla.

Marcha a la cárcel en 1991.

Pepe Beunza, el primero en declararse objetor en España por razones éticas y políticas en el año 1971 y preso hasta 1974, lo explica así en un artículo publicado en 2014: “La persona que dice no a lo que considera una obligación injusta, lo hace públicamente y acepta las consecuencias, desarrolla una fuerza más poderosa que un estado, un dictador o una ley. Así entiendo yo la objeción de conciencia. Siempre se paga un precio, a veces pequeño, pero, según en qué circunstancias, puede significar la libertad o la vida. En este caso, el efecto dominó puede ser tan importante que consiga que las leyes injustas desaparezcan o los tiranos caigan”.

Esa “fuerza poderosa” la representaron mejor que nadie los aproximadamente 1.500 insumisos que, según los cálculos del MOC, entraron en prisión desde 1989 hasta poco después de 2001, año en el que el Gobierno de José María Aznar aprobó el decreto que acabó con más de 200 años de servicio militar obligatorio de reclutas en nuestro país y que, de paso, eliminó la PSS. “Había un compromiso personal muy fuerte” de gente que siendo muy joven se exponía a ir a la cárcel por defender sus ideas, señala Enrique Luna.

Fueron 1.500 los encarcelados, pero hubo muchos más que nunca llegaron a ser juzgados y otros muchos que fueron procesados y condenados que no entraron en prisión como parte de una “estrategia de represión selectiva” que siempre practicó el Estado, según el MOC, para intentar debilitar y dividir al movimiento antimilitarista. Javier Esquivia fue uno de los que no llegó a entrar en prisión, pese a haber sido condenado en un juzgado militar a 2 años y 4 meses por haber desertado del ejército a los tres días de alistarse en un cuartel de Badajoz, lo cual no era más que otra estrategia de desobediencia de los insumisos para seguir golpeando en el hígado del Gobierno. “Estuve así esperando seis años a que vinieran a buscarme hasta que abolieron la mili y publicaron el indulto en el BOE”, recuerda Esquivia.

La “dura experiencia” de la prisión

Quien sí entró en la cárcel fue Antonio Moreno, a los 27 años, cuando acababa de crear una cooperativa como animador sociocultural y formado una familia. “Fue una experiencia muy dura, para mí y para mi familia”, rememora aún con el dolor de aquellos 15 meses que pasó en la vieja prisión Sevilla 1 por negarse a hacer la PSS. “Yo fui –dice- el último preso político de la Ranillla, como se conocía a este centro penitenciario donde fueron encerrados cientos de represaliados por el franquismo y que fue derribado en 2007 para albergar en su lugar un parque y un centro cívico que este insumiso aún no ha sido capaz de pisar.

Las condiciones de aquella prisión, construida en 1933, eran pésimas, según Antonio Moreno, quien recuerda que, pese a su soledad de preso objetor de conciencia entre lo que se denominaban delincuentes comunes, mantuvo una relación muy positiva con los otros reclusos, que sufrían en general un alto grado de analfabetismo y a quienes él ayudaba a rellenar instancias y otros papeleos.

Las mujeres, aunque no tenían que hacer la mili ni la PSS, también tuvieron una participación muy importante en el movimiento antimilitarista. Fueron muchas, como Nanda Pombero o Reyes Mármol, integrantes del MOC sevillano, las que se dejaron también un montón de horas de su juventud en la preparación de movilizaciones, de campañas de desobediencia civil y de grupos de apoyo a los insumisos presos. Todo se preparaba a conciencia. A ellas, la eclosión del movimiento feminista tras el éxito de las huelgas y manifestaciones de los últimos 8-M les recuerda, de alguna forma, el ímpetu y la magnitud que alcanzó la lucha antimilitarista en los años noventa en España.

La autogestión, la independencia de cualquier partido político y un funcionamiento asambleario en el que no había líderes propiciaron, a juicio de sus integrantes, la expansión y el éxito social de un movimiento antimilitarista que bebía de muchas fuentes: de las organizaciones cristianas de base, del movimiento vecinal, del libertario, del amplio rechazo a la OTAN fracasado en un polémico referéndum en 1986, de la lucha jornalera en los pueblos andaluces, de corrientes nacionalistas en otras comunidades autónomas, de la lucha no violenta de Gandhi y otros precursores. Tal fue el convencimiento que generaban que hasta algunos jueces acabaron ‘sumándose’ a la causa, como el titular del Juzgado de lo Penal 4 de Madrid en 1992, José Luis Calvo, que absolvió a un insumiso al considerar prioritaria “la libertad de conciencia y la dignidad de las personas”, o el del Juzgado de Instrucción 1 de Terrasa (Barcelona) en 1989, Ramón Maciá, que manifestó que la “insumisión era una postura ilegal, pero éticamente aprobable”. “Como ciudadano –dijo- entiendo que un insumiso no representa una peligrosidad social que pueda conllevar una medida tan extraordinaria como la de prisión”.

Aunque el movimiento antimilitarista desapareció de los medios de comunicación tras la abolición de la mili, sus representantes aseguran que la causa continúa, aunque por otras vías. “Yo creo que el movimiento ha evolucionado y para bien, porque ha enriquecido a otros movimientos sociales que se han nutrido de la experiencia de aquella lucha”, señala Juanjo Soriano, uno de los pioneros del MOC andaluz, que recalca que “el objetivo siempre ha sido transformar el mundo” para que sea más justo, más igualitario, “no acabar sólo con el ejército, sino con toda la violencia estructural”, que asola al mundo.

Adrián Collado, otro histórico del movimiento lo explica de esta manera: “La seguridad consiste en que la gente tenga para comer, para pagar la luz, que no haya violencia machista, que no haya tanta desigualdad entre Norte y Sur…” “Se perdió uno de los objetivos más importantes de nuestra lucha, que era acabar con la mili, pero hay otros muchos más frentes donde hay que actuar”, recalca a su lado Manuel Soriano. “No se pueden entender la lucha contra la guerra, el 15-M y otras movilizaciones sin lo que ha supuesto el movimiento antimilitarista”, apostilla Antonio Moreno.

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