El doctor Luis Montes, excoordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa y defensor de la muerte digna, ha muerto este jueves a los 69 años, tras sufrir un infarto cuando se dirigía en vehículo a Molina de Segura (Murcia).

El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente fue acusado en 2005 por el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, valiéndose de una denuncia anónima, de 400 presuntas "sedaciones terminales irregulares".

Tras ser relevado y después de tres años de linchamiento moral y laboral hacia él y muchos de sus compañeros en las Urgencias del Severo Ochoa en Leganés, la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó el caso en 2008 al señalar que Montes y el resto de su equipo no actuó mal.

Antes de ello, en 2007, un juez archivó el caso un mes después de las elecciones municipales y autonómicas de aquel año. Previamente, la Fiscalía ya había afirmado que no veía indicios de delito.

Sin embargo, el auto señalaba que varios pacientes habían fallecido “tras mala práctica médica a la hora de sedarles”. Montes quiso limpiar su nombre y recurrió a la Audiencia Provincial, que finalmente le dio la razón y ordenó eliminar las alusiones que ponían en duda su trabajo.

Sin embargo, la campaña de linchamiento moral y profesional hacia él por parte de la derecha política y mediática ya había caído con toda su fuerza durante muchos años. “Fue una campaña en nuestra contra orquestada por la autoridad sanitaria”, aseguró Montes hace dos años en una entrevista con Público. El excoordinador de urgencias del Severo Ochoa, que nunca recuperaría el puesto, creía que el caso fue una “cortina de humo” para tapar la privatización de la sanidad madrileña, que había comenzado en 2003 con Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

"Que la máxima autoridad regional sanitaria anuncie en rueda de prensa que en un hospital público ha habido más de 400 homicidios es un torpedo a la línea de flotación de la relación médico-paciente. Fue un escándalo de unas proporciones inmensas", denunció en otra entrevista con Público meses después.

"Tuvo un gran impacto, todo el hospital se movilizó y hubo un gran apoyo vecinal y de toda la sociedad. Pero fue muy doloroso porque de todo el equipo de Urgencias, el único que se quedó fui yo porque tenía plaza en propiedad. El resto, unos 20 compañeros, tuvieron que buscar otro trabajo, muchos fuera de la Comunidad, fueron cesados siete jefes de servicio y supervisores por apoyo al conflicto… Fue muy doloroso", agregó.

Junto con el doctor Miguel Ángel López Varas, denunció en 2009 por un presunto delito de denuncia falsa al entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y a otros cargos madrileños de este ámbito. También se dirigió contra seis médicos que participaron en un informe encargado por Sanidad en el que se acusó a Montes y a sus compañeros de sedaciones fuera de la lex artis, un hecho que nunca se demostró. La querella fue archivada.

Desde 2009, se puso al frente de la Presidencia de la asociación Derecho a Morir Dignamente, asociación que defiende la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos hospitalarios y extrahospitalarios, a la sedación, la implantación y difusión del testamento vital, y el derecho a la autonomía del paciente, así como el respeto a su voluntad y libertad individual.

En abril de 2011 se conoció la sentencia por la que se condenaba a Miguel Ángel Rodríguez, antiguo portavoz del Gobierno de José María Aznar al pago de 30.000 euros como autor de un "delito continuado de injuria grave realizado con publicidad" contra el doctor.

Entrevista: Una década después del caso Leganés