MADRID.- El doctor Luis Montes (Salamanca, 1949) fue el hombre que la sanidad pública madrileña utilizó de cortina de humo para iniciar silenciosamente su gran proyecto de privatización. Este médico anestesista fue acusado en 2005 de matar a 400 enfermos terminales mediante "sedaciones irregulares" en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Aunque la Justicia archivó el caso, sufrió un linchamiento moral continuado durante meses por parte de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. El mismo partido que, según él y a pesar de las mareas, "sigue minando el sistema público de salud con políticas de recortes y derivaciones a centros privados".

Ahora jubilado y "activista a tiempo completo", preside la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Con 54 asociaciones repartidas en 25 países, este colectivo reivindica el derecho a disponer de la propia vida y reclama, en España, la derogación del artículo 143, según el cual la cooperación al suicidio está castigada con penas de dos a diez años.

¿Cómo interpreta DMD lo sucedido en el caso de Avilés?

Creemos que ha sido un desencadenante por la situación política que vivimos. Es muy sospechoso que en 20 años no se haya hablado de este tema y que en menos de un año salten dos casos a la palestra: el suceso de Avilés y la condena a dos años de cárcel a un médico de Zaragoza por cooperación al suicidio de su madre. Yo no me fío de la justicia de este país. 

¿A qué se refiere?

Me refiero a que el proceso deja dudas y mucha incertidumbre. Por ejemplo, Fernando M., para quien la Fiscalía pedía en un principio tres años de prisión, nunca fue llamado a declarar. Y las filtraciones constantes a la prensa también nos parecen muy sospechosas. Sin embargo, no queremos ser mártires por ideología y por eso hemos trabajado para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

El objetivo de DMD es la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido y, en este segundo punto, ayudar dentro de la legalidad en el proceso de los socios. ¿Cómo se entiende entonces que se encontraran frascos de Pentobarbital en la sede de la asociación en Madrid?

Nos llegó la información de que se podían adquirir por Internet y compramos varios frascos para comprobar la fiabilidad del envío y del producto —el mejor método para una muerte voluntaria— e incluir esa información en nuestra Guía de Autoliberación. Dos de esos frascos acabaron en Barcelona y desencadenaron el suceso de Avilés, pero nosotros no pensamos en ningún momento que esa compra fuera un delito a la salud pública porque no estábamos mercadeando con "un producto ilegal que produce un gran impacto social y causa estragos en la población", como se describe en el Código Penal. Se ha hecho un tottum revolutum con los tres casos y con el delito a la salud pública pero nada va a cambiar los fines de la asociación ni su trabajo futuro. No distribuiremos fármacos pero estarán en la lista y le diremos a la gente cómo tiene que usarlos.

Un voluntario de Barcelona cobró 6.000 euros a una mujer por uno de esos frascos. ¿Qué funciones tienen los voluntarios de la asociación?

Las tareas de los voluntarios normalmente son de difusión de la asociación, de difusión del testamento vital, de hacer talleres... Cuando hay una petición, se pasa a los médicos. DMD exige cuatro situaciones para poder ayudar: que exista un enfermedad irreversible, que el socio o ciudadano considere que tiene un sufrimiento para él insoportable, que exprese una clara y reiterada determinación en el tiempo de finalizar la vida, y que la muerte sea responsable y no tenga daños colaterales. Lo que hizo ese voluntario es una locura. Me da vergüenza pensarlo. Es una acción individual que no toleramos. Somos una asociación sin animo de lucro. No tarifamos nada. Nos financiamos con las cuotas de los socios, no tenemos ninguna financiación de ningún tipo.

¿Qué es morir dignamente?

Disponer de nuestra propia vida. Tener derecho a morir, morir de acuerdo con nuestros valores, ser protagonistas de ese proceso y tener una buena muerte, es decir, una muerte deseada, solicitada o llegada, pero que ese tránsito sea lo más rápido posible y evitando el mayor sufrimiento posible.

Han pasado 11 años del caso Leganés, ¿qué balance hace de ese suceso?

El caso Leganés fue un caso políticamente interesado, una bestialidad. Que la máxima autoridad regional sanitaria anuncia en rueda de prensa que un hospital público ha habido más de 400 homicidios es un torpedo a la línea de flotación de la relación médico-paciente. Fue un escándalo de unas proporciones inmensas. Tuvo un gran impacto, todo el hospital se movilizó y hubo un gran apoyo vecinal y de toda la sociedad. Pero fue muy doloroso porque de todo el equipo de Urgencias, el único que se quedó fui yo porque tenía plaza en propiedad. El resto, unos 20 compañeros, tuvieron que buscar otro trabajo, muchos fuera de la Comunidad, fueron cesados siete jefes de servicio y supervisores por apoyo al conflicto… Fue muy doloroso. Y con esa noticia, muchos médicos se retrajeron en una práctica habitual, que era el tratamiento de los síntomas en la agonía.

Suele decir que después del caso del Severo Ochoa se muere peor. 

Sí, hay más malas muertes. En la nomenclatura médica, se dice que un buen parto es eutócico. Un mal parto es distócico. Una buena muerte es una muerte eutanásica y una mala muerte es una distanasia. Una distanasia es una muerte en la que están presentes los signos de la muerte y que cursa con intenso sufrimiento físico y psíquico. Es tal el sufrimiento que hiere la sensibilidad de los familiares que no pueden estar en la misma habitación del moribundo, no se pueden despedir. Eso es una mala muerte, una muerte en el abandono, en soledad, una muerte con un periodo de agonía larguísimo y de intenso sufrimiento. 

¿Qué supuso ese caso para la sanidad pública madrileña?

Fue una cortina de humo. A mí me cesaron el 15 de marzo y la campaña terminó el 1 de agosto y en ese tiempo, mientras en las portadas de todos los periódicos estaba siempre el caso del Severo Ochoa, se hicieron los contratos de adquisición de terrenos que fueron donados y se construyeron los ocho hospitales que posteriores consejeros intentaron privatizar luego. De ahí surgió el movimiento de las mareas por la defensa de la sanidad. El PP lo tiene claro: quiere minar y desprestigiar la sanidad pública. La satisfacción ciudadana con la sanidad pública en los años ochenta rozaba el nivel de excelencia, por encima del 80%, según las encuestas del CIS. Ahora estamos en el 44%. El deterioro progresivo con políticas de recortes y con derivaciones a centros privados están acabando con el sistema público de salud. Tengo claro que en el momento en que el grado de satisfacción caiga por debajo del 30%, liquidarán la sanidad pública. Están esperando a reducir esa cifra para amenazarnos: ¿Qué prefiere? ¿Mantener esta sanidad que a nadie le gusta o asegurarle la pensión?

¿Tan negro ve el futuro de la sanidad pública?

Soy muy pesimista en este aspecto porque hubo un momento en que las mareas fueron inmensas, pero todos los movimientos tienen un vértice y luego caen a un valle. Hemos perdido la calle y la calle es difícil de recuperar. Lo único que detiene a esta gente es la calle.

¿Cree que las mareas han perdido fuelle después de lograr la paralización del plan de privatización hospitalaria de la Comunidad de Madrid?

Sí, pero los recortes siguen. Cada año, el presupuesto de Sanidad se recorta en 1.000 millones de euros. Cada año hay cierres de camas, derivaciones… se financia la sanidad privada con dinero público. Tenemos que estar ahí.

¿Tiene esperanza en que tras estas nuevas elecciones cambie el panorama sanitario?

Sí, el cambio se nota. Ahí soy optimista. Que repitamos las elecciones ya es un cambio. Creo que va a haber una segunda fuerza muy potente pero todo dependerá de lo que haga el PSOE.

¿Por qué el debate sobre la muerte digna no ha llegado a las instituciones?

Los partidos se han negado siempre. Algunos programas reflejan el debate tranquilo y sosegado, pero a nivel de actuación, todas las formaciones políticas han sido ambiguas. Nuestras leyes rezuman nacional-catolicismo. En este país no hemos debatido nada y ahí está también el cambio. Hemos vivido en una democracia formal y la crisis nos ha llevado a una situación política que sólo se supera profundizando la democracia, y eso es, con una mayor participación ciudadana.

¿Ahora que vamos a volver a hablar de programas… ve a los partidos más sensibilizados?

IU, desde el año 1992 y hasta 2012, planteó una ley de disponibilidad de la propia vida. Ese año se votó en el Congreso. IU, ERC y el Grupo Mixto votaron a favor, el PNV se abstuvo y el resto de partidos votaron en contra, entre ellos el PSOE, que lo había tenido en el programa en 2004. La postura del PP es que no hay demanda social y el PSOE considera que antes de tramitar una ley de muerte voluntaria, tiene que haber universalización de los cuidados paliativos. Pero para eso no hace falta legislar, basta con dotar esta partida económicamente. Si no, es un brindis al sol, como la Ley de Dependencia. Los países en los que mejor funcionan los cuidados paliatavos son los que tienen una ley de muerte voluntaria porque la norma obliga a las alternativas al tratamiento. Cuando en Holanda se aprobó la ley de eutanasia y suicidio asistido, la cobertura de cuidados paliativos no llegaba al 20%. Diez años después se ha llegado al 95%.

Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia tienen una ley de eutanasia activa. Suiza y siete estados de EEUU han optado por el suicidio asistido. ¿Qué modelo sería más adecuado en España?

En una encuesta del CIS de 2010, el 80% de los ciudadanos afirmó que prefería la eutanasia (que le dieran la muerte) al suicidio asistido (recibir las herramientas para darse la propia muerte). La palabra suicidio en este país tiene un estigma terrible. Igual que la eutanasia. Yo creo que es mejor emplear el término muerte voluntaria.

¿Todavía es un tabú hablar de la muerte?

Nos la han ocultado. Hablar de ella está asociado al pesimismo. Pero todo el mundo tiene claro cómo morir: de forma rápida e irreversible… Actualmente, el sufrimiento no da puntos, ni los católicos piensan eso ya.