En Madrid recibía 290 euros, pero en Castilla y León, donde reside ahora, tan solo 36. Ana Caridad Escribano, de 91 años y enferma de alzhéimer, vive en una situación de dependencia Grado III, la máxima reconocida por la ley, porque requiere de atención y asistencia durante las 24 horas del día. Por eso el Gobierno madrileño le daba una ayuda de 290 euros en el entorno familiar. Pero cuando tuvo que cambiar de domicilio para ir a vivir con su hijo a un pueblo de Soria la ayuda se redujo drásticamente.

Según informa la Cadena Ser, la Junta de Castilla y León le rebajó la paga de cuidados familiares a apenas 31, 92 euros. Tras presentar un recurso el Gobierno regional rectificó y la aumentó 4 euros más, hasta los 36, un 90% menos de lo que percibía sólo por vivir en otra comunidad.

El hijo de Ana Caridad, Enrique Martínez, denuncia a la Cadena Ser no sólo la injusticia de la desigualdad territorial, sino que considera que la Junta está incumpliendo un real decreto aprobado en 2017 por el Ministerio de Sanidad que obliga a un pago mínimo de 190 euros a los grandes dependientes con los fondos que el Gobierno central transfiere a las comunidades con este fin.

Consultada por la emisora de radio, la Consejería de Familia de la Junta dijo que revisaría el caso, aunque explicó que la comunidad aprobó un recorte del 30% a las prestaciones para los cuidados familiares, en una política que pretendía reforzar los servicios profesionales de atención a la dependencia, en lugar de las pagas a los cuidados particulares.

No obstante, en casos como los de Ana Caridad y su hijo, que residen en un pueblo de Soria cuyo centro de salud más cercano está a 9 kilómetros y donde el médico pasa de visita una vez a la semana, no hay servicios profesionales de atención.