Este artículo se publicó hace 2 años.
El niño de Sueca estaba en casa de su padre cuando le asesinó pese a que un juez prohibió el régimen de visitas al hombre
El asesino había sido condenado por malos tratos, tenía una orden de alejamiento de la madre y las visitas suspendidas.
Madrid-Actualizado a
Un juez de Sueca (València) suspendió en agosto de 2021 "cualquier régimen de visitas" del hombre que este domingo asesinó a su hijo de once años en la localidad valenciana, pese a lo cual un mes después los padres ratificaron en otro juzgado un convenio regulador que establecía la custodia compartida del menor.
El pequeño Jordi, que acababa de cumplir 11 años, se encontraba en el domicilio de su padre a pesar de que este había sido condenado por malos tratos y tenía una orden de alejamiento respecto de la madre y las visitas suspendidas.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha detallado este lunes que los cónyuges ratificaron en septiembre de 2021 el convenio regulador de custodia compartida y ha añadido que "ninguno de los cónyuges informa al juzgado de Familia de la existencia de un procedimiento penal por malos tratos" y de la suspensión del régimen de visitas.
El convenio de separación había sido establecido en julio de 2021, cuando ambos cónyuges presentaron una demanda de divorcio de mutuo acuerdo, y fue ratificado también por ambos en septiembre de ese mismo año.
Los padres no dijeron nada de la condena
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca condenó al hombre a ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a su exmujer
Pero entre medias, en agosto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, celebró un juicio rápido contra el hombre y le condenó a ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a su exmujer, a quien otorgó la custodia y patria potestad del menor suspendiendo cualquier régimen de visitas respecto del hijo. Esa sentencia se dictó por conformidad de las partes, con lo que es firme.
Sin embargo, solo un mes después, los implicados ratificaron en otro juzgado, en este caso de Familia, el convenio regulador que habían presentado en julio y que establecía el régimen de custodia compartida. Ahora, se trata de determinar las circunstancias por las que el menor se encontraba este domingo en el domicilio del padre a pesar de la existencia de una sentencia que lo prohibía.
La propia madre fue a recoger al niño a casa del padre
El crimen se conoció este domingo alrededor de las 14:00 horas, cuando la madre del menor, de 44 años, acudió al domicilio paterno a recoger a su hijo y, al no abrirle la puerta, avisó a los servicios de Emergencias.
Cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió a la vivienda, ubicada en la calle Rafael Hervás, en el mismo centro de Sueca, los agentes comprobaron los hechos y detuvieron al progenitor, quien fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca, donde permanecerá hasta este martes, cuando será puesto a disposición del juez. El Juzgado número 3 de Sueca se ha hecho cargo del caso.
El Ayuntamiento de Sueca ha decretado tres días de luto oficial y suspenderá cualquier actividad lúdica
El Ayuntamiento de Sueca ha decretado tres días de luto oficial y suspenderá cualquier actividad lúdica, mientras que el de Cullera, donde reside la familia materna mantendrá el luto durante las dos próximas jornadas. Ambos consistorios han organizado concentraciones en repulsa por este asesinato esta tarde a las 20 horas.
El asesinato del niño de Sueca se encuadra en lo que se denomina violencia vicaria, que es aquella por la que se utiliza a los hijos para infligir daño y control sobre las madres. Se trata de una de las formas más extremas y brutales que adopta la violencia de género. Pese a ser un tipo de violencia poco conocida, es una de las violencias habituales y que pocas veces se denuncia.
Es más, las mujeres que sufren violencia vicaria están desprotegidas por el Estado. Denuncian que no tienen acceso a ayudas específicas para superar el trauma, que no existen políticas de empleo diseñadas para atender su situación y que no acceden a las ayudas a la vivienda, al empleo o a una renta mínima de inserción.
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