Por sus venas corre la sangre de otro inmigrante que en plena Guerra Mundial ayudó a Europa a derrotar al nazismo. Entonces, Francia no dudó en reclutar a los jóvenes de sus colonias para luchar en una guerra que poco tenía que ver con África. Entre ellos estaba el padre de Sergio. Acabada su misión, el senegalés volvió a casa con la promesa de no regresar jamás al viejo continente, sin embargo no pudo evitar que su hijo repitiese sus mismos pasos cincuenta años después. Hoy Sergio vive en Europa, en España, pero su batalla es otra.

Sergio es mantero, como muchos de los compatriotas que emigraron aquí hace años. Trabaja diez horas al día vendiendo zapatillas de imitación en los alrededores del centro de Madrid. Los Cd y Dvd hace tiempo que no funcionan. Ahora los turistas prefieren gafas de sol, sombreros, ropa deportiva. Y él ha tenido que adaptarse a la demanda. Los días buenos puede llegar a ganar unos 30 euros, los malos nada de nada, los peores -cuando recibe la visita de la policía municipal- lo pierde todo. No es fácil, son muchas horas de pie, demasiados minutos vacíos para pensar. "Yo siempre estoy con los pies en la manta y la mente en Senegal", dice mientras repasa en el móvil las caras de decenas de niños, las de sus hijos, sus sobrinos.

No ha sido siempre así. Antes, cuando llegó hace 14 años, trabajó en la construcción, en la hostelería, en el campo. De hecho, consiguió el permiso de residencia, pero poco a poco se fueron reduciendo las opciones. Ahora Sergio vende, como ya lo hacía en su propio país, aunque aquí es distinto. Sabe que debe estar siempre alerta. Si ve un uniforme, si oye una sirena debe desaperecer, recoger todo de un tirón, salir corriendo. Como un proscrito. “Yo sé que la venta ambulante está prohibida, lo pienso cada día. No me gusta hacerlo, pero no puedo estar sin trabajar. Mi familia depende de mí. Mi mayor miedo es que llegue un día en que no pueda enviarles nada de dinero”. Y ese temor -dice- es mucho mayor que el miedo a la policía.

Más presión policial

La venta en el top manta siempre ha estado perseguida por atentar contra la propiedad intelectual e industrial, sin embargo desde el año pasado ha aumentado la presión contra las personas que se dedican a ella -fundamentalmente jóvenes de origen subsahariano-. Solo en Madrid, 40 manteros han sido detenidos en lo que llevamos de año, casi el doble de los registrados en el mismo periodo de 2015.

Peor aún ha sido en Barcelona, donde la tensión entre vendedores y la Guardia Urbana ha aumentado hasta el punto de acabar en enfrentamientos puntuales. La campaña contra el top manta llegó a su momento álgido la semana pasada cuando los Mossos d´Esquadra detuvieron a siete personas de origen senegalés en una vivienda del centro de la ciudad. Cuatro de ellos permanecen en prisión preventiva en la cárcel de la Modelo acusados de un delito contra la propiedad intelectual y pertenencia a banda criminal. Esta operación policial ha desencadenado varias protestas impulsadas por el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, un colectivo creado por los propios manteros en 2015 para defender sus derechos.

"Hace mucho tiempo que nosotros los inmigrantes dejamos el miedo, en el momento en que salimos de nuestra casa con la mochila al hombro. Con el miedo y la cárcel no se arregla nada. No se arregla la pobreza, la exclusión, el racismo y la desigualdad", leyó el sindicato este fin de semana en un comunicado. Ahora han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir la libertad de sus compañeros.

Los cuatro manteros que hoy continúan en La Modelo son los primeros encarcelados tras la reforma del Código Penal que el año pasado volvió a convertir al top manta en un delito castigado con pena de prisión de seis meses a dos años. Una modificación que ha sido criticada por los propios juristas, quienes consideran que no está justificado imponer una sanción tan dura a personas que, en el caso de los que no tienen papeles, no tienen otra opción para sobrevivir. No hay que olvidar que la actual Ley de Extranjería impide que los inmigrantes indocumentados puedan regularizar su situación -y por tanto, trabajar legalmente- hasta que lleven viviendo al menos tres años en España. “Es desproporcionado. El derecho penal no está para criminalizar este tipo de conductas, sino otras mucho más graves”, denuncia Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal. “No tiene sentido que defraudar 120 mil euros a Hacienda no se considere delito, pero el top manta sí. Estamos criminalizando la pobreza”.

La ley deja en manos del juez la decisión de imponer una pena de cárcel o sustituirla por una multa de uno a seis meses pero, en realidad, las consecuencias pueden ser todavía más graves para estos migrantes. Tanto si tienen papeles como si no. “Al ser un delito les deja antecedentes y esto les puede suponer un grave problema para renovar el permiso de residencia. Además, si la condena es de más de un año, se les puede expulsar del país”, advierte Carlos Oviedo, miembro del comité jurídico de SOS Racismo. Dicho de otro modo, los que no tienen papeles pueden ser deportados. Los que sí los tienen, pueden perderlos para siempre.

El pequeño comercio pide más contundencia. Aseguran ser los principales afectados por el top manta, desde luego mucho más que las grandes marcas que son objeto de las falsificaciones. “La mayoría de los productos que venden son los mismos que se ofertan en las tiendas. Supone una competencia desleal porque los manteros no tienen que pagar impuestos ni permisos. No podemos cuantificar las pérdidas, pero claro que nos afecta”, explica José Luis de Lucio, gerente de la asociación de comerciantes de Preciados, Puerta del Sol y alrededores (APRECA). Para él, la única solución posible es la policial. “Entendemos que esas personas tienen que buscarse la vida, pero están haciendo algo ilegal y las ilegalidades no se deben permitir”.

La oposición de los comerciantes ha sido tajante, por ejemplo, en el caso de los municipios catalanes de El Vendrell y Calafell. Ambos ayuntamientos propusieron en 2010 habilitar espacios para que los manteros pudieran ejercer su actividad de manera regular, a cambio del pago de unas tasas municipales y con el compromiso de no vender productos falsificados. Sin embargo, la medida no duró ni un verano. Las presiones de la Confederación de Comercio de Cataluña y la Consejería de Interior lo echaron por tierra en menos de dos meses. Ni siquiera hubo tiempo de comprobar si de verdad funcionaría.

“El pequeño comercio sufre mucho más por las grandes superficies y las franquicias, que por los manteros. El problema se está focalizando en los que menos tienen”, insiste José Miguel Morales, secretario general de la ong Andalucía Acoge. Lo cierto, es que más de diez años de represión policial no han servido para mejorar la situación ni de unos ni de otros.

A pesar de las recientes detenciones, el de Barcelona ha sido el primer gran Ayuntamiento que se ha propuesto abordar el tema del top manta desde un enfoque distinto. En diciembre puso en marcha una medida pionera: crear una Mesa de Ciudad para que debatiesen grupos políticos, organizaciones de derechos humanos, comerciantes y el propio sindicato de manteros.

Esta Mesa se ha reunido dos veces, la última en febrero, pero hoy el diálogo está roto. Los manteros pidieron que parasen las detenciones mientras se buscaban soluciones alternativas. "Si el problema es la ocupación de la vía pública, estamos dispuestos a concentrarnos en otro lugar que nos dicte el Ayuntamiento, pero no podemos dejar de vender", explica David Dieye, representante del Sindicato de Vendedores Ambulantes. Pero el Gobierno local respondió con más presión policial. “Como Ayuntamiento no puedes dejar de actuar porque tenemos detrás a todas las asociaciones de comerciantes, los cuales también tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes”, defiende una fuente del Ayuntamiento de Barcelona. Los comerciantes, por su parte, tampoco lo han puesto fácil. Desde el principio se negaron a sentarse a dialogar con los vendedores del top manta. No los consideraban, según sus palabras, "interlocutores validos".

“Se ha perdido la oportunidad de escuchar al sindicato y dotar al colectivo de espacios y horarios regulados”, lamenta María José Lecha, representante de la CUP en el Ayuntamiento. Ella misma reconoce que ha habido muchas presiones e intereses políticos detrás. “No estamos de acuerdo con la gestión que se está haciendo de este tema, pero es verdad que los medios de comunicación y los políticos más conservadores han criticado tanto la permisividad del Ayuntamiento hacia la venta ambulante con el único objetivo de erosionar al nuevo Gobierno de Barcelona en Comú”.

Hace un mes el Ayuntamiento presentó por su cuenta un Plan Integral que, entre otras medidas, ofrecerá planes de formación y trabajo para un total de 51 vendedores ambulantes. Tendrán un año de duración, el tiempo necesario para ayudarles a conseguir el permiso de residencia. El Plan Integral, con un presupuesto de 1,7 millones de euros, incluye también el refuerzo de los controles de entrada de mercancías a través del puerto y abre la posibilidad de multar a los clientes del top manta. “Sabemos que son medidas que no solucionan el problema y que no dan respuesta a todo el colectivo, pero ayudan a un tanto por ciento de la población a acceder a otras posibilidades de trabajo. La regularización es el objetivo estrella”, cuentan desde el Consistorio.

Desde el sindicato de manteros insisten en que estas propuestas no servirán de nada si continúa la persecución contra el colectivo. "Tienen que aceptar que aquí estamos y no nos vamos, que también ésta es nuestra ciudad. Tenemos derechos aunque no tengamos papeles, los conocemos y lucharemos por ellos". Tras la detención de los últimos siete manteros -entre los que está un representante del propio sindicato-, Barcelona en Comú ha pedido su liberación inmediata. "No tiene sentido que haya vendedores ambulantes en prisión", ha reconocido la formación a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ya fuera de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid también estudia la posibilidad de ofrecer a los manteros formación y proyectos laborales alternativos. “Hemos visto claramente que la presión policial lo único que consigue es un desplazamiento de los puntos de venta de un lugar a otro, pero no la desaparición de la actividad”, explica el Gobierno de Ahora Madrid en un comunicado. En este caso, comerciantes y manteros ¿estarían dispuestos a hablar?

“Estamos dispuestos a reunirnos con quien sea, siempre que sea efectivo y se propongan medidas serias” puntualiza el representante de los comerciantes madrileños.

Es el principal argumento en el que se apoyan los que defienden la vía de la represión: la existencia de supuestas redes criminales que coordinan, explotan y consiguen el material a los manteros. Para José Luis de Lucio, de APRECA, está clarísimo. “Hay una mafia seguro. Estoy convencido de que tiene que haber otras personas que les den los productos. Eso es lo que la policía debe investigar”. Durante el año 2015, la Agencia Tributaria intervino en las aduanas españolas 2,6 millones de productos falsificados por valor de 129 millones de euros. Más de tres cuartas partes de estos artículos procedía de Asia. Visto esto, parece claro que existen redes criminales en el tráfico de productos falsificados a España, pero esto no explica por sí solo una vinculación organizativa con el último escalón: los manteros.

“Nosotros no tenemos mafias. Cada uno trabaja para sí mismo. Cada uno va a la tienda y compra sus productos, con sus facturas”, asegura Sergio. Otro compañero senegalés, Mor, lo explica: “yo mismo compro los bolsos en las tiendas por ocho o diez euros. Luego les pego una etiqueta parecida a la marca y los vendo en la calle por doce o quince. El dinero es para mí, nadie me explota”. Para él es el dinero y también él asume todas las pérdidas. De hecho, el último fin de semana la Policía detuvo a Mor dos días seguidos. Tuvo suerte, solo le requisaron la mercancía. Perdió de golpe 400 euros. “No me gusta tener que salir corriendo. A veces hay accidentes, tropiezas con la gente que camina por la calle y yo no quiero lastimar a nadie. Hace tiempo un amigo salió corriendo en la Puerta del Sol y se rompió el brazo al chocar contra una farola. Estuvo tres meses sin poder trabajar”.

Ellos insisten las veces que haga falta en que no pertenecen a ninguna red de contrabando. Simplemente compran el material en negocios al por mayor abiertos a todo el mundo como el Polígono de Cobo Calleja en el municipio madrileño de Fuenlabrada o los almacenes de Badalona. “Se habla a propósito de mafias para asociar el top manta a algo peligroso, pero no es así”, critica Serigne Mbaye. Él, que vivió de la manta durante varios años, ahora defiende los derechos de sus ex compañeros a través de la Asociación Sin Papeles de Madrid. También les ayuda a buscar otras opciones de trabajo en un mercado cada vez más hostil para aquellos que no han nacido aquí. “Si los manteros venden juntos no es porque pertenezcan a una red criminal, es para protegerse y avisarse entre sí si viene la policía. Forma parte de un sentimiento de solidaridad muy arraigado en nuestra cultura. Pasa igual cuando le requisan el material a uno, le prestamos dinero entre los demás”.

José Miguel Morales, de la ong Andalucía Acoge, lo tiene claro. “No puedo asegurar si existen o no las mafias, lo que es evidente es que éstas aparecen donde el Estado no está presente. Cuando las administraciones miran a otro lado se generan vacíos de poder. Por eso, el top manta no se combate. Se integra y se gestiona. Para ello hay que incluir a los manteros en la solución, verlos como ciudadanos e interlocutores". Y añade: "España tiene una amplia experiencia en temas de venta ambulante. En el pasado se ha conseguido regular a través de los mercadillos. ¿Por qué no hacerlo ahora?”.

Quizá porque aún falta que los principales actores implicados se conozcan, se entiendan, se vean como iguales. “Yo entiendo el enfado de los comerciantes perfectamente. Ellos pagan impuestos y nosotros vendemos productos falsificados, pero deben comprender que no tenemos otra opción”, insiste Serigne Mbaye. “Los manteros son los primeros que quieren que esta situación acabe. Cuando salimos cargados con la manta nos sentimos un 50% menos que los demás porque sabemos que estamos haciendo algo ilegal. No nos gusta que nos persigan, es una humillación, sentimos vergüenza”. Cansados de escuchar tópicos y rumores que lo mismo les acusan de delincuentes y peligrosos, como les encasillan en el papel de víctimas indefensas, los manteros insisten: Ni lo uno ni lo otro, solo son personas intentando buscarse la vida.

*Este reportaje ha sido realizado dentro del programa "Periodistas de Frontera", impulsado por el Instituto Panos para el África Occidental (IPAO)