CEUTA.- Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, CEAR y Red Acoge han lamentado este viernes que todavía sigan "impunes", dos años después, la muertes de 14 inmigrantes y la desaparición de otro en la playa del Tarajal ocurrida el 6 de febrero de 2014 en la frontera ceutí.

Cuando se cumple el segundo aniversario de la tragedia, las ONG han expresado en un comunicado su "preocupación por la falta de rendición de cuentas y por la impunidad con la que se pretende cerrar este trágico incidente".

Según estas organizaciones, las autoridades responsables deben adoptar medidas urgentes para garantizar "la verdad, justicia y reparación a los familiares de las víctimas" y evitar que estos hechos se vuelvan a repetir y queden "impunes" ante la justicia.

Añaden que, dos años después, no se ha producido una investigación "inmediata, exhaustiva y efectiva sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza y de material antidisturbios" por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El pasado mes de octubre, el juzgado de instrucción 6 de Ceuta dictó un auto que ordenaba el archivo de las actuaciones por el delito de homicidio y lesiones imprudentes y consideraba que las "devoluciones en caliente" a Marruecos eran una práctica habitual y por lo tanto no se podía sancionar a los agentes de la Guardia Civil. Este auto está recurrido ante la Audiencia Provincial y pendiente de resolución judicial.

En el comunicado, las ONG señalan que la juez de instrucción "no recabó información esencial sobre el caso, incluidas las identidades de los agentes que participaron en la operación, hasta meses después de los hechos, cuando varias organizaciones no gubernamentales emprendieron la causa judicial sobre su inacción".

"Tampoco se ha tenido en cuenta el informe pericial presentado por las ONG que afirmaba que las autopsias realizadas a los cinco cadáveres recuperados en España presentaban defectos tales como la ausencia de pruebas toxicológicas".

Las ONG dicen que el Ministerio del Interior "se ha negado a asumir ningún tipo de responsabilidad" ante los hechos y que este episodio se une a otros incidentes denunciados por diversas organizaciones no gubernamentales ocurridos en la fronteras de Ceuta y Melilla, "en las que no sólo se han producido expulsiones sumarias e ilegales sino también uso excesivo de la fuerza" por parte de los agentes de la Guardia Civil y de los miembros de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes.

Añaden que las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy siguen esperando poder identificarlas.