La ONU asume el fracaso de la política de prohibición de las drogas
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una organización internacional de expresidentes y primeros ministros exigen un nuevo enfoque regulatorio.
El consumo sigue aumentando pese a que los gobiernos gastan 100.000 millones de dólares anuales en la guerra contra las drogas. El 42% de las penas de muerte en el mundo están relacionadas con el narcotráfico
Una nueva vía puede estar abriéndose en el mundo respecto al control de las drogas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha constatado que su prohibición ha sido un “absoluto fracaso” que “ha destruido innumerables vidas y dañado comunidades enteras”. Similar tesis mantiene la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por exmandatarios de países como Brasil, Colombia, Nueva Zelanda, Grecia o Polonia. Y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga aprobó en marzo, con un inédito consenso, explorar un nuevo sistema de fiscalización internacional de las sustancias, propuesta que tan solo rechazaron los EEUU de Trump, la Rusia de Putin y la Argentina de Milei.
El último informe de Amnistía Internacional corrobora que la prohibición de las drogas es la causante de muchas muertes en el mundo, no por las consecuencias de su consumo, sino por las ejecuciones judiciales y extrajudiciales en países donde las leyes, o la ausencia de ellas, castigan severamente su uso y tráfico. El 42% de las ejecuciones judiciales conocidas en 2024 en todo el orbe fueron por delitos relacionados con las drogas, ajusticiamientos ilícitos según el derecho internacional de derechos humanos, que restringe el uso de la pena capital a los delitos de sangre más graves.
Amnistía Internacional registró el año pasado un incremento del 25% de las penas de muerte por delitos de drogas, lo que elevó a 637 las ejecuciones por ese motivo, ordenadas en 13 países y concentradas fundamentalmente en cuatro de ellos: China, Irán, Singapur y Arabia Saudí. El caso de Tailandia también resulta llamativo, ya que el 69% de las 364 condenas a muerte en ese país se debieron a ilícitos de drogas, con una especial incidencia entre las mujeres: el 95% de las condenadas a la pena capital habían cometido algún delito relacionado con sustancias estupefacientes.
También aporta datos significativos para defender el fin de la prohibición la Comisión Global de Política de Drogas, una organización creada en 2011 por casi una treintena de exjefes de Estado y de gobierno y exlíderes de organizaciones internacionales para promover reformas globales basadas en la evidencia científica y los derechos humanos. Sus informes reflejan que en 2022 había 292 millones de personas consumiendo drogas en el mundo, 107 millones más que hace dos décadas, pese a que los gobiernos gastan en total unos 100.000 millones de dólares al año en políticas punitivas para impedir su uso y venta.
Como resultado de esas políticas punitivas, en 2020 fueron detenidas en el mundo 3,1 millones de personas, sobre todo por la simple posesión de drogas, y en 2023 fueron encarceladas en torno a 2,3 millones, según los datos de Comisión Global, que añade otras cifras muy elocuentes: en EEUU han muerto más de un millón de personas por sobredosis en las últimas dos décadas y en Canadá han perdido la vida por el mismo motivo más de 40.000 en los últimos ocho años.
Estos y otros muchos datos son los que han llevado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a proclamar que la “guerra contra las drogas ha fracasado”. En una conferencia en Varsovia el pasado mes de diciembre, su responsable, el austriaco Volker Turk, reclamó un cambio “radical” de la política mundial sobre las drogas y adoptar un enfoque desde su regulación basada en los derechos humanos.
“La penalización y la prohibición no han conseguido reducir el consumo de drogas ni disuadir la delincuencia relacionada con ellas. Estas políticas sencillamente no funcionan y estamos fallando a algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, advirtió Turk. El alto comisionado considera como elemento clave de la reforma la despenalización. “Centrarse en la inclusión y la educación en lugar del encarcelamiento supone que el consumo de drogas disminuye. Optar por la reinserción en lugar de la estigmatización supone que disminuyan las infecciones relacionadas con las drogas”, añadió.
“Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”
El discurso de Volker Turk no es flor de un día. Es el resultado de un largo trabajo que su Alto Comisionado y otras agencias de Naciones Unidas llevan haciendo desde hace años. Un informe de 2019 con directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas, en el que participaron también la OMS (salud) y UNAIDS (sida), ya advertía de que responder a los daños asociados al uso de drogas y su tráfico ilícito se configuraba como “uno de los mayores desafíos de política social de nuestro tiempo” y lo consideraba un tema “transversal” a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En ese informe se resalta que, desde finales de la década de los noventa, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU han reconocido que “contrarrestar el problema mundial de las drogas” ha de llevarse a cabo “de plena conformidad con todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. “Ninguna ley, política o práctica de drogas debe tener el efecto de socavar o violar la dignidad de ninguna persona o grupo de personas”, se precisa en el documento, antes de remachar que “los Estados pueden utilizar las flexibilidades disponibles en las convenciones de control de drogas de la ONU para despenalizar la posesión, compra o cultivo de sustancias controladas para el consumo personal”.
Cuatro años más tarde, en 2023, el Alto Comisionado de Derechos Humanos reiteró en otro informe que las principales preocupaciones al abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas son “el acceso insuficiente y desigual” a los servicios de reducción del daño por consumo; la guerra contra las drogas; la militarización de su fiscalización; el “recurso excesivo” al encarcelamiento; el uso de la pena de muerte, y el impacto desproporcionado de estas políticas punitivas en los jóvenes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres.
Constanza Sánchez Avilés, directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Fundación Iceers, participa desde hace 15 años en las sesiones de las comisiones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y conoce muy bien los cambios que se han registrado últimamente, debido, a su entender, al empuje de los movimientos sociales que reclaman otro tipo de política en este campo.
“Hasta bien entrados los 2000 no hubo una resolución en la que los derechos humanos fueran un tema central en las políticas sobre drogas. En la ONU siempre se había pensado poco desde esa perspectiva y mucho desde la del control”, dice Sánchez Avilés a Público.
El empuje de la sociedad civil y de organismos como UNAIDS por el avance del sida a causa del uso de drogas fueron las que propiciaron, según esta experta, que en 2019 por primera vez en un documento respaldado por estos organismos se hablase de cada uno de los derechos que están en juego y de las obligaciones de los Estados para respetarlos.
Constanza Sánchez Avilés resalta el derecho a la vida “como la punta del iceberg” en las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el mundo en nombre del control de las drogas, de las ejecuciones extrajudiciales que se hallan muy relacionadas con la “militarización” de esa acción política que da carta blanca a Policía y ejército para controlar a una parte de la población.
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El “caso sangrante” de Rodrigo Duterte en Filipinas
La directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos de Iceers menciona como caso “más sangrante” el de Filipinas entre 2016 y 2022, durante la presidencia de Rodrigo Duterte, quien fue detenido el pasado mes de marzo tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad vinculados a su campaña contra las drogas. La Comisión Global de Políticas de Drogas destaca que esa “guerra” causó miles de muertes, más de 6.200 en operativos policiales, según informes oficiales, una cifra que organizaciones de derechos humanos consideran mucho más elevada. Y la mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades marginadas en ese país.
“Esta detención pone de relieve las fallas sistemáticas de las políticas punitivas de drogas. La evidencia indica que la criminalización y militarización de las políticas de drogas afecta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables, perpetúa la violencia y socava las iniciativas de salud pública. La acción de la Corte Penal Internacional pone de relieve la urgente necesidad de una transición de las políticas represivas de drogas a enfoques basados en la evidencia, centrados en la salud y respetuosos con los derechos humanos”, concluye la organización de exmandatarios de diferentes países.
Sánchez Avilés también considera que el “prohibicionismo punitivo, el castigo, no se sostiene”, entre otras razones, porque no ha conseguido el principal objetivo que se proponía: impedir el consumo de drogas. “El prohibicionismo ha sido un gran catalizador de la violación de derechos humanos, de la militarización. Ha sido muy útil a otros intereses: para el control de las poblaciones discriminadas y de la disidencia política o para los medios de comunicación en su lucha por las audiencias. Y ha fracasado porque no ha contribuido a apoyar a las personas que usan las drogas y a las más débiles de la cadena del comercio, los indígenas o las que se dedican al menudeo en las ciudades. Las políticas de drogas se utilizan para imponer el control social, son una excusa para otras cosas”, subraya esta experta.
Las penas de muerte son uno de los efectos más terribles de estas políticas punitivas. Beatriz Martos, portavoz de Amnistía Internacional, explica a Público que las poblaciones más desfavorecidas socioeconómicamente, las pertenecientes a minorías étnicas o religiosas o las refugiadas son las más criminalizadas por los delitos de drogas y las que más sufren las ejecuciones por tal motivo. “Es la criminalización de la pobreza”, resume.
Amnistía, que el año pasado centró el día contra la pena de muerte en los casos de delitos de drogas, recalca que las ejecuciones por estos ilícitos son completamente ilegales según el derecho internacional, que únicamente los contempla para casos de asesinato. Y, pese a ello, las penas capitales por drogas, lejos de remitir, han aumentado. “La otra mala noticia -dice Beatriz Martos- es que otros tres países, Malvinas, Nigeria y Tonga, se han planteado introducir también la pena de muerte para estos delitos”.
Las minorías étnicas -como la baluchi y kurda en Irán o las mujeres en Tailandia- son colectivos fuertemente afectados por la imposición de la pena capital a los delitos de drogas. “Desde Amnistía abogamos por la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, sea inocente o culpable el condenado. Pero los delitos de drogas no pueden ser castigados con pena capital en ningún caso, porque, además, penalizan a los grupos más desprotegidos por el Estado”, señala su portavoz.
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La prohibición, “un accidente histórico”
David Pere Martínez Oró, doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de varios estudios sobre opioides y otras drogas, considera que su prohibición en el último siglo ha sido “un accidente histórico” en la larga historia de la humanidad, que las ha utilizado desde tiempos inmemoriales para diferentes fines.
“En los dos objetivos que se planteaban con la prohibición, reducir la demanda de drogas y que los mercados mundiales no ofrezcan drogas, los datos nos dicen que no se han cumplido y ni se cumplirán. Y que, además, con la voluntad de hacerlos cumplir se han causado daños terribles a poblaciones, que es lo que denuncia el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, dice David Pere a Público.
Este experto asegura que para reducir la demanda y la oferta de las drogas “se ha fumigado a poblaciones enteras, se han desplazado a millones de personas, se ha llevado a gente a gulags por consumir y encarcelado a menores por posesión de drogas”. “Las políticas prohibicionistas -añade- han supuesto un atropello sin parangón y eso hay que reformularlo. El tema es ahora ver cómo se hace eso”.
Para empezar, según David Pere, todos los Estados deberían de erradicar la pena de muerte para los delitos de drogas y dejar de castigar su posesión. “Tan solo con eso se mejoraría mucho a nivel de derechos humanos”, sostiene. Y luego, a su juicio, deberían cambiar los criterios con los que funciona la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano que se encarga de hacer cumplir las convenciones de la ONU sobre esta materia. “Pero la JIFE sigue con su delirio prohibicionista. ¡Cómo pueden decir, por ejemplo, que hay que acabar con las salas de inyección! ¡En qué mundo viven!”, apostilla.
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Al igual que Constanza Sánchez Avilés, este doctor en Psicología de la Autónoma de Barcelona sostiene que los Estados han utilizado la fiscalización internacional de las drogas para aplicar en sus territorios políticas represoras y controlar a la población, “a los sectores díscolos”, algo que ha sido todavía más acentuado en los países con regímenes autocráticos.
El último paso hacia una posible nueva estrategia internacional sobre las drogas se dio el pasado mes de marzo en la comisión de la UNODC en Viena, donde fue aprobada la creación de un panel de 19 expertos independientes que deberán de proponer una serie de recomendaciones para mejorar el sistema internacional de fiscalización de los estupefacientes. La propuesta partió de Colombia, cuyo gobierno, con Gustavo Petro como presidente, aboga por acabar con el prohibicionismo que ha causado tantas muertes y destrucción en su país, uno de los principales productores de cocaína.
La propuesta fue aprobada con un inusual alto grado de consenso en una iniciativa de tal calado. Contó con 30 votos a favor, entre ellos el de España y toda la UE, 18 abstenciones de países como China, Arabia Saudí o Tailandia, que registran los mayores índices de penas de muerte por drogas, y únicamente tres en votos en contra, muy significativos: EEUU, Rusia y Argentina.
En su intervención ante la comisión, la embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, explicó así la razón de su propuesta para mejorar los criterios de la fiscalización internacional de las drogas: “Colombia suministra menos del 5% del mercado ilegal de drogas, aun así no estamos orgullosos de esta situación, pero ¿por qué cada colombiano y colombiana siente que el problema mundial de las drogas reposa sobre sus hombros? Este panel de expertos es una invitación dentro del marco de las convenciones a repensarnos, para resaltar el significado del principio de responsabilidad común y compartida”.
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“Mi país -añadió la embajadora colombiana- ha sacrificado más vidas que ningún otro en la guerra contra las drogas que nos fue impuesta. Hemos pospuesto nuestro desarrollo, dedicando nuestros mejores hombres y mujeres y buena parte de nuestro presupuesto nacional a luchar contra el tráfico ilícito. Queremos nuevas maneras, más efectivas de implementar el régimen global. Esto no tiene por qué ser una confrontación entre nosotros, los miembros de la Comisión, sino una manifestación de nuestro compromiso contra la delincuencia transnacional”.
David Pere ve con buenos ojos la propuesta aprobada por la comisión de la UNODC, pero también muestra sus reservas sobre el panel de expertos que decidirá qué cosas hay que cambiar en la fiscalización internacional de los estupefacientes. “Hay que ver quiénes van a ser los expertos, con qué ópticas y cómo se van a traducir a la realidad sus conclusiones. Es un buen paso, pero hay que ver los tiempos y los resultados. Lo cierto es que ya se pueden hacer políticas muy tolerantes en los Estados sin violar los tratados internacionales de fiscalización vigentes”, concluye.
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