El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha expresado su "seria preocupación" al Estado por la baja inversión que España realiza en protección de la infancia, y que "ha sido inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad".

Es una de las conclusiones del informe sobre el cumplimiento en España de la Convención de los Derechos del Niño que la ONU ha enviado al Gobierno tras examinar sus políticas con una sesión en Nueva York el pasado 22 de enero.

El informe denuncia "el impacto negativo de los recortes en inversión pública para la implementación de la Convención, particularmente en niños con discapacidades o en situación de marginalidad (...) y especialmente en educación, sanidad, vivienda y protección social".

"El Comité está seriamente preocupado porque los indicadores de exclusión social, pobreza y desigualdad se han incrementado mientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúan muy por debajo de la media europea", señala el documento.

Dice que resulta "además preocupante" el impacto "negativo" que ha tenido la crisis económica en los sistemas de protección social, que han resultado insuficientes para responder con prestaciones a los niños y sus familias, "especialmente en el nivel autonómico", donde además, hay "casos de niños viviendo en chabolas e infraviviendas, especialmente de la etnia romaní y de origen migrante".

Es por ello que el Comité urge a España a tomar medidas para que todas las comunidades autónomas realicen una evaluación integral de las necesidades presupuestarias de la infancia a fin de redistribuir los recursos para responder correctamente a los derechos de los niños e incrementar los destinados a educación y provisión de servicios públicos.

Quiere que el Estado simplifique los procedimientos para que las familias con niños en situación vulnerable puedan acceder a una adecuada protección social en formas diversas, "como ayuda económica o servicios de acompañamiento", que se incremente el personal que recibe y tramita estas solicitudes, aumente la inversión pública para estos fines y también la provisión de viviendas y servicios básicos para estas familias.

En esta línea, pide al Ejecutivo que adopte una perspectiva de infancia en la elaboración de los presupuestos públicos, con partidas concretas niños en situación de especial vulnerabilidad que además, estén blindadas, de modo que se mantengan aún en caso de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.

La Plataforma de Infancia en España dice que comparte la preocupación del Comité por el impacto de los recortes y piden al Gobierno que "aumente los recursos destinados a infancia hasta alcanzar la media de la Unión Europea del 2,4% del PIB". "Además, es necesario que este aumento de recursos se garantice a través de un acuerdo político en el marco de un Pacto de Estado por la Infancia" explica el presidente de la entidad, Adolfo Lacuesta.

Naciones Unidas pide también a España abordar los problemas de desigualdad en el sistema educativo que tienen reflejo en las tasas de fracaso y abandono en los niños de minorías o de familias con pocos recursos e insta al Estado a asumir el coste de los libros, el transporte y el comedor en la educación obligatoria, corregir los desequilibrios entre comunidades autónomas y blindar las inversiones en Educación.

Abusos sexuales

El informe ofrece observaciones a España en diversos ámbitos relacionados con los derechos de la infancia, como la protección de los menores extranjeros no acompañados, para quienes urge el cese de las pruebas indiscriminadas de determinación de la edad o el fin de las devoluciones automáticas en las fronteras mediante la correcta identificación de estos perfiles.

Se refiere asimismo a las víctimas de abuso sexual y recomienda al Estado que considere la posibilidad de ampliar el plazo de prescripción de estos delitos, así como le insta a garantizar que hay espacios y canales accesibles, confidenciales y adaptados a los niños para denunciar abusos sexuales, incluyendo el incesto y el acoso escolar.

Pide mayor formación para los profesionales, que se desarrollen protocolos de coordinación para registrar los casos, que se investiguen proactivamente y que se garantice la implantación de medidas para proteger a estos niños durante el proceso judicial, especialmente para evitar que tengan que ver a sus abusadores y recurriendo para ello a las declaraciones en vídeo o audio.

Añade otra recomendación: "Revisar la practica de incluir automáticamente a los agresores sexuales que son menores de edad en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y garantizar la revisión periódica de la necesidad de mantenerles en el registro, con vistas a favorecer su tratamiento y rehabilitación".

Violencia contra la infancia

En términos generales, urge al Estado a aprobar una Ley Integral contra la Violencia sobre la Infancia que aborde esta y todas las formas que se manifiestan contra los niños, petición que hace suya Save the Children para exigir al Gobierno que "escuche a Naciones Unidas" y lleve a cabo esta medida.

"Las recomendaciones de Naciones Unidas refuerzan las peticiones de organizaciones como Save the Children, desde donde llevamos demasiado tiempo exigiendo una Ley que acabe con la violencia que sufren los niños en España y que eviten casos como el que conocimos ayer del menor de nueve años que fue violado por varios compañeros de colegio", afirma Andrés Conde, director general de la entidad.