El 12 de enero de 1998 Ramón Sampedro se quitó la vida tomando cianuro. Fue el primer ciudadano español en pedir la eutanasia, pero los tribunales le denegaron una y otra vez sus peticiones. La ley no lo permitía así que después de 30 años postrado en una cama decidió poner fin a su sufrimiento con la ayuda de 11 personas. 

Sampedro confió a sus amigos diferentes tareas: uno compró el cianuro; otro lo analizó; el siguiente calculó la proporción; otro lo trasladó de lugar; el quinto lo recogió; otro más preparó el brebaje; el séptimo lo introdujo en un vaso; el siguiente colocó la pajita para que Sampedro pudiera beberlo y el noveno lo puso a su alcance. La décima persona recogió la carta de despedida que el tetrapléjico había escrito con la boca y la última grabó el vídeo de su muerte. 

Una de estas personas fue Ramona Maneiro, la mujer que también acompañó a Sampedro en sus dos últimos años de vida. "Ya han pasado 21 años desde entonces y no nos hemos movido nada. No hemos avanzado", dijo Maneiro el pasado mes de abril respecto a la eutanasia. 

Este martes el Congreso dio el primer paso para que la situación cambie. Como Sampedro hay muchos otros que ponen nombre propio al sufrimiento de no poder elegir el final de su vida tras años de sufrimiento. La aprobación de la ley se debe, en gran parte, a las peticiones y reivindicaciones de estas personas.

De hecho, el apoyo récord a la ley de la eutanasia se alcanzó el pasado julio cuando el único médico en España condenado por ayudar a morir a una enferma terminal, Marcos Ariel Hourmann, comenzó a recoger firmas en apoyo de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer María José Carrasco. 

El caso de Hernández y Carrasco estuvo durante semanas en el foco de todos los medios de comunicación. Hernández fue acusado de un delito de cooperación al suicidio que está en manos de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. "La auténtica verdad es que nosotros, María José y yo, nos propusimos que la ayudaría cuando llegase el momento. En 2018, estaba en un estado irreversible y ya no podía seguir con ese dolor y sufrimiento, por lo que me hice responsable de la situación a la que me había comprometido", explicó el hombre en una entrevista en Público. 

El médico Hourmann lanzó la campaña en favor a Hernández por la "rabia" e "impotencia" que sintió al ver la "injusticia" que se cometió contra Hernández cuando su mujer quería el final cuanto antes. Él tomó la misma decisión en el año 2005. 

"Yo mismo tuve que sufrir en primera persona la enfermedad de mi papá. Aquella hija, suplicándome por la dignidad de su madre, me recordó a mí mismo, viendo cómo mi padre dejaba de ser mi padre poco a poco. Así que agarré la jeringuilla, la llené con cloruro de potasio y se lo inyecté en vena a la paciente. Su sufrimiento desapareció en cuestión de minutos. Meses después, recibí una llamada: estaba acusado de homicidio", recuerda el médico. 

Desde entonces no ha parado de pedir que el suicidio y la eutanasia dejen de estar castigados como están en el Código Penal: con penas de dos a cinco años en el caso del suicidio asistido y, de seis a 10 años en el de eutanasia. 

La Asociación Derecho a Morir Dignamente también está formada por activistas que piden la despenalización de la eutanasia desde 1983. Fue entonces cuando su fundador y profesor Miguel A. Lermas publicó en El País una carta al director explicando su intención de crear una asociación "para reivindicar el derecho a la libre disponibilidad de la propia vida en España". Desde entonces se empezaron a poner en contacto con Lermas centenares de personas para colaborar y crear esta asociación pionera en España. 

Derecho a Morir Dignamente explica que recibe mucha gente que quiere morir, pero es una etapa de deterioro y sufrimiento sobre la que da mucho miedo hablar públicamente. Pese a esto, la asociación tiene más nombres propios que tuvieron la valentía suficiente en su día para contar su deseo de morir ante los medios de comunicación y dar a conocer la importancia de esta ley. 

Madeleine Z. fue otra de estas personas. Era militante por el derecho a una muerte digna y decidió quitarse la vida en 2007, con 69 años y tras sufrir desde 2003 esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En su casa y acompañada por dos voluntarios de la asociación ingirió varios fármacos, pero antes quiso contar su deseo a El País.

"Había visto cómo mi marido [fallecido 20 años atrás] me decía todas las noches, durante tres meses: 'Quítame los tubos y déjame morir'. Yo entonces no supe qué hacer. He pedido la eutanasia a la neuróloga, al médico de cabecera, al neumólogo, y también a varias enfermeras. Sólo una de ellas me escuchó, sin facilitarme ayuda, claro. Los médicos tendrían que estar mentalizados de cuando encuentren una persona como yo, que se va a quedar inválida, prepararle para un suicidio asistido o la eutanasia, tener esta solución, que fuera algo lógico y normal", relató a este medio. 

Las derechas contra la eutanasia y frente a la opinión pública

Es un gran paso para todos estos activistas y defensores de la eutanasia. Celebran este día, pero también esperan que la tramitación no se paralice y que, como quiere el PSOE, se apruebe de forma exprés. 

Por esto mismo, Derecho a Morir Dignamente pide a todos los grupos parlamentarios que se "tramite con normalidad". La asociación critica que ya un intento previo quedó paralizado en la Mesa del Congreso "por el filibusterismo de Ciudadanos y PP para evitar una votación para la que había mayoría absoluta". Ahora la mayoría parlamentaria es progresista, por lo que es bloqueo es más complicado, pero son conscientes de otros recursos que las derechas y la extrema derecha pueden utilizar, como un recurso en el Tribunal Constitucional en contra de la ley. 

Pero los datos muestran que la opinión pública respecto a la eutanasia está muy lejos de la aireada por Vox y el PP ya que hay un apoyo mayoritario de todos los sectores. Según el último Barómetro Neurociencia y Sociedad de IPSOS, el 85% de los españoles se muestra a favor de regularizar la eutanasia y, de ellos, el 49% responde totalmente convencido. Además, siete de cada diez médicos creen que la eutanasia debería regularse por ley según una serie de encuestas realizadas en los Colegios Oficiales de estos profesionales sanitarios.