Una pareja ciega lleva seis meses en prisión por no poder pagar 1.500 euros

Vanesa y Jesús llevan algo más de seis meses en prisión, y seguirán en ella otros nueve y otros veintiuno salvo que encuentren antes la manera de pagar, o a quien lo haga por ellos, los 460 y los alrededor de mil euros que, respectivamente, deben entregar como responsabilidad civil en los juzgados que les condenaron. Esas cantidades son una de las principales trabas que les separan del tercer grado que le permitiría acceder a la semilibertad, aunque no es la única.

Vanesa A. R. ingresó de manera voluntaria en la cárcel de Zuera (Zaragoza) el 4 de junio junto con su compañero, Jesús N. G., para cumplir sendas penas de quince y de veintisiete meses de prisión por delitos de estafa, cometidos al efectuar simpas en establecimientos de hostelería.

Ambos son ciegos, una circunstancia que por sí sola añade dificultades a lo que sería una estancia normal en la prisión y a la que se suman otras como el trastorno bipolar y los problemas de desplazamiento que padece ella. En el caso de él, una hipoestesia o reducción de la sensibilidad en uno de los brazos como consecuencia de un ictus.

Esos cuadros, a los que se añaden detalles como la imposibilidad de utilizar bastones en sus desplazamientos por encontrarse en un centro penitenciario y tener estos la consideración de armas blancas, han obligado a la dirección de la cárcel de Zuera a mantenerlos en la enfermería del penal, donde son ayudados por presos de apoyo en sus actividades diarias.

“Es donde mejor pueden estar”, señalaron fuentes penitenciarias, que confirmaron que ambos se encuentran desde el pasado verano clasificados en segundo grado, el habitual cuando no se trata de presos peligrosos ni se dan las condiciones para acceder al tercero, que es el que abre las puertas a la semilibertad.

Las tres vías para acceder al tercer grado

Campa, el Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón, se interesó por la situación de Vanesa, y paralelamente por la de Jesús, al poco de su ingreso en Zuera. Ambos cumplen una de las condiciones básicas para el acceso al tercer grado que marca el Reglamento Penitenciario, como es el hecho de cumplir penas de menos de cinco años de prisión, pero no las otras dos: haber pagado la responsabilidad civil para indemnizar a sus víctimas, un requisito introducido por el Gobierno de Aznar en la reforma penal de 2003 para dificultar la reinserción de los condenados por delitos graves, y estar “capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad”.

La asociación ha sondeado a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza para tratar de saber si sería viable su reclasificación, a la que podrían acceder en el caso de cumplir las otras dos condiciones.

Hay tres vías para llegar al tercer grado. Una es la concesión automática por la Junta de Tratamiento de la prisión en las revisiones de la clasificación que debe efectuar como máximo cada seis meses, con lo que no tocaría hasta principios de febrero. Otra consiste en que la junta acepte una petición formal del preso en ese sentido, algo que no se ha producido. Y la tercera requiere que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria revoque la denegación de la junta tras un recurso que, obviamente, nadie ha podido presentar.

Una ley autonómica por estrenar

A fecha de hoy, el pago de la responsabilidad civil parece un escollo de una magnitud similar al que entraña acreditar la capacidad de Vanesa y Jesús para vivir en semilibertad, ya que “no existe ni un solo recurso [sociosanitario] en Aragón que se adapte a las necesidades de Vanesa y Jesús, es decir, un piso donde puedan residir y puedan ser asistidos”, señalan desde Campa.

“Las distintas asociaciones y fundaciones con recursos sociales adaptados para necesidades especiales en Aragón nos trasladan la imposibilidad de encontrar una solución”, añaden, ya que únicamente hay disponibles viviendas gestionadas por entidades que “obligatoriamente pasan a asumir la tutela de ambos” para acogerlos, lo que requeriría que previamente fueran declarados incapaces por la vía judicial, con lo que perderían “toda capacidad de decisión sobre sus bienes y sobre ellos mismos”.

La delegación aragonesa de la ONCE no respondió a las consultas de este diario, mientras que el Gobierno de Aragón considera que se trata de un asunto de competencia estatal por no estar transferida la gestión de las cárceles, aunque el Estatuto de autonomía prevé su gestión como potestad ejecutiva.

Mientras tanto, el kafkiano paso por la prisión de Vanesa y de Jesús convive en el tiempo con la entrada en vigor de la flamante ley autonómica de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 34, que lleva casi seis meses sin ser estrenado, prevé que la comunidad “colaborará también con Instituciones Penitenciarias en la atención de reclusos con discapacidad” y que promoverá “programas sociales que posibiliten” la existencia de “procedimientos, servicios y entornos inclusivos y accesibles” que permitan a los tribunales aplicarlos “como medidas sustitutivas” del encarcelamiento”.