El Parlamento Europeo estudiará las denuncias contra la macrocelulosa de Altri en Lugo

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudiará en su primer pleno del mes de octubre las denuncias de los colectivos que se oponen a la macrofábrica de pasta de celulosa que la multinacional portuguesa Altri planea levantar junto al río Ulla en Palas de Rei, en la comarca lucense de A Ulloa.

La Comisión ha admitido a trámite la petición de esas asociaciones a través de la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda, que el pasado abril organizó una visita a Bruselas que les permitió contactar y entrevistarse con eurodiputados, funcionarios y cargos de la Eurocámara y de la Comisión Europea.

"Empezamos el curso con una muy buena noticia para Galicia, y es que acabamos de conseguir que las demandas de las plataformas contra Altri sean tratadas por el procedimiento de urgencia el próximo 3 de octubre", dijo Miranda, según una nota difundida por el BNG.

Los sindicatos y los colectivos ecologistas, vecinales y sociales que se oponen a la fábrica, agrupados en torno a la Plataforma Ulloa Viva, a los que se han unido las mariscadoras de Arousa —el Ulla desemboca en esa ría—, quieren convencer a Bruselas de que no lo financie con fondos comunitarios, como pretenden la empresa, la Xunta y el Gobierno.

Red Natura 2000

Los planes de Altri son levantar un macrocomplejo industrial que ocupará diez veces la superficie de la celulosa de Ence en Pontevedra, junto al Camiño de Santiago, Se ubicará a pocos centenares de metros de varios núcleos poblados y en una zona colindante con áreas ecológicas de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, que la Xunta se comprometió también proteger hace menos de tres años.

La fábrica contará con tres plantas de producción química y con almacenes y depósitos de compuestos peligrosos, así como con varias calderas y hornos para la combustión de madera. Consumirá 1,2 millones anuales de toneladas de eucaliptos y 46.000 litros diarios de agua del Ulla, a cuyo cauce que devolverá 30.000 litros a diferente temperatura y depurados, pero aún contaminados.

Una chimenea de 75 metros emitirá a la atmósfera los gases y partículas tóxicas derivados del proceso de fabricación de celulosa y 60.000 toneladas al año de CO2 , el equivalente a los que producirían más de 21.000 vehículos de gasolina.

Altri, que presentó su proyecto en España a través de la consultora Acento Public Affairs, propiedad de los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), planea invertir 800 millones de euros en Palas que crearán, asegura, alrededor de 2.500 empleos directos e indirectos.

Fondos europeos

La empresa espera conseguir hasta 250 millones de euros de los fondos para proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión.

El pasado marzo, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Ana Miranda, el comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, advirtió de que cualquier proyecto que pretenda acogerse a esas subvenciones debe garantizar el principio de "no causar un perjuicio significativo" y "el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de medio ambiente".

Bruselas ha alertado de que el proyecto de Altri no tendrá fondos europeos si no cumple la legislacion medioambiental

Tres meses después, en respuesta a otra pregunta de la entonces eurodiputada de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius (Lituania) respondió con argumentos similares.

El pasado 4 de septiembre, el eslovaco Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión y responsable del Pacto Verde Europeo, aseguró  tras otra pregunta de Miranda alegando que la información facilitada hasta ahora a la Comisión no permitía "observar ninguna infracción" de las directivas sobre emisiones industriales y sobre la evaluación de impacto ambiental "en esta fase temprana del procedimiento".

Informe del Consello da Cultura Galega

Hace una semana, el Consello da Cultura Galega, un organismo estatutario de la comunidad con competencias de asesoramiento a la Administración autonómica, formado por instituciones culturales, academias, universidades, fundaciones y centros de investigación especializados, publicó un informe de expertos y expertas que desaconsejan la instalación de la celulosa.

Varios cargos de la Xunta y de PP desacreditaron el estudio, incluido su presidente, Alfonso Rueda, a pesar de que, como reconoció posteriormente, no se lo había leído. La secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, llegó a decir sobre quienes se oponen a la factoría: "Si fuera por ellos, aún iríamos en taparrabos".