La patronal Cecot ha anunciado que presentará ante el Tribunal Supremo una demanda de ejecución de sentencia contra el Gobierno central para que devuelva a los consumidores de gas el reintegro del sobrecoste del almacén Castor que ha destinado a Enagás, encargada de llevar a cabo el sellado.

La organización ha informado en un comunicado de que pedirá al alto tribunal que se cumpla la sentencia para que el Estado retorne el importe soportado entre el 2014 y el 2018 por los consumidores de gas en concepto de mantenimiento de las instalaciones gasistas Castor, situadas frente a la costa de Vinaròs (Castellón).

La patronal considera "injusta" la decisión del Ejecutivo de destinar los cerca de 34,5 millones de euros en sobrecostes a "mejorar otras infraestructuras gasistas": "No obedece ni a los fundamentos de nuestra demanda, ni al mandato judicial de la sentencia", sostiene.

"Pagaron por una infraestructura fallida"

El presidente de la patronal catalana, Antoni Abad, ha afirmado que "este dinero de más que pagaron por una infraestructura fallida, que no mejoró el servicio que recibieron durante aquel periodo, ahora en vez de devolvérselo" lo utilizarán para otras finalidades que se desconocen y tampoco saben si podrán beneficiarse, ha apuntado.

Cecot enfatiza además que los consumidores "más intensivos" de gas son empresas, a las que no se ha retribuido por haber pagado "por una infraestructura fallida, que no mejoró el servicio que recibieron durante aquel periodo".

Finalmente recuerda que, en una respuesta escrita remitida al grupo parlamentario de ERC en febrero, el Gobierno informó de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exigió en 2019 el reintegro al sistema gasista de las cuantías abonadas y que cuantificó en 209,7 millones de euros de Escal, 34,6 millones de euros de Enagás y 141,2 millones de euros a entidades financieras.

Sin embargo, el Ejecutivo no explicitó, según la organización, que se hubiera llevado a cabo el reintegro al sistema gasista de los 4,5 millones de euros pagados a la empresa Escal UGS en 2016 o los 141,2 millones cobrados por las entidades financieras.

La actividad del almacén Castor se suspendió en septiembre de 2013 por orden del Gobierno tras los seísmos registrados en la zona y cuatro años después el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.