Empieza el partido y te va mal internet. No es casualidad: es LaLiga y sus métodos antipiratería. Los bloqueos de páginas con piratería que la competición de fútbol ordena a las telecos están afectando ahora también a sitios web legítimos.

Dos sentencias de 2022 permiten a LaLiga y a Telefónica exigir a las operadoras (Vodafone, Orange, MásMóvil, Digi y la propia Movistar) el bloqueo de páginas en las que haya piratería. La medida está en vigor desde entonces, pero no ha sido hasta este febrero cuando sus efectos se han hecho notar con más virulencia: desde principios de mes se multiplican las quejas de usuarios por problemas de conectividad al acceder a servicios que sí son legítimos, desde la plataforma GitHub a la app de mensajería Telegram.

No ha hecho falta indagar mucho para encontrar a los responsables. Cuando hace más de una semana muchos internautas tenían problemas para navegar por la red sin cortes, LaLiga emitía un comunicado en el que presumía de haber “logrado desactivar con efecto inmediato” una “plataforma pirata”. “Esta acción implementada por LaLiga se repetirá en los próximos días”. Dicho y hecho: el martes pasado, durante los partidos de fútbol de la Liga de Campeones, volvieron a aflorar nuevas quejas.

¿Por qué el bloqueo de páginas supuestamente piratas ha provocado cortes a usuarios que acceden a sitios legítimos? La respuesta está en el mismo comunicado. LaLiga acusa a Cloudflare, una multinacional tecnológica proveedora de servicios de redes de entrega de contenido (CDN), de “proteger a organizaciones criminales de forma intencionada con el fin de lucrarse”. Cloudflare ofrece con sus servicios CDN una capa extra de privacidad, un protocolo de cifrado que permite a los dominios ocultar su nombre.

Esta sería la razón por la que LaLiga no está ordenando bloqueos de dominio con una precisión quirúrgica y habría empezado a exigir vetos amplios a rangos de direcciones IP. Este periódico se ha puesto en contacto con la competición pero no ha tenido respuesta. Esta idea, la de “matar moscas a cañonazos” en palabras de Javier Prenafeta, abogado y socio del despacho 451.legal, es lo que habría ocasionado todos estos problemas de conectividad que solivianta a los internautas.

Cloudflare, por su parte, responde. Una portavoz de la tecnológica indica que usan direcciones IP compartidas para gestionar su red, “y hemos advertido de las consecuencias que tienen estos bloqueos”. También pasa al ataque: “LaLiga sabía que el bloqueo de direcciones IP compartidas afectaría al derecho de millones de usuarios a acceder a miles de páginas, pero siguió adelante. Parece creer equivocadamente que sus intereses comerciales deben prevalecer sobre el derecho de millones de usuarios a acceder a un internet abierto”.

La estrategia legal con la que se amparan estos bloqueos

Según los datos del Informe de Transparencia de las Comunicaciones de la propia Telefónica, en 2023 el 82% de las solicitudes de bloqueo de dominios que recibió eran peticiones relacionadas con la piratería. En 2021, Telefónica bloqueó 2.297 direcciones web por este tema. En 2022, fueron 7.485. En 2023, 10.703: el crecimiento es exponencial. Además, la operadora reconoce que sólo ha rechazado siete solicitudes en dos años: cuatro ocasiones en 2022 y tres en 2023. Todavía no hay cifras de 2024.

Fuentes de Telefónica confirman a Público que cumplen “cualquier tipo de orden judicial recibida frente a contenidos ilícitos”. La polémica está, precisamente, en la naturaleza del amparo jurídico con el que se están ejecutando estos bloqueos.

Las operadoras citan dos sentencias que emanaron de dos juzgados de lo Mercantil de Barcelona en julio de 2022. En ambas, las demandantes eran Telefónica y LaLiga. Las demandadas, por su lado, eran las telecos. Efectivamente: Telefónica se llegó a demandar a sí misma. En ambos casos, además, las operadoras se acabaron allanando -retirando del proceso- al aceptar las medidas cautelares que exigían tanto LaLiga como la multinacional española: que las telecos atendiesen un listado semanal de páginas con piratería que tendrían que bloquear con urgencia.

Esas medidas cautelares comenzaron a aplicarse en agosto de 2022 y su vigencia termina hasta la presente temporada de fútbol 2024/2025. Nadie pudo recurrir esa sentencia porque además, según explica el abogado Javier Prenafeta, solo podrían hacerlo quienes forman parte del proceso “y curiosamente todas las operadoras siempre se allanan”. “Me parece sorprendente y peligroso que el juzgado pueda dar carta blanca a lo que uno determine qué es ilegal y qué se puede bloquear sin pasar por la autorización judicial”.

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, corrobora que efectivamente la ley ampara este tipo de medidas. “Lo que la ley no dice es en qué condiciones deben ejecutarse”, y es lo que cupo esperar de las sentencias de 2022. Es el juez el que debería establecer si estos bloqueos “se están sometiendo a un examen de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”. Tejerina ve la necesidad y la idoneidad, pero por el modo en el que se están ejecutando los últimos bloqueos descarta esa proporcionalidad.

A Tejerina, sin ir más lejos, este caso le recuerda al bloqueo que la Audiencia Nacional estuvo a punto de aplicar el año pasado sobre la aplicación de mensajería Telegram. En aquella ocasión, la Audiencia Nacional se retractó días después al descubrir que Telegram no es una plataforma pirata, sino una plataforma para chatear.

De hecho, la Asociación de Internautas anima a todo el mundo a dirigirse a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, para interponer una denuncia. De forma paralela, el prestigioso hacker Román Ramírez, impulsor del congreso de ciberseguridad Rootedcon, está recopilando testimonios y quejas de estos días para impulsar también una queja.

El eterno conflicto entre la antipiratería y un internet libre

La polémica en torno a los bloqueos que están afectando a sitios web legítimos en España es el enésimo ejemplo de la disputa entre el abuso del copyright y la propiedad intelectual frente a la libertad de acceso a una red neutra. Sergio Salgado, del colectivo de tecnoactivistas Xnet, es sucinto y contundente en sus consideraciones: “Si Telefónica usa como argumento que acatan una orden judicial, que lo incluyan en su estrategia de marketing. Que digan que a la hora de contratar con Telefónica, servicios electrónicos pueden verse perjudicados durante horas por el sacrosanto copyright”.

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De hecho, Salgado va más allá, y eleva su enfado a las instituciones públicas: “Si las autoridades permiten que sucedan cosas así debemos evaluar la calidad de nuestras instituciones, y sobre todo la incapacidad de una clase política a la hora de gestionar algo complejo y delicado como es la infraestructura de internet”.

Con el caso particular de estos bloqueos amparados por dos sentencias de 2022, algunos abogados incluso sugieren que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva: los bloqueos de dominios tienen implicaciones sobre terceros afectados que no participaron en ese proceso ni tuvieron ocasión de hacerlo -los titulares de las propias páginas web o, sin ir más lejos, los internautas-. Pero no es el único escándalo relacionado con la neutralidad de red que LaLiga ha protagonizado en los últimos años.

La Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, interpuso una multa de 250.000 euros contra LaLiga por haber aprovechado el micrófono de los móviles en los que se instalaba su aplicación para detectar si se estaba en un bar en el que se estuviese emitiendo un partido irregularmente, sin tener el fútbol contratado. El organismo sancionó porque se hacía ese uso de los micrófonos de los móviles de los usuarios sin advertírselo a estos, aunque el Supremo acabó anulando la multa el año pasado.

También en 2024 LaLiga consiguió unas diligencias previas, también en un juzgado de Barcelona, con el que consiguen desde entonces identificar, a instancias de las telecos, a los usuarios finales que consuman contenidos de fútbol pirateados.