Madrid.- Después de la dimisión del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, tras el fracaso de su proyecto legislativo para sustituir la ley socialista vigente, y de no pocas tensiones internas en el PP, la mayoría absoluta del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha sacado adelante una reforma muy limitada de la legislación actual sobre el aborto que, según toda la oposición, se ha planteado “para consumo interno” y como “una mera justificación electoral”.

La Cámara baja ha dado el visto bueno (180 votos a favor, 140 en contra y 3 abstenciones) este jueves a la iniciativa legislativa propuesta por el grupo parlamentario popular que en este asunto ha sustituido al Gobierno dado que el sustituto de Gallardón, el ministro Catalá, se negó a asumir el proyecto de su predecesor tras la polémica suscitada con su salida del Gobierno. De ese modo, el PP ha venido a sustituir al Gobierno como impulsor de una medida que figuraba en su programa electoral.

El debate de hoy en el Congreso apenas ha aportado novedades sobre las posiciones ya conocidas. Toda la oposición, salvo el subgrupo integrado por los parlamentarios de Unió Democrática de Catalunya y el diputado de UPN, se han manifestado en contra de la iniciativa, como ya hicieron el pasado mes de abril en el debate de toma en consideración de la iniciativa del PP.

“Es una reforma para consumo interno”, han repetido portavoces tan dispares como Joan Tardà, de ERC, y Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD. La portavoz socialista, Ángeles Álvarez, tras denunciar el carácter “electoral” de esta iniciativa, ha asegurado que lo único que va a lograr la reforma de la actual legislación es “la eliminación de la protección de las jóvenes más vulnerables, que son una minoría como demuestran las estadísticas porque nueve de cada diez adolescentes acuden a abortar acompañadas de sus padres”.

La modificación legislativa que se ha aprobado hoy en la Cámara baja suprime el apartado cuarto del artículo 13 de la conocida como “ley Aido”, aprobada en la pasada legislatura socialista, que permite que las jóvenes de 16 y 17 años, aun siendo legalmente menores de edad, puedan abortar sin el conocimiento de sus padres o tutores en el caso de que exista un conflicto con ellos.

Toda la oposición, salvo el subgrupo integrado por los parlamentarios de Unió Democrática de Catalunya y el diputado de UPN, se han manifestado en contra de la iniciativa,

“Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”, afirma el texto de la ley vigente hasta ahora que se ha eliminado.

La intervención de la portavoz del grupo parlamentario popular, la diputada coruñesa Maite González Vázquez, ha reflejado las tensiones internas que el aborto genera en el PP. “Quiero ser muy clara: me dirijo también a los votantes del PP y a aquellos diputados de mi grupo para decirles que no estamos validando el resto de la ley vigente, que recuerdo está recurrida ante el Tribunal Constitucional porque queremos que el alto tribunal se posicione. Nosotros, señorías, entendemos que el aborto no es un derecho de las mujeres”, ha dicho.

Con esta intervención ha pretendido acallar la contestación de una parte de diputados de su grupo contrarios a esta reforma por considerarla insuficiente y contraria al programa electoral del PP que planteaba una reforma de la ley de plazos socialista vigente. Al final han sido cuatro los parlamentarios “díscolos”, al igual que ocurrió en el pasado mes de abril, que han roto la disciplina de voto: Eva Durán, Antonio Gutiérrez Molina, Lourdes Méndez y José Eugenio Azpiroz. Todos ellos defienden tesis de las asociaciones contrarias a la legislación actual del aborto.

En este caso estos parlamentarios del PP han optado por votar claramente en contra – en abril solo la diputada madrileña Eva Durán lo hizo mientras que el resto se ausentaron, entre ellos el histórico José Eugenio Azpiroz -. Durante la votación, pero ni durante el debate – no en el debate – han estado presentes la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y los titulares de Hacienda, Industria, Fomento, Empleo, pero no el de Justicia, aunque no es diputado.

A partir de ahora, la reforma legal, que apenas tiene dos artículos y tres disposiciones adicionales, pasa al Senado donde tendrá una tramitación “rápida” según fuentes parlamentarias de la mayoría conservadora. Antes de que finalice la legislatura la modificación entrará en vigor.