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Prisiones Extienden a todas las prisiones la asistencia letrada por videoconferencia para garantizar la defensa a los internos

El objetivo de la medida es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de las herramientas tecnológicas

Cárcel de Alcalá Meco
Imagen del exterior de la cárcel de Alcalá Meco. EFE.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y el Consejo General de la Abogacía Española han firmado este jueves un convenio que permitirá que todos los internos dependientes de la Administración General del Estado (AGE) se puedan comunicar con sus abogados a través de videoconferencia.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, el objetivo de la medida es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de las herramientas tecnológicas y, en concreto, de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de IIPP.

Así, la Administración penitenciaria se ha comprometido a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones para que este tipo de entrevistas se realicen en las condiciones que marca la Ley y con las debidas garantías de confidencialidad. El Consejo General de la Abogacía, por su parte, se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en todos los colegios de abogados.

Además, el convenio prevé que ambas partes desarrollen un protocolo de uso del sistema para que quede garantizado el carácter complementario y no sustitutivo de las entrevistas presenciales entre letrados y personas privadas de libertad, que seguirán siendo la base fundamental de su defensa.

En la firma del acuerdo han intervenido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz, quien ha destacado que el convenio supone "un paso más en la mejora del derecho de defensa de las personas privadas de libertad en un doble sentido: por un lado, la agilidad en el acceso de internas e internos a sus defensores y, por otro, las facilidades en el desempeño de la labor de letradas y letrados".

Victoria Ortega ha subrayado, por su parte, que con la extensión de esta opción a todas las cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias se conseguirá "ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes". Todo ello, "sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos", ha asegurado.

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