La producción de cannabis para uso industrial se desploma en España y solo resiste en una comunidad del PP

La producción de cáñamo industrial, el cannabis sin componentes psicoactivos utilizado para fibra, grano, biomasa, papel, cosmética y otra gran variedad de productos, se ha desplomado en España tras haber experimentado un espectacular aumento entre 2016 y 2021. Las operaciones policiales amparadas en una legislación ambigua han retraído a los cultivadores. El sector solo resiste en una comunidad, Extremadura, gracias al apoyo decidido de un gobierno que en los últimos dos años ha estado dirigido por el PP, partido que siempre ha sido reacio a cualquier regulación cannábica.

En 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación difundió un comunicado en el que destacó que el cultivo de cáñamo industrial se había multiplicado por ocho en España en los últimos cinco años, de 61 a 510 hectáreas, de acuerdo con los datos registrados en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre superficie de "cáñamo para fibra" declarada en la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC).

Era una extensión pequeña dentro de los cultivos industriales del país, pero con un "interés creciente", precisaba el ministerio en una nota en la que, a continuación, hacía una serie de advertencias a agricultores y técnicos acerca de las especiales características de una planta que también tiene un uso estupefaciente y, por tanto, es objeto de fiscalización internacional.

"El cáñamo (Cannabis sativa L.) –explicaba Agricultura– se ha cultivado a lo largo de la historia como fuente de fibra para uso textil o papel, para la obtención de productos alimentarios, con fines medicinales o para usos cosméticos", señalaba. "Sin embargo, debido a la posible presencia de principios estupefacientes en la planta de cannabis, el productor de cáñamo debe ser plenamente consciente de la normativa aplicable en torno a su cultivo, de qué finalidades se encuentran permitidas y de las obligaciones que tiene que cumplir", proseguía el ministerio. "Cuestiones de gran relevancia, dado que esta actividad puede llegar a tener consecuencias, incluso de carácter penal, en el caso de incumplimiento de la normativa en materia de estupefacientes".

Dos meses después de ese comunicado, la Fiscalía Especial Antidroga redactó una instrucción en la que determinó que, en el caso de las plantaciones de cannabis para uso industrial, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben comprobar, además del registro de los cultivos y las autorizaciones pertinentes, que no se ha realizado ninguna actividad de tráfico de las partes de la planta incluidas en la Convención Única de estupefacientes de Naciones Unidas, que establece que las flores –sumidades floridas– tienen la consideración de drogas, independientemente de la proporción de THC –componente psicoactivo– que contenga.

Esa instrucción fue la respuesta a la consulta elevada por los fiscales de drogas de Andalucía, en la que se quejaban de la diferencia de criterios frente a la proliferación de plantaciones de cannabis con fines industriales o medicinales. En algunas provincias, como Almería, se perseguían penalmente esas plantaciones, independientemente de la concentración de THC en las plantas, y en otras, como Sevilla y Granada, sólo se actuaba contra las que superaban un 0,2% de componente psicoactivo.

 En algunas provincias, como Almería, se perseguían penalmente esas plantaciones  

El resultado de esa instrucción y de las continuas operaciones policiales contra cultivos de cáñamo en toda España ha sido un desplome de la producción tras el espectacular incremento que había experimentado en los cinco años anteriores. Y eso pese a que el propio Parlamento Europeo aprobó en 2020, dentro de la reforma de la PAC, aumentar del 0,2 al 0,3 el porcentaje de THC autorizado para el cannabis de uso industrial.

El "colapso" del sector  

Los datos del anuario estadístico del Ministerio de Agricultura, recogidos en el Informe del Mercado del Cannabis en España 2025 elaborado por la consultora especializada en el sector Cannamonitor, revelan que la superficie cultivada de cáñamo (sumadas las destinadas a fibra y a semillas) ha caído un 98% en los últimos cinco años, de 688 hectáreas en 2020 a 62 en 2024. "Los mapas comparativos evidencian este colapso: de un cultivo extendido por todo el sureste español, con potencial de industrialización y economías de escala, se ha pasado a una producción dispersa, residual y testimonial", subrayan los autores del informe.

Según Cannamonitor, los datos de 2024 reflejan un cambio estructural: el cultivo de cáñamo se concentra ahora mayoritariamente en la producción de fibra (85%) y en terrenos de regadío, lo que sugiere un modelo más intensivo en capital, a diferencia del que antes se cultivaba principalmente en secano y que llegó a alcanzar una superficie de 12.880 hectáreas en 1999.

 El cultivo de cáñamo se concentra ahora mayoritariamente en la producción de fibra  

Pero aunque la producción se haya desplomado en España, el mercado del cáñamo industrial no se ha parado. Lo que no se cultiva aquí, se produce en otros países de nuestro entorno y acaba llegando a los consumidores españoles. La pérdida de empleo rural y valor añadido en muchas zonas de nuestro país que se dedicaban a este cultivo se ha traducido en un impulso para los mismos sectores de otros territorios europeos con marcos regulatorios más claros, como Italia, Suiza o República Checa. Esos países son, precisamente, los abastecedores de la mayor parte del CBD (componente no psicoactivo del cannabis) consumido en el Estado español en preparados de aceites, cremas y otros artículos cosméticos y terapéuticos, según el informe de Cannamonitor.

El cáñamo para la obtención de fibras, semillas y otros muchos productos naturales constituye un sector destacable en Europa, con más de 50.000 hectáreas cultivadas en toda la UE, según los últimos datos difundidos por la Asociación Europeo del Cáñamo Industrial, que resalta, además, los numerosos beneficios medioambientales que proporciona esta planta: su cultivo logra una absorción de entre 9 y 13 toneladas de CO2 por hectárea, estabiliza la erosión, agrega nutrientes al suelo, elimina de forma natural los metales pesados, aumenta el rendimiento de cultivos posteriores y ahorra agua con un 75% menos de gasto hídrico que el algodón, por ejemplo.

El fundador y responsable de la consultora Cannamonitor, Arnau Valdovinos, explica a Público que, pese a los cuantiosos beneficios que reporta, la práctica desaparición de la producción del cáñamo en España ha sido originada por "la falta de adecuación del marco legal, que ha supuesto muchos desafíos para las empresas del sector", en la mayoría de los casos insalvables. "La interpretación española -añade- es bastante vetusta, no se ha ido adaptando a los cambios internacionales, entre ellos la PAC, que prevé que para 2027 se incluya la producción de cáñamo floral, para que se pueda vender también como flor o como biomasa de extracción".

El caso excepcional de Extremadura  

La estadística del Ministerio de Agricultura revela que hay una comunidad que ha resistido al desplome de la producción del cáñamo en España. Extremadura, con 17 hectáreas registradas, representa actualmente una tercera parte del total de superficie cultivada para la obtención de fibra de cannabis. El mapa de cultivos que en 2020 se extendía por todo el sureste, levante, centro y oeste del país se ha reducido ahora, aparte de la comunidad extremeña, a algunas plantaciones en las provincias de Murcia, Tarragona y Zaragoza.

Pero los datos de Extremadura no son fruto del azar. Su gobierno, primero con el PSOE y luego con el PP desde julio de 2023, han apoyado la producción del cáñamo industrial como alternativa al tabaco -en retroceso- y como oportunidad económica para el desarrollo del medio rural de una comunidad donde la agricultura y la ganadería tienen un peso muy elevado.

La comunidad extremeña, donde el 21 de diciembre hubo nuevas elecciones autonómicas, cuenta con un Polo Tecnológico del Cáñamo, integrado en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura, y es el primer territorio que ha aprobado una normativa específica sobre el cultivo del cannabis con fines industriales. Ha puesto en marcha un proyecto en colaboración con Portugal para promover nuevos espacios de biodiversidad a ambos lados de la frontera potenciando la plantación de cáñamo y ha desarrollado otro de cultivo rotativo en las principales zonas de tabaco. Ninguna otra comunidad española ha hecho algo parecido, ni siquiera una mínima parte.

En noviembre de 2023, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible publicó la orden por la que se aprobó la norma técnica específica integrada del cultivo del cáñamo industrial, en la que se recogen las particularidades agronómicas y fitosanitarias de su producción, así como los requisitos propios de su manipulación. La norma abarca las fases de producción, primera transformación y comercialización y contiene todas las prácticas que deben cumplir los operadores implicados.

Posteriormente, la administración extremeña puso en marcha el proyecto Bgreener, dotado con 1,3 millones de euros y financiado con fondos FEDER, para llevar a cabo hasta diciembre de 2026 un plan conjunto con la región portuguesa vecina del Alentejo cuyo objetivo principal es impulsar las zonas rurales de ambos territorios mediante el fomento del cultivo del cáñamo industrial.

El proyecto transfronterizo prevé la evaluación de los potenciales usos del cáñamo como impulsor de la economía verde a través de ensayos de cultivos para la utilización de tallos como fuente de materias primas para biomateriales y de las semillas para alimentos. Además, contempla el estudio de la captura de carbono y la ruptura del ciclo de enfermedades para su uso como cultivo rotativo, la regeneración de los suelos, la mejora de la biodiversidad y la reducción de insumos.

La alternativa al cultivo de tabaco  

Paralelamente, el Gobierno extremeño, la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) y otras entidades han puesto en marcha un proyecto para impulsar el cultivo rotativo de cáñamo en las principales zonas de plantación de tabaco en la comunidad que concentra el 95% de la recolección tabaquera del país.

La plantación se hizo en dos terrenos con una superficie total de cuatro hectáreas en las comarcas de Campo Arañuelo y La Vera, en la provincia de Cáceres, donde se preveía obtener 28 toneladas de cáñamo para destinarlo a la producción de fibra para el sector de la construcción, la industria del papel y la automoción, fundamentalmente. Para ello, Cetarsa, compañía que forma parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), llevó a cabo una adecuación de la maquinaria y estructura de su planta en Navalmoral de la Mata, que pretendía convertir en un referente de la transformación del cáñamo industrial en España.

Y en el municipio cacereño de Malpartida de Plasencia, la empresa Euro Hemp Industries también puso en marcha un proyecto de cáñamo industrial, inicialmente en una superficie de 100 hectáreas que en 2024 preveía ampliar hasta las 500, para destinarla a la producción de semillas, harinas, aceites y cosméticos, principalmente. "Nuestro objetivo es poder iniciar a gran escala el cultivo del cáñamo industrial en la comunidad de Extremadura, colaborando e integrando a empresarios y agricultores locales para poder crear un nuevo sector agrícola en esta comunidad y poder procesar todos los derivados de este cultivo, como son los productos destinados al sector de la alimentación, materiales de construcción, fibras textiles, papel, aceites, harinas y otros productos", detalla la empresa en su página web.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, dejó muy claro el apoyo del Ejecutivo extremeño presidido por María Guardiola, del PP, al cannabis de uso industrial. Fue con motivo del I Congreso Ibérico del Cáñamo, que tuvo lugar en Badajoz en noviembre del año pasado. En el saludo del encuentro, la consejera recalcó que su cultivo puede desempeñar "un papel importante" en la agricultura de Extremadura y contribuir a regenerar las zonas rurales de esa comunidad.

"Esto es muy importante para abordar el desafío demográfico que tenemos en Extremadura. Es decir, sus posibilidades son muchas y, por ello, Extremadura ha sido la primera comunidad de Europa donde se ha aprobado una norma técnica sobre el cultivo del cáñamo", afirmó la consejera popular. "Gracias al sol e inmejorable clima de la región, los cultivos de cáñamo convierten a la región en pionera a nivel estatal, donde administración, centros de investigación y agricultores van de la mano", añadió. "Extremadura cuenta con el conocimiento, los elementos, recursos técnicos y materiales para liderar toda una industria cannábica y que se convierta en pilar de desarrollo económico de los pueblos de la región", zanjó.

Esa apuesta decidida del PP extremeño por el cáñamo contrasta con la posición que ha mantenido el grupo popular en el Congreso de los Diputados, donde en marzo de 2023 se opuso a la proposición no de ley presentada por Esquerra, Unidas Podemos y Bildu para instar al Gobierno a regular el uso industrial del cannabis en España. "Son ustedes bastante contumaces, persisten en la legalización del cannabis, aunque en verdad ahora lo disfrazan del denominado cáñamo industrial, para ver si pueden abrir otra vía. Pues miren, no", dijo el diputado popular Sebastián Ledesma Martín en la comisión donde se debatió la propuesta, que fue finalmente aprobada gracias al apoyo del grupo socialista. "Lo que ahora mismo preocupa a los agricultores (…) es la sequía", añadió el portavoz del PP.

La apuesta del PP extremeño por el cáñamo contrasta con la posición que ha mantenido el grupo popular en el Congreso

En la proposición se exponía que el actual valor del mercado del cáñamo industrial en Europa ascendía en 2023 a 1.200 millones de euros, con una estimación de alcanzar los 2.600 millones en 2026, con 50 millones de usuarios. La propuesta aprobada hace más de dos años solicita avanzar en la regulación para dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo de productos derivados del cáñamo industrial, respetando las competencias autonómicas y el principio de subsidiariedad en materia de la protección de la seguridad ciudadana, sanidad y agricultura.