Los promotores de la ley contra la pobreza energética reclaman responsabilidades al Govern

BARCELONA. Los impulsores de la ley de emergencia social 24/2015, aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya hace más de un año e impugnada en materia de desahucios por el Tribunal Constitucional (TC), organizan una manifestación este miércoles frente al Palau de la Generalitat para exigir al Govern que cumpla el artículo contra la pobreza energética y sancione a las empresas suministradoras que no se corresponsabilicen en la garantía del servicio a las personas en situación de riesgo social.

“La responsabilidad principal la tiene la compañía suministradora por no cumplir lo que establece la ley: comunicarse con los servicios sociales cuando se produce un impago”, explica María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), una de las entidades sociales impulsoras de la ley 24/2015 y organizadora de la manifestación en Barcelona al diario Público. Tal y como establece el artículo 6 en vigor de la ley, dedicado a combatir la pobreza energética, es la empresa suministradora la que debe informar del impago del servicio eléctrico a las administraciones públicas para evitar los cortes a las personas en situación de riesgo social.

Un caso de vulnerabilidad social

La anciana fallecida en Reus, como ha informado la concejala de Bienestar Social, Montserrat Vilella, estaba bajo vigilancia de los servicios sociales desde el año 2013 y ya recibía una ayuda para el pago del agua. Sin embargo, Vilella ha reiterado que servicios sociales no tenía constancia de que se le hubiese cortado la luz y que, de ser así, habrían “avisado a la compañía que no cortara” y hubiesen abierto “un protocolo de ayuda”. Además, según la agencia ACN, hacía unos 10 meses que la mujer no pagaba el alquiler de su vivienda, por lo que el arrendatario le había interpuesto una denuncia judicial de desalojo.