La reapertura de Garoña se topa con obstáculos legales por el Ebro y una inversión de 120 millones

ZARAGOZA .- La reapertura de la central nuclear de Garoña tiene dos escollos de difícil, y en uno de los casos costosa, superación. Las instalaciones deben cumplir las exigencias ambientales que le impuso la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para evitar las afecciones que estaba causando en el río, y eso supone unas inversiones de en torno a 120 millones de euros previas a una explotación que no puede recalentar las aguas que llegan al embalse de Sobrón. La aplicación del segundo obstáculo legal es potestad de la Administración: su concesión para operar en el Ebro puede ser extinguida por caducidad a partir del 7 julio, fecha en la que llevará cerrada tres años y un día.

Medio Ambiente puede retirar la concesión

Sin embargo, esa reapertura choca, además de con las exigencias ambientales, con el cierre voluntario que su propietaria, Nuclenor -una alianza entre Endesa e Iberdrola-, llevó a cabo en 2012, tras haber superado la central los 40 años de funcionamiento, umbral en el que los expertos sitúan el fin de la vida útil de una nuclear. No obstante, el cierre oficial, a efectos administrativos, se produjo el 6 de julio de 2013.

Los tribunales respaldan las exigencias ambientales

La CHE revocó hace dos años y medio, a mediados de 2013, la autorización de vertido de la nuclear. Con la nueva autorización, el funcionamiento de la central quedaba supeditado en la práctica a la construcción de una nueva torre de refrigeración y a la instalación de un sistema de control de la temperatura que debe recibir el visto bueno de la CHE tres meses antes de una eventual reanudación de su actividad. Eso sitúa en el 5 de abril el límite para una bendición que permitiera a Nuclenor evitar la caducidad de la concesión.

El Tribunal Superior avala el principio de cautela

La CHE, por su parte, apeló al “principio de cautela que se aplica a las decisiones medioambientales”, a “la existencia de avances técnicos y tecnológicos o los mayores sistemas de control y medición de los caudales que permiten una mejora de su conocimiento y de los riesgos a evaluar”, además de “al cese de la explotación que tuvo lugar en julio de 2.013 y también a la actualización de las actuaciones derivadas en situación de emergencia” hidrológica en la cuenca. Este organismo optó por establecer “unas nuevas condiciones, más garantistas que las anteriores, para que en el hipotético caso de que esta central se pusiera en funcionamiento estuvieran garantizados los objetivos de protección del dominio público hidráulico, y en particular de su calidad".