Afectados por FidereRebelión de los inquilinos madrileños contra el mayor casero de España

Unos 200 inquilinos de Fidere, la SOCIMI del fondo de inversión estadounidense Blackstone, han decidido plantarse ante las subidas del precio del alquiler que les impone la compañía como condición para renovar sus contratos y ante la imposibilidad de hacer valer su derecho a compra, también por el elevado precio que dicta la propietaria.

Algunos llevan meses con el contrato vencido pero se niegan a abandonar las casas y a firmar unas renovaciones que suponen aumentos de hasta el doble del precio que llevan años pagando. Se trata de urbanizaciones enteras, promociones de vivienda social del plan regional de vivienda joven y del Ayuntamiento de Madrid gobernado entonces por Ana Botella (PP). Fidere compró miles de pisos públicos en grandes lotes —en muchas ocasiones con los inquilinos dentro— a precios por debajo del valor de mercado. Ahora, el fondo pretende venderlas dos o tres veces más caras o mantenerlas en alquiler con rentas que los inquilinos consideran abusivas, por lo que han pedido este miércoles amparo ante el Defensor del Pueblo.

La batalla la comenzaron este verano los vecinos de 80 viviendas de Torrejón de Ardoz, pero la reivindicación vecinal se fue extendiendo a medida que otros inquilinos recibían el mismo burofax de la misma compañía para informarles de las nuevas condiciones. A estos inquilinos, organizados con la ayuda del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid,  se le han ido sumando otros residentes de las calles Juan Gris, Joan Miró, Francisco Salzillo, Benjamín Palencia y Paseo de la Democracia.

A la misma situación se enfrentan los inquilinos de otros barrios y ciudades madrileñas, como los del bloque de la calle Jacobeo, 62-66; Valle del Boi, 8 y Pinar de San José, 17; en Carabanchel. O los de la Avenida Castilla y León, 11; en Tres Cantos. Todos forman parte de la iniciativa Bloques en Lucha.

A la vista de la deriva de Fidere, los inquilinos de varias promociones de Getafe, a quienes el contrato les expira en un año, también se han sumado a la campaña de presión “Madrid vs Blanckstone” que han anunciado para presionar a este fondo de inversión, el mayor casero de España, que ha adquirido en menos de diez años más de 30.000 viviendas y locales. Quieren que se siente a negociar unos alquileres que se ajusten a la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que marca subidas anuales en función del IPC.

1.500 familias afectadas

“Estamos hablamos de cientos de familias afectadas, unas 1.500, según nuestros cálculos, pero es imposible saberlo con exactitud porque Fidere tiene 9.000 viviendas en la Comunidad de Madrid. Hay ya 200 inquilinos a los que les ha vencido el contrato pero se niegan a irse”, afirma Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, que hace un llamamiento a que los afectados por esta situación se pongan en contacto con el colectivo para dar la batalla juntos contra este gigante inmobiliario.

“No somos morosos ni okupas, pero no nos vamos a ir. Tienen que negociar”, asegura Marco Trillo, de 34 años y vecino de una urbanización de Torrejón en la que, afirma, hay más de cien personas en su misma situación. Él pagaba 426 euros por un piso 55 metros cuadrados. Ahora, Fidere quiere 860 euros.

Nadie ha dejado de pagar el alquiler a pesar de que el contrato haya expirado, pero según los vecinos de los distintos bloques en lucha, el último mes, Fidere ha devuelto los pagos. “La próxima vez pagaremos con un giro postal. También lo van a devolver y tendremos que depositarlo en el juzgado”, detalla Trillo. Según Gil, esta estrategia es común en Fidere y otros grandes propietarios, y busca “generar un impago para poder comenzar los trámites de desahucio. Depositando la renta ante el juez mostramos que hay voluntad de pagar por parte de los inquilinos, pero no unas subidas abusivas del 100% del precio”.

“No somos morosos ni okupas, pero no nos vamos a ir. Fidere tienen que negociar”

“Yo pagaba 798 euros por un piso de cuatro habitaciones. Ahora quieren que pague 1.274. Son 500 euros más”, lamenta José Luis Corchero, padre de cuatro hijos, uno de ellos con daños cerebrales tras sufrir un accidente de tráfico. “A raíz de aquello tuve que buscar una vivienda más grande, para que fuera más fácil la movilidad en silla de ruedas. Estos eran pisos sociales y yo entré justo después de que los comprara Fidere. Hay opción a compra pero, si entonces me pedían 150.000 euros, ahora son 300.000”, sostiene. “Somos gente obrera, no podemos pagar esos precios, por eso buscamos este tipo de vivienda para la que pedían claros requisitos. Yo soy conductor de ambulancias, ¿de dónde saco ese dineral?”, comenta el afectado, que da testimonio de que, hasta abril, el 90% de las viviendas de su urbanización, en la calle Juan Miró, 7 de Torrejón, estaban habitadas.

"Somos gente obrera, no podemos pagar esos precios"

“Ahora quedan 15 propietarios y somos 23 viviendas las que pelamos. El resto se ha ido por miedo y por presiones”, sostiene. “No les importa tener la vivienda vacía. Es lo que quieren para poder vender al doble o al triple del precio por las que las compraron”, denuncia Gil, que añade que estas SOCIMIS “operan en España como pequeños paraísos fiscales”, ya que están exentas del impuesto de sociedades.

Según el sindicato y los afectados, esta deriva de Fidere —y de otros fondos que operan en las grandes ciudades españolas— está encareciendo el precio de la vivienda residencial de alquiler. “En Torrejón tienen casi todas las nuevas urbanizaciones y ellos marcan los precios”, explica Trillo, que insiste en que los inquilinos son inamovibles. “Estamos unidos y sólo en mi urbanización somos más de cien. No creo que se atrevan a desahuciarnos”, confía.

Público ha intentado recabar la versión de Fidere sobre la situación de estos inquilinos pero no ha dado ninguna respuesta hasta el momento.