MADRID.- La Ley de Dependencia cumple diez años. Una década que culmina con 355.596 personas esperando una ayuda que ya les ha sido reconocida, un recorte de cerca de 3.000 millones de euros en el presupuesto para estas prestaciones y enormes diferencias territoriales en lo que, en su día, fue un hito en la gestión de los Servicios Sociales en España.

Sólo 856.452 personas de un total de 1.222.048 con derecho reconocido a recibir una prestación la están percibiendo actualmente, según la última encuesta del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), realizada el pasado 30 de octubre. Las personas a las que se les ha reconocido una dependencia severa (Grado II) forman el grupo más numeroso (455.131, el 30%), seguidas de las que padecen Gran Dependencia (Grado III), que son 363.910 (el 23,9%). De todas ellas, 123.136 siguen esperando sus prestaciones.

Por último, otros 393.000 ciudadanos han sido diagnosticados con el derecho a recibir una ayuda por su situación de dependencia moderada (Grado I). Este ha sido el último grupo en entrar en el Sistema de Dependencia. Su incorporación estaba prevista para 2012, pero el Gobierno de Mariano Rajoy la pospuso a julio de 2015.

Un recorte que se suma al tijeretazo de cerca de 3.000 millones que ha sufrido el presupuesto de la ley en la última legislatura. "La norma despegó bien, pero los últimos cuatro años han sido demoledores", lamenta en declaraciones a Público el portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Dependencia, José Luis Gómez Ocaña, que denuncia que el Ejecutivo del Partido Popular "desvió ese dinero para la Dependencia al rescate bancario".

El Gobierno central está pagando el 18% del desarrollo de la ley y las autonomías, un 82%

¿El resultado de estos hachazos? Una lista de espera que ha aumentado en más de 150.000 personas en los últimos cuatro años y 125.000 fallecidos sin prestación, según el Observatorio Estatal de la Dependencia. Precisamente, esta organización presenta este miércoles a los grupos parlamentarios un Pacto por la Dependencia que, de momento, sólo ha rechazado el Partido Popular. De hecho, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, negó el pasado 30 de noviembre, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, que el Gobierno haya recortado su aportación al sistema de dependencia.

La ley exige al Estado la financiación del 50% del desarrollo de la norma y a las comunidades, el otro 50%. Sin embargo, el Gobierno central está pagando el 18% y las autonomías, un 82%, según el Observatorio. Es decir, por cada dependiente, las comunidades aportan 7.000 euros y el Estado, 1.500. Este desfase ha provocado importantes diferencias territoriales en la gestión, la organización y las prestaciones. Por ejemplo, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, mientras Castilla y León tarda 0,1 años en atender a una persona dependiente, Canarias y Catalunya superan los diez. 

El Consejo General del Trabajo Social identifica otro de los problemas clave en estos diez años de Ley de Dependencia: el copago. "La Administración central se ahorra una parte del presupuesto con un instrumento recaudatorio que, además, afecta especialmente a las rentas medias-bajas y es abusivo porque un 50% de los ingresos de los usuarios puede acabar siendo destinado a este copago", denuncia el colectivo en un comunicado. Por todo ello, el sindicato UGT ha reclamado el aumento del 20% en la cuantía de las prestaciones y el cumplimiento de la ley en toda su extensión.

El acuerdo firmado por PP y Ciudadanos, de hecho, plantea aumentar el presupuesto del sistema de dependencia en 400 millones de euros. Sin embargo, Ocaña cree que, como otros aspectos del pacto, "se quedará en papel mojado". El presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (Famma), Javier Font, tampoco confía en esta inversión y reclama, en declaraciones a Público, "centrar el desarrollo de la ley en la autonomía personal de las personas dependientes".