La regulación del cannabis en España, en una encrucijada decisiva

Una eclosión regulatoria ha estallado en pleno otoño, llenando el Congreso de los Diputados de propuestas de ley para legalizar el uso integral del cannabis en España, el lúdico y el medicinal. En menos de una semana, se han presentado dos proposiciones (una de Más País y otra de ERC) y se ha anunciado una tercera, la de Unidas Podemos. Días antes, en el Senado los votos de PSOE, PP y Vox habían tumbado  otra de Izquierda Confederal sobre autocultivo y asociaciones de usuarios. Tal eclosión ha reventado casi en el ecuador de la legislatura –si es que ésta no se agota antes de tiempo- y, a juicio de las organizaciones cannábicas, su resolución será determinante para el futuro legal de la marihuana en nuestro país.

El debate en el Senado de la toma en consideración de la propuesta de ley defendida la semana pasada por el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, integrado en el grupo Izquierda Confederal, fue la espoleta que abrió la caja de los truenos. El proyecto era un compendio de las dos leyes que habían aprobado los parlamentos de Navarra y Catalunya para regular la actividad de las asociaciones de cannabis y que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales en relación al tratamiento de una sustancia contemplada en el Código Penal. Las duras intervenciones de los portavoces del PP y de Vox, con alusiones a terribles efectos de la marihuana –suicidios, violencia de género- y la posición del PSOE alineado en la votación con el bloque duro prohibicionista escocieron mucho en el sector cannábico y en buena parte de la izquierda parlamentaria.

Dos días después del fiasco del Senado, el grupo de Unidas Podemos anunció que a primeros de este mes presentará en el Congreso un proyecto de ley para la regulación integral del cannabis, luego el lunes registró su proposición Más País y el martes lo hizo Esquerra. A falta de conocer el contenido de la elaborada por el grupo que forma parte del gobierno de coalición progresista, las propuestas presentadas por Íñigo Errejón y Gabriel Rufián abordan con diferentes perspectivas y amplitud el cultivo, producción, consumo y funcionamiento de las asociaciones de usuarios, tanto con fines recreativos como terapéuticos. Una, la de ERC, sitúa el listón legal en seis plantas de marihuana en el interior del domicilio y subraya las competencias autonómicas en los procedimientos administrativos, mientras la otra lo pone en 12 individuos femeninos en exterior y una producción máxima de 3,6 kilos en interior, y establece la creación de una Agencia Estatal encargada de la supervisión de todo el proceso.

De esta forma, se ha abierto una encrucijada en el Congreso, donde ya se ha aprobado, a propuesta del PNV, la creación de una subcomisión para estudiar las experiencias de otros países con el cannabis medicinal con el fin de plantear una posible regulación en España, pero sólo para ese uso, no para el recreativo que contemplan también las proposiciones de ley de las formaciones de izquierda. Y es ahí donde, precisamente, quiere llevar el asunto el PSOE, el otro grupo de gobierno y mayoritario. Eso fue lo que dijo su portavoz, Héctor Gómez, cuando le preguntaron por la batería de propuestas regulatorias registradas, lo que alegó su portavoz en el Senado para rechazar la toma en consideración de la proposición de ley de Geroa Bai y, sobre todo, lo que se enuncia en el punto 1077 del capítulo sobre temas de sanidad de la Ponencia Marco del 40 Congreso Federal del PSOE que comienza el próximo 15 de octubre: "promoveremos la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España a través del SNS (Servicio Nacional de Salud) y con prescripción médica".

En la ponencia a su Congreso, los socialistas argumentan que los organismos internacionales han avalado los usos medicinales y terapéuticos del cannabis al bajar su catalogación dentro de los estupefacientes, que la evidencia científica ha dado pasos adelante, con una valoración positiva de posibles usos beneficiosos en algunas enfermedades crónicas y que diversos países de la UE han aprobado el uso medicinal y terapéutico del cannabis. "Los y las socialistas valoraremos los distintos marcos establecidos en Portugal, Francia y Alemania, entre otros países, para implantar el uso del cannabis medicinal en nuestro país", concluyen.

A la espera de que se ponga en marcha la subcomisión

Sin embargo, la subcomisión que fue aprobada el pasado junio aún no se ha puesto en marcha dentro de la Comisión de Sanidad, cuya presidenta es una diputada del PP, Rosa María Romero, cuyo grupo se opuso en el Pleno del Congreso a su creación. Se han designado a los portavoces que participarán en un mandato que tiene prevista una duración de seis meses, pero todavía no se ha decidido ni el calendario ni los contenidos ni los expertos que deberán comparecer para exponer los pros y contras del uso medicinal de la marihuana. Y el reloj sigue corriendo, la legislatura se acerca a su ecuador y los plazos se comprimen cada vez más para que dé tiempo a tramitar la ley que regule ese uso, si tal fuera el resultado concluyente de la subcomisión.

Ese es uno de los mayores miedos de las organizaciones de usuarios, que no dé tiempo, que todo, al final, se quede en nada y se acabe desperdiciando una legislatura presuntamente propicia a la regulación con una coalición progresista en el gobierno. La presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, Carola Pérez, advierte de que es urgente que se ponga en marcha la subcomisión, que se determinen sus contenidos y los comparecientes, porque en ella se juegan mucho los pacientes que tratan sus dolencias con marihuana.

El otro Observatorio, el Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, formado por un grupo español de expertos en diferentes disciplinas, considera también fundamental la suerte que corra la subcomisión, lo que se debata en ella y lo que luego se decida. "En el momento en el que estamos, es muy importante saber qué pasa con el cannabis medicinal –explica su portavoz, Hugo Madera-. Si se empieza por ahí, tenemos que saber qué modelo se va a elegir, porque la legislación europea sí que permite el autocultivo medicinal y nosotros nos oponemos a que todo se quede en un oligopolio de las farmas (industria farmacéutica). Hay que ver con qué criterios se eligen a los expertos que van a comparecer y a quiénes se eligen".

El Observatorio Europeo, que ha colaborado en la elaboración de la proposición de ley de Más País, considera que el proceso de la regulación del cannabis en España se encuentra ahora en un momento histórico que es malo y bueno, a la vez. Malo, porque, a su juicio, nunca ha habido tantas detenciones y procedimientos judiciales contra bancos de semillas, tiendas grow, venta de CBD, cultivadores de cáñamo industrial y asociaciones de usuarios, porque no hay transparencia en la concesión de licencias para plantar marihuana que aprueba la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad (AEMPS) con fines de investigación y de producción medicinal, de las que ya disfrutan 24 empresas y entidades públicas y privadas, y porque la propia AEMPS está participando en la elaboración de una guía de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que puede determinar el futuro legal del cannabis terapéutico.

Y es un momento histórico bueno, a juicio, de Hugo Madera, porque ha habido una batería de propuestas de ley regulatorias en el Congreso y en el Senado: "Nunca ha habido este movimiento de propuestas en las instituciones políticas españolas, teniendo en cuenta, además, que una de ellas la va a presentar un partido de gobierno".

La "cannabización del Congreso de los Diputados"

En Luz Verde, el primer partido cannábico de ámbito nacional, impulsor en su anterior etapa como RCN-NOK de la iniciativa popular que dio lugar a la ley navarra de usuarios, también piensan que es un buen momento para el proceso regulatorio. "Esta semana se ha cannabizado el Congreso de los Diputados español", señaló esta formación en un comunicado, en el que expresó su "enorme alegría" por las proposiciones normativas que "amparan el trabajo" de los grows, los bancos de semillas y las asociaciones, y dan cobertura legal al cultivo para el propio consumo, y también por el hecho de que en su presentación hayan estado líderes políticos destacados como Errejón y Rufián.

Su portavoz, Fermín Les, sostiene que la presentación de estos proyectos "enriquece el debate" y refleja mejor la realidad del cannabis en España. "Las tres tienen como punto de unión el autocultivo para consumo, las asociaciones de cannabis y todo lo que se ha hecho aquí desde el activismo durante treinta años". Por eso, a su juicio, el grupo socialista no va a poder mantener ya el mismo "discurso retrógrado y alejado de la realidad" que planteó en el debate del Senado, cuando, además, hasta Ciudadanos se ha mostrado a favor de abordar las propuestas presentadas por Más País y ERC. "Creemos que el PSOE no puede, como ha declarado, meter las tres propuestas de ley de regulación integral en una subcomisión para el estudio de las regulaciones medicinales de otros países".

La federación catalana de asociaciones cannábicas Catfac, que ha colaborado en la proposición de ERC, también hace una lectura positiva de lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso, cree que da a entender que hay ganas de afrontar de una vez el debate sobre la regulación y que en el horizonte, al fin, se abren buenas expectativas. Pero, al igual que Luz Verde, esta organización entiende que el debate no se puede limitar a lo que se haga en la subcomisión de Sanidad. "Son caminos paralelos que pueden ser compatibles. Una cosa es una cuestión médica, medicinal, y otra es lo que se regule sobre el autocultivo y los consumos", señala su portavoz, Eric Asensio.

En lo que están de acuerdo la mayoría de las organizaciones cannábicas consultadas por Público es en que el futuro de la regulación pasa por la unidad para presionar a los partidos parlamentarios a que lleguen a acuerdos y no vaya cada uno por su lado. Según Asensio, su organización y el Observatorio Europeo ya han acordado trabajar para que finalmente haya una única propuesta de ley en el Congreso, a falta de conocer todavía el contenido de la que ha anunciado el grupo de Unidas Podemos. Hugo Madera también entiende que lo más útil sería que la sociedad civil animase a los grupos políticos a llegar a un consenso con el fin de sumar los apoyos necesarios que hagan posible la aprobación de una ley. "La aritmética parlamentaria ahora no nos da, de modo que tiene que haber también presión de la sociedad civil", explica el portavoz del Observatorio Europeo.

Y esa llamada a la "unidad cannábica" también la han hecho desde la formación Luz Verde, que ha animado a "consumidores, pymes y clubes a empujar más que nunca movilizaciones y argumentos favorables a estas iniciativas y el uso responsable del cannabis adulto en todo el territorio español".

Decepción en el Observatorio del Cannabis Medicinal

El Observatorio Español del Cannabis Medicinal no es, en cambio, tan optimista. Es más, su presidenta dice que se ha enterado por los medios de comunicación de las proposiciones de ley que se han presentado en el Congreso, que nadie ha consultado sobre el contenido a su organización, pese a que da voz a miles de personas que en nuestro país utilizan el cannabis con fines terapéuticos para tratar un gran número de enfermedades y dolencias. Sobre todo, Carola Pérez se muestra decepcionada con Más País, formación con la que llegó a colaborar en algún acto en la última campaña electoral de la Comunidad de Madrid. "Me duele –afirma- que utilicen a los pacientes. Cuando llegan las elecciones sacan a Carola para dar un punto de humanismo con el dolor. Y luego se olvidan de todo".

Que se hayan presentado tantas proposiciones de ley en el Congreso casi a la vez no es bueno tampoco, a juicio de la presidenta del Observatorio Medicinal. "Parece que hay una carrera de egos, pero al final nos vamos a quedar todos sin pan y sin perro", dice. A su entender, debería de primar el consenso y no las luchas partidistas que pueden utilizar al movimiento cannábico para sus intereses y, también, poner en riesgo la subcomisión que se ha creado en el Congreso para el cannabis terapéutico.

Lo cierto es que casi desde que comenzó esta legislatura, hace ya cerca de dos años, diferentes organizaciones de usuarios de cannabis, medicinal e integral, han mantenido contactos con diferentes partidos para tratar de encauzar alguna propuesta conjunta de regulación que pusiese a España en el siglo XXI en un ámbito donde sigue vigente la ley de 1967 por la que se regulan las autorizaciones para cultivo de marihuana que concede la AEMPS. Sin embargo, finalmente las formaciones políticas no han llegado a ningún acuerdo entre ellas y cada una ha presentado un texto por su cuenta, una falta de consenso que los propios responsables de ERC reconocieron en la presentación de su proposición en el Congreso.

Y mientras España sigue sin avanzar en la regulación del cannabis, otros países no dejan de dar pasos. La proposición de ley de Más País recoge en su exposición de motivos que

se trata de "una tendencia internacional creciente, impulsada no sólo por cada vez más estados norteamericanos". Y señala que "otros países de nuestro entorno cultural y con fuertes lazos históricos, como México, Uruguay, Argentina, Chile o Colombia, ya han avanzado en ese sentido" y junto a ellos, países de la Unión Europea, como Portugal o Alemania, empiezan a establecer regulaciones que, aunque tímidas, van en la misma dirección". Y la de ERC resalta que "más de 40 países de todo el mundo, incluyendo a 12 europeos, ya gozan de marcos regulatorios en materia del uso medicinal del cannabis".

El texto de la formación de Errejón también ofrece unos llamativos datos económicos: pone como ejemplo que la regulación ha generado sólo en Colorado (EEUU), una de las grandes potencias del cannabis, miles de empleos y el ingreso de más de un billón de dólares entre impuestos directos e indirectos en menos de una década. Y estima que en España, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, se podrían crear 100.000 empleos directos y la generación de en torno a 3.312 millones de euros al año a través de impuestos, además de un notable ahorro en costes de tramitación policiales y judiciales gastados en la persecución de la marihuana.

En las dos proposiciones de ley figuran los datos del último Barómetro del CIS en el que se preguntó por la legalización de la marihuana, el que se publicó el pasado mes de abril. La encuesta refleja que el 49,7% de la población española está a favor de que se permita su venta en determinados establecimientos y en determinadas condiciones, un porcentaje que sube hasta el 90,1% si es para uso médico.