Ni reparto real de cuidados ni adaptado a todas las madres: el espejismo de la igualdad en los permisos de crianza

Cuando llega un bebé a una familia, lo habitual es que, en caso de que ese hogar esté integrado por más de una progenitora, ambos se acojan antes o después a las 16 semanas de permiso que hasta ahora reconocía la ley. Los datos reflejan que, además, la mayor parte de ese tiempo la pareja lo suele disfrutar de manera simultánea. Una aparente simetría que, sin embargo, no termina de asentarse en el día día, sobre todo en el contexto de las parejas heterosexuales, donde ya se sabe que los roles de género calan hasta la saciedad. "Ayudar", "dar apoyo" o "echar una mano" en casa son expresiones que muchas madres han tenido (y, para qué mentir, tienen) que escuchar, aceptar y hasta, paradójicamente, alegrarse. Frente a esta dinámica heredada y reproducida, con mayor o menor consciencia, el Gobierno ha aprobado la ampliación a 19 semanas para cada progenitor y 32 en el caso de familias monomarentales.

El anuncio se suma a un proceso de reformas iniciado en 2019 y culminado en 2021, cuando España igualó por primera vez los permisos de maternidad y paternidad en 16 semanas. Con esta nueva ampliación, se afianza un modelo de igualdad formal, donde ambos progenitores disponen del mismo tiempo, intransferible y con retribución garantizada por la Seguridad Social.

Una novedad que ha sido muy bien recibida entre las familias al mismo tiempo que ha suscitado algunas preguntas. ¿Sirve esta política, por sí sola, para transformar realmente el reparto de los cuidados? ¿Hasta qué punto favorece un cambio cultural y social más profundo, o se queda en un ajuste laboral que deja intactas toda una serie de asimetrías que subyacen de fondo? No es un debate sencillo. Por ello, conviene escuchar a quienes llevan años siguiendo de cerca el impacto de estas mejoras.

El estudio ¿Cómo incide el nuevo diseño de los permisos de nacimiento en la corresponsabilidad? Un análisis con registros administrativos de la Seguridad Social de 2016 a 2023 refleja que, aunque la igualdad a nivel normativo ha supuesto un avance indudable, el modo en que los padres disfrutan del permiso suele reforzar el papel secundario de los hombres en la crianza. Ese es precisamente uno de los nudos de la disputa que se plantea desde la PPiiNA. La organización, que lleva casi dos décadas impulsando la ampliación de los permisos igualitarios, insiste en que la clave no es solo cuánto duran, sino cómo se diseñan. "Si un permiso es transferible, lo más probable es que sean las mujeres las que lo acaben asumiendo, porque todavía pesa el mandato social de que sean ellas quienes cuiden", advierte Virginia Carrera, coportavoz de la plataforma, en conversación con Público. De ahí su insistencia en que a cada progenitor le sea reconocido como derecho propio e irrenunciable.

Carrera sostiene que "cualquier política pública que hable en términos de cuidados tiene que tener un objetivo; y el objetivo actual de un sistema como el nuestro es la corresponsabilidad. Es decir, repartir el cuidado". El problema, añade, es que las sucesivas reformas no han roto con los imperativos que definen los comportamientos de género en el ámbito del hogar: "Lo que no queremos es que los permisos mantengan los roles de cuidados. Si alguien no cuida en exclusiva, no asume la responsabilidad. Se puede ser muy buen padre y ayudar a la madre, pero eso no te convierte en el principal responsable de ese cuidado".

Una de las críticas centrales de la PPiiNA, por consiguiente, es la obligatoriedad de que ambos progenitores disfruten parte del permiso al mismo tiempo. Carrera lo define como la "trampa de la simultaneidad": "Si no metes mano, hablando claro, a la simultaneidad, la mantienes, la fomentas. Con ella seguimos manteniendo al padre ayudante y a la madre protagonista", resume. Por eso, insiste en la importancia de un diseño alternativo y más flexible que permita turnarse en el cuidado, garantizando que ambos pasen períodos a solas al frente de la crianza.

La experta en políticas de igualdad en las relaciones laborales subraya la dependencia de la voluntad de las empresas como otra dificultad. Y es que aunque la ley reconoce semanas no simultáneas, en la práctica muchos trabajadores deben negociar cómo las disfrutan. A su juicio, este condicionante perpetúa desigualdades, porque muchas familias acaban aceptando la fórmula más sencilla, que no es otra que acumular semanas de baja compartida, con la mujer por lo general al frente.

Carrera matiza que no se opone a la ampliación de los permisos y, de hecho, recuerda que antes los padres apenas contaban con tres días; pero alerta de que una oportunidad que, a juicio de PPiiNA, podría llegar a ser histórica se está perdiendo. Su apuesta es "reducir de seis a dos semanas la exigencia de usar el permiso de forma simultánea a partir del parto, lo que permitiría, al contrario que ahora, al padre cuidar mientras la madre vuelve al empleo y, además, alargar el cuidado del bebé en el hogar: en lugar de 26 semanas (6+10+10) el bebé estaría cuidado en casa 30 semanas (2+14+14)". "Cuidar se aprende, no va en el ADN ni en la genética. Y ya es hora de que las mujeres no seamos las únicas que tenemos esa 'oportunidad' de aprender", concluye Carrera.

Pero para otras voces feministas, como las de PETRA Maternidades Feministas, la crítica va en otra dirección. Una que pone la mirada en cómo la igualdad formal puede llegar a invisibilizar necesidades concretas de las personas gestantes, dejando en un segundo plano los cuidados sexuados que no se pueden delegar y que muchas veces atraviesan el proceso reproductivo. Ellas mismas lo expresan así: "Las madres que gestamos y parimos pasamos por procesos sexuales y reproductivos que están totalmente invisibilizados". Por ello reclaman permisos específicos, uno preparto y otro puerperal, que reconozcan las particularidades físicas y emocionales de esta etapa.

Su propuesta, en cuanto a la duración, es ligeramente diferente, en un sentido donde sí que abogan por la transferibilidad y universalización. Aquí el énfasis está en que la madre tenga un reconocimiento, digamos, prioritario de semanas para proteger sus procesos de recuperación y crianza. PETRA incide en que el sistema actual penaliza especialmente a mujeres en empleos precarios o sin contrato. Frente al modelo contributivo, proponen extender derechos incluso a quienes están fuera del mercado laboral formal.

En el fondo, ambas están visibilizando que el sistema de permisos por sí solo no garantiza que los cuidados tengan valor social, ni que se sostengan colectivamente. En otras palabras, los dos colectivos apuntan de alguna manera a que las políticas ahora mismo vigentes siguen limitándose a un mercado laboral que no sitúa los cuidados como eje central de la vida.