"De Irene disponíamos imágenes previas y por eso yo mismo la voy a detener". Así reconocía un agente de los Mossos d’Esquadra que el cuerpo policial cuenta con un archivo de imágenes para cotejar la identidad de 13 estudiantes, encausados por presuntos delitos de desórdenes públicos y daños en una manifestación estudiantil. Ninguno de ellos fue identificado por la policía durante la protesta, convocada para pedir la rebaja de las tasas universitarias, por lo que los abogados se preguntan cómo llegaron a sus nombres. Esta no es la única vez en que Mossos ha dejado entrever que cuentan con un banco de datos con nombres de activistas y militantes de organizaciones políticas.

"Nos sorprendió el descaro con el que reconocían que habían consultado diligencias policiales por 'actos similares'", explica uno de los abogados de los estudiantes, Xavier Monge, de la organización antirrepresiva Alerta Solidaria. Se referían los Mossos a la ocupación de la Secretaria d’Universitats meses antes por el movimiento estudiantil, pero también a las protestas vecinales contra el plan CAUFEC, las movilizaciones contra el autobús tránsfobo de la ultraderechista Hazte Oír o la entrada de la sede del PP convocada por la organización Arran en 2017 en defensa del referéndum del 1-O. Incluso en una ocasión un agente justificó el reconocimiento de dos acusados por televisión en una de estas protestas.

"Este concepto de 'actos similares' es peculiar. ¿Qué tienen que ver el CAUFEC o el PP con la protesta? ¿Con qué criterio guardas todo esto? Pues con el de reprimir la disidencia política y unas organizaciones concretas", opina Monge. El abogado explica que, para abrir diligencias contra una persona en una manifestación, lo adecuado sería hacer una identificación en el lugar de los hechos e incluso sacar imágenes durante la movilización. Dado que en el caso de los estudiantes no fue así, la defensa preguntó cómo habían llegado a sus nombres: "El Mosso instructor señaló que habían sido sus subordinados quienes los habían identificado, mientras que ellos señalaban al instructor o decían no recordarlo. Si fue el instructor quien pasó los nombres, se trata de una investigación prospectiva: no tengo hechos delictivos que quiero investigar, tengo autores a los que quiero encausar, y busco hasta encontrar".

Una práctica habitual

Esta no es la primera vez que activistas se encuentran con identificaciones que apuntan al almacenaje de imágenes. También les ocurrió a ocho jóvenes que participaron de un primero de mayo en 2016 a los que condenaron por un delito de daños con multas que suman 24.000 euros entre todos. "No nos identificaron durante la movilización, pero dicen que nos monitorizaron las redes sociales", explica Salim B. Durante su juicio, de nuevo, los Mossos afirmaron haber relacionado las imágenes de uno de los acusados con otras anteriores, y que luego encontraron al resto de encausados mediante sus vínculos por redes sociales y likes en páginas de contenido político. "Tenemos la sensación de que nos persiguen por militar donde militamos", dice Salim.

Esta impresión es compartida por los estudiantes, tal como explica Alba Monfort, una de las encausadas: "Parece que querían perseguir nuestras militancias en el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y en las asambleas de facultad". Monfort no entiende cómo la identificaron a ella: "Dicen que accedieron a un perfil de Facebook, pero tampoco especifican cuál… Y si me buscaron, es que tenían mi nombre. Ni me han identificado, ni tengo antecedentes penales. No debo constar en ningún registro, en principio".

Monge recuerda también el caso de los 16 encausados en 2008 por quemar una fotografía del rey en Girona, cuyas identificaciones fueron puestas en duda, o el que fue aún más polémico, los jóvenes encausados en la huelga general de 2012, cuyas fotos fueron expuestas en una web creada por la conselleria de Interior dirigida por Felip Puig para que la ciudadanía los identificara. Otro episodio fue el de 2013, cuando Anonymous filtró 38 documentos elaborados por el Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (CESICAT) donde habían registrados los movimientos de una serie de activistas por las redes sociales, entre los cuales estaba también Monge: "Mossos encargó una monitorización de perfiles abiertos en las redes sociales con criterios políticos". Algunas de las personas monitorizadas fueron el exdiputado de la CUP David Fernández, el fotoperiodista Jordi Borràs o la exmiembro de la mesa por ERC, Anna Simó. Fue a causa de este escándalo que el actual vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, pasó a dirigir esta institución.

Un reglamento con mucho margen

¿Qué información puede almacenar la policía? Según la IRP/435/2009 sobre ficheros policiales "que contienen datos de carácter personal", Mossos está autorizado para contar con un "sistema de información de la policía de la Generalitat de personas físicas" (SIP FP) con finalidades tales como "gestionar las actividades relevantes para la seguridad ciudadana" o "prevenir las infracciones penales". La lista de posibles afectados es muy amplia, y no solo cubre aquellos incluidos en atestados policiales o en un procedimiento penal, también aquellas "sobre las que existan intereses policiales en vigor" o "relacionadas con información de interés policial". Ningún responsable de los Mossos ha querido comentar los hechos constatados en este reportaje, por lo que Público no ha podido recoger su posición.

Fuentes de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) aseguran que la policía solo puede recoger la información necesaria para la investigación de un delito o cuando "haya un peligro real para la seguridad pública". En el caso de que se trate de "categorías especiales de datos", como son la afiliación sindical o la ideología, hace falta que se trate de "una investigación concreta". Además, los datos solo se podrán conservar mientras sean necesarios para la investigación: "Se deben cancelar si ya se han exigido responsabilidades, si ha habido una sentencia absolutoria o si ha prescrito el delito". Este precepto cambiará el próximo 17 de junio con la nueva ley orgánica 7/2021, que establecerá un periodo máximo de 20 años de conservación, a menos que haya investigaciones abiertas.

En cuanto a las imágenes con sistemas de videovigilancia, la APDCAT asegura que tan solo se pueden conservar durante un mes, a no ser que haya una investigación abierta, algo que no casa con el caso de los estudiantes, así como tantos otros. "Se debe justificar cómo se llega de una imagen a otra, y a un nombre, y a una identificación", algo que según Monge no siempre se hace. Por eso, recomienda a todo el mundo tramitar la cancelación de registros policiales y penales, ya que el cuerpo policial no siempre cumple con la obligatoriedad de borrar los datos tanto si se ha pasado por un proceso judicial como si, simplemente, alguna vez se ha recibido una multa.