Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por su negativa a crear el registro de objetores al aborto

El Ministerio de Sanidad ha denunciado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su negativa a crear el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto. El departamento que dirige Mónica García ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ejecutivo madrileño ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según ha anunciado la propia ministra.

"Hay un incumplimiento de la ley flagrante. Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas", ha denunciado García en una declaraciones en el programa Al rojo vivo de La Sexta.

Por ello, solicita a la sala de lo contencioso del TSJM que, como medida cautelar hasta la llegada de la sentencia, ordene a Madrid elaborar este registro no sólo porque así lo mandata la ley del aborto, también porque esta comunidad, junto con el resto, votó a favor de la creación del protocolo de objetores en un Consejo Interterritorial celebrado en 2024 que es de "obligado cumplimiento".

De adoptarse esta medida cautelar, ello no supondrá prejuzgar el fondo del asunto, algo que el tribunal hará en sentencia, sino garantizar "el cumplimiento por la administración autonómica demandada de una obligación legal", en este caso de la ley del aborto y de un acuerdo del Interterritorial, insiste.

Argumenta Sanidad además que la falta de creación del registro "genera consecuencias negativas y graves para las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo, para los profesionales sanitarios y para la organización del propio Sistema Nacional de Salud".

"Estamos viviendo una ofensiva contra los derechos de las mujeres que no es ni casual ni es aislada, se expresa en decisiones institucionales, en decisiones políticas, de incumplir la ley y también en declaraciones absolutamente nauseabundas que ponen en duda a las víctimas de las agresiones sexuales", ha manifestado la ministra en declaraciones recogidas por Público.

Tal y como recuerda en su demanda, son muchas las comunidades que ya lo han desarrollado: Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, Euskadi, Murcia, País Valencià e INGESA (Ceuta y Melilla), mientras que Andalucía y Asturias se encuentran en fase de tramitación.

En octubre, la ministra hizo un requerimiento a Aragón, Balears y Madrid para que lo hicieran, pero sólo las dos primeras atendieron la solicitud, tras lo cual inició los trámites para que fuera la justicia la que la obligara.

Ante la falta de respuesta, Sanidad, a través de la Abogacía del Estado, formaliza esta demanda que se sustenta en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 sobre la ley del aborto.

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En ella, el alto tribunal dictaminaba que "el respeto al derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral, en conexión con su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, exigen del legislador el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada".

La interrupción voluntaria del embarazo está incluida además dentro de las prestaciones de la Cartera Básica de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, a lo que se une el real decreto de 2010 de garantía de la calidad asistencial, que desarrolla los requisitos que aseguran el acceso en condiciones de igualdad en todo el territorio.

Igualmente está amparado el derecho a la objeción de conciencia, lo cual se traduce en que "la ley ha de armonizar" éste con la garantía de la prestación por parte de los servicios de salud.

Es por ello que se creó precisamente el registro, cuya única finalidad es que los responsables de los servicios públicos de salud "tengan conocimiento de la disponibilidad del personal sanitario y puedan organizar en la debida forma" la prestación del aborto.

"La medida cautelar positiva cuya adopción se interesa deviene necesaria para asegurar el cumplimiento por la Comunidad de Madrid de las prestaciones sanitarias correspondientes a la IVE, en su ámbito, con pleno respeto a los derechos de los profesionales objetores de conciencia", concluye.

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La ministra ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo un mes de plazo para presentar el registro, al tiempo que ha resaltado que dicho documento también sirve para garantizar los derechos de los objetores.

Para García, según ha apuntado, "todo forma parte del mismo clima que es cuestionar la palabra de las mujeres, sembrar miedo, estigmatizar y hacer retroceder, hacernos retroceder en derechos que nos han costado décadas conquistar".

"Nosotros, obviamente, vamos a defender los derechos de las mujeres y a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y una de ellas es este contencioso", ha señalado García, quien ha denunciado también que Ayuso ha recortado los derechos de las mujeres.

En este contexto, la ministra de Sanidad ha criticado que la Comunidad de Madrid vive al margen de la ley, en una "especie de trumpismo cañí". "Al final lo tenemos que pagar las mujeres con derechos o los ciudadanos y ciudadanas con derechos que nos han sido relegados después de muchos años de conquista", ha añadido García.

"El registro de objetores, que es una herramienta imprescindible para asegurar el derecho del aborto, se tiene que cumplir de manera efectiva y sin obstáculos", ha zanjado la ministra.