BARCELONA.- La reducción del gasto y el Real Decreto Ley 16/2012. Esto factores marcaron un antes y un después en la sanidad pública en España. Pasó de estar en una situación estable a un estado de gravedad. El propio personal sanitario, con múltiples manifestaciones, pusieron la voz de alarma. La presión social logró frenar o compensar algunas de esas pérdidas. Hoy día se mantiene con múltiples deficiencias y sobrevive con los cuidados de un personal que intenta cubrir todas sus heridas como puede. Aunque algunos creen que lo peor está por venir. Las leves subidas en las partidas de sanidad en los últimos Presupuestos Generales del Estado, de cara a las elecciones, no han mejorado mucho las estadísticas.

España se encuentra en el grupo de países de la OCDE donde más cayó el gasto en sanidad entre 2009 y 2013, acompañada de países como Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Portugal o Italia.

Para el personal sanitario estas cifras representan despidos, congelación de las retribuciones, falta de plazas de empleo público, restricciones en la contratación de personal temporal y trabajar con una mayor presión asistencial.

Para los ciudadanos, más listas de espera, diagnósticos erróneos, cierre de centros médicos, exclusión sanitaria, copago farmacéutico y padecer las peculiaridades de la gestión privada. Hablamos con diversos colectivos y asociaciones que muestran la situación actual de la sanidad pública y las amenazas que están por venir.

“Este plan de recortes viene de las primeras propuestas que se hicieron en el mundo y que arrancan en los años 70, en la época de Reagan y Thatcher”, puntualiza Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Este contexto está marcado por una ideología que se tradujo en una “ofensiva neoliberal en todo el mundo”, según este portavoz. Tendencia que se ha manifestado, de diferente manera, en diversos países. Pero, en todos los casos, con un denominador común: privatizar centros sanitarios públicos, recortes de personal, introducir copagos y favorecer el aseguramiento y la sanidad privada.

“Entre 2009 y 2013, hubo una disminución del 20,3% del presupuesto del sanitario público"

Entre 12.000 y 23.000 euros menos se destinan al sistema sanitario, según la FADSP. Recortes que tuvieron un impacto diferente según la comunidad autónoma. “Entre 2009 y 2013, hubo una disminución del 20,3% del presupuesto del sanitario público que iba desde el -7,9% en Cantabria hasta el -28,5% en Castilla La Mancha”, concreta Sánchez Bayle.

A esos recortes se suma la deuda sanitaria de las CCAA, de 6.223 millones de euros, donde tiene mucha repercusión el aumento del gasto farmacéutico hospitalario. Y la tendencia es que irá a peor. Desde la federación recuerdan que el Gobierno prevé disminuir el gasto sanitario en porcentaje sobre el PIB. En el año 2009 era del 6,7% y la previsión para 2018 será del 5,3%. Es decir, habrá nuevos recortes a la vista.

No hay estadísticas que lo confirmen con certeza pero, según las cifras que maneja la FADSP, hay entre 45.000 y 55.000 trabajadores menos en el sistema sanitario comparado con 2009. ¿Las consecuencias? “Cierre de plantas hospitalarias, de quirófanos, de consultas, de puntos de atención continuada, no se cubren jubilaciones, hay un deterioro de condiciones como trabajar horas de más, menor retribución, más precariedad; y aumenta el estrés, los errores y la presión asistencial”, desglosa Sánchez-Bayle.

“La enfermería es uno de los colectivos que más sufre esta situación caótica”, apunta Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente. Detalla situaciones como “trabajar horas de más, sobre todo en festivos. Una enfermera se puede encontrar con veinte pacientes para ella sola y, si algo falla, ella es la denunciada a pesar de trabajar con esa presión”.

Pilar Jimeno, de CCOO La Princesa, suma dos factores. Por un lado, cómo empeora la salud física y psíquica del personal y, por otro, la pérdida de la comunicación verbal con el paciente, por la presión en el tiempo de trabajo cuando “en lugar de realizar gastos extras cuestionables, como por ejemplo adquirir tabletas, ese dinero se puede destinar al personal”.

El Defensor del Paciente apunta la peligrosa tendencia de no suplir al personal en periodos festivos o vacaciones, cuando se aprovecha para cerrar plantas hospitalarias completas. “¿Los políticos se creen que la enfermedad se va de vacaciones también? En Andalucía es peligroso porque es muy turística, se cierran camas y habitaciones, y no se suple al personal. Se pone en riesgo a la población de Andalucía y la que viene de fuera”, remarca.

Al Defensor del Paciente se le acumulan las reclamaciones del sistema de salud, sobre todo de Andalucía, Madrid o Galicia. Van desde errores de diagnósticos hasta infecciones. Para Flores, su presidenta, lo más doloroso es “la indefensión del paciente ante la enfermedad. Las mutuas obligan a la incorporación laboral estés como estés. No se hacen pruebas, no se derivan a los especialistas y se les ‘engaña’ con medicamentos hasta que comprueban que tiene algo más grave, como un cáncer. ¿Les preocupa? En absoluto”. Desde esta plataforma lamentan que los políticos apenas hablan de los fallecidos por infecciones hospitalarias por falta de limpieza o de las listas de espera. Un análisis de CCOO calcula que se están “cerrando” camas en funcionamiento a un ritmo de 2.000 al año.

Una de las consecuencias más dolorosas del real decreto ley fue la aparición del copago sobre farmacia, transporte o prótesis. Según el último Barómetro Sanitario, el 4% de la población (1,8 millones de personas) no retira medicamentos de la farmacia porque no los pueden pagar. Las movilizaciones frenaron algunos de los otros copagos que contemplaba la ley. “Pero que no se apliquen, no significa que no puedan suceder. Legalmente siguen vigentes”, recuerda Sánchez Bayle.

Flores, del Defensor del Paciente, apunta otra dramática consecuencia sobre los medicamentos: “Hay personas con patologías graves a los que se les niegan medicamentos de última generación porque son muy caros. Suelen ser pacientes de oncología, hepatitis C o patologías conocidas como enfermedades raras. A eso se suma que en muchas ocasiones se deja sin atender a los ancianos simplemente por su edad”. Jimeno, de CCOO La Princesa, confirma esta situación. “Personas con medicamentos para cáncer, diabetes o de hepatitis C dejan de tratarse y supone una situación tremenda, que no se soluciona”, añade.

Cuando los pacientes esperan meses para operarse, para una cita al especialista o, simplemente, no lo derivan, quien tiene unos recursos económicos medios se plantea contratar un seguro privado. “No pueden aguantar, hay dolores o patologías que no pueden estar en espera tanto tiempo. De esta forma, se busca que cuanto peor esté el sistema público, mejor le vaya a los seguros privados”, reflexiona Flores, del Defensor del Paciente.

"Se busca que cuanto peor esté el sistema público, mejor le vaya a los seguros privados”

Por ahora, funciona. Un informe de la Fundación IDIS, que aglutina a las principales empresas sanitarias privadas, publicó que desde el año 2010 ha crecido el volumen de asegurados. Precisamente, ese aumento se localiza en las comunidades autónomas donde disminuyó el gasto público.

La primera consecuencia es el incremento del sobrecoste de los centros. La FADSP recuerda casos como los hospitales de Madrid, Burgos o Vigo. Lo segundo, cuando derivan consultas a especialistas o pruebas diagnósticas al sector privado. “Como ejemplo de que estas privatizaciones son poco eficaces, tenemos la comunidad autónoma de Madrid y las listas de espera quirúrgicas. En el año 2005 había 27.672 personas en listas de espera. En 2014, 77.689 personas. En ese periodo se habían abierto otros hospitales de gestión privada o semiprivada y el número de camas se redujo”, matiza Sánchez Bayle.

Como portavoz de FASD desglosa las consecuencias más inmediatas: aumento de los costes de forma exponencial, peor atención sanitaria, y reducción del personal ya que el número de trabajadores por cama en los hospitales privados es menor. Y un apunte más: los centros privados realizan derivaciones de los enfermos con tratamientos complejos a centros públicos.

“En estos cuatro años de Gobierno de Rajoy, 127.000 personas han fallecido sin haber recibido la prestación o servicio. Mueren sin los cuidados a los que tienen derecho”

El recorte acumulado en las partidas de Dependencia es de 2.865 millones de euros. José Manuel Martínez, del Observatorio Estatal para la Dependencia, concreta qué ocasionó ese freno económico: “El primer presupuesto que hizo Rajoy eliminó el nivel acordado de financiación de la ley de Dependencia y eso ha supuesto cada año 285 millones de euros menos. Y el real decreto reduce un 13% el mínimo de financiación de la dependencia. Ellos dicen que no hay recortes en política social, pero en el documento que Moncloa envía a Bruselas, donde explican los compromisos cumplidos en el ahorro de dependencia, reconocen esa misma cantidad de ahorro. Por lo tanto, hubo recortes”.

Hay 400.000 personas en lista de espera, reconocidas con su derecho a ser atendidas y que no se les da la prestación. “En estos cuatro años de Gobierno de Rajoy, 127.000 personas han fallecido sin haber recibido la prestación o servicio. Mueren sin los cuidados a los que tienen derecho. A ello se suma otro efecto perverso: el 96% de las cuidadoras son mujeres, que ante la falta de ayudas se ven obligadas a cuidar de esos pacientes de forma definitiva”, concluyen desde el observatorio.

En momentos de crisis, muchas personas emigran para encontrar trabajo en otros países. El real decreto dejó su sello también en este sentido: después de 90 días en el extranjero, estos españoles pierden su cobertura sanitaria. Marea Granate, el colectivo que agrupa a estos afectados, contempla que el 37% de las tarjetas de los emigrantes están dadas de baja.

El 37% de las tarjetas de los emigrantes están dadas de baja

“Mientras persista este modelo y no se regrese a la situación anterior, el sistema queda abierto a la privatización, a la selección de beneficiarios, a la entrada de mutuas privadas, y en general a la voluntad del legislador de turno. El derecho se ha vuelto un privilegio intermitente; a veces sí, y a veces no, en función de nuestra condición laboral o nuestros recursos”, detalla María Almena, de Marea Granate.

Para la red Acoge, la exclusión sanitaria de los inmigrantes irregulares se recupera poco a poco. “Antes cambiaba la exclusión dependiendo de las comunidades autónomas. Por ejemplo, Andalucía sí ofrecía asistencia. Otras, ni siquiera atendían en los supuestos que indicaba la ley, como en Castilla La Mancha. Desde las nuevas elecciones locales y autonómicas del año 2015 ha cambiado la atención en algunas comunidades”, concreta Inés Díez, abogada.

No obstante, Díez remarca dos situaciones de exclusión que no se ha solucionado. La primera, en ciudadanos de origen comunitario, como rumanos o búlgaros, que a los tres meses sin ingresos ni trabajo no son atendidos. La segunda, personas que sí están en situación regular pero sin asistencia, como los ascendientes de personas nacionalizadas españolas.

¿Qué futuro enfrenta la sanidad española? Para Sánchez Bayle, hay dos amenazas que determinan bastante su porvenir: “Una, la exigencia de Bruselas de recortar 8.000 millones de euros en el gasto público, y de eso el 30% se trasladará a la sanidad. Y dos, la negociación del TTIP, que plantea privatizar y favorecer otros intereses privados, como los de las grandes multinacionales farmacéuticas”.