El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han recomendado a los ciudadanos no consumir dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (cigarrillos electrónicos), ni productos de tabaco por calentamiento (sin combustión) por la existencia de riesgos para la salud.

En concreto, han sido los miembros de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del sistema sanitario en su última reunión los que han advertido de la existencia de estos riesgos y, por tanto, según el acuerdo al que ha tenido acceso Efe, han aconsejado no consumir ninguno de estos productos.

"Se han encontrado sustancias cancerígenas en líquidos y vapor de cigarrillos electrónicos, por lo que no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o exposición al vapor", subraya la Comisión en relación a estos dispositivos que están incluidos en la categoría de productos relacionados con el tabaco.

En su objetivo de promover la salud de la ciudadanía y prevenir las enfermedades asociadas al consumo de tabaco, la Comisión, presidida por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Elena Andradas, alude a los productos de tabaco sin combustión.

Estos —puntualiza— tienen la consideración de "novedosos" de acuerdo a la nueva normativa de 2017 que regula aspectos sobre la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los relacionados, y por lo tanto —destaca— se les tiene que aplicar la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo.

Los productos de tabaco por calentamiento, según la Comisión, "generan un aerosol que contiene nicotina en proporción igual o superior a los cigarrillos con combustión", con lo que producen "los efectos fisiológicos y adictivos de la nicotina, equivalentes al tabaco por combustión".

La Comisión recuerda que España firmó en el año 2003 el convenio marco del control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce que existe un conflicto de intereses entre la industria del tabaco y la salud pública de los ciudadanos.

Y obliga a las partes a la protección de las políticas de salud pública de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria del tabaco.