El cáncer oculto: solo 104 casos reconocidos como enfermedad laboral en España cuando se estima que hay miles

La exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo es la cuarta causa de cáncer, pero en 2024 en España tan solo se notificaron 104 casos como enfermedad profesional, el 0,39% del total de partes comunicados a la Seguridad Social. Este ínfimo reconocimiento del cáncer como enfermedad laboral limita el acceso a prestaciones a miles de trabajadores que la padecen por su empleo y carga sobre el Sistema Nacional de Salud el gasto que le correspondería a mutuas colaboradoras y empresas.

Las estimaciones que maneja la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sitúan entre 4.000 y 8.000 el número de casos de cáncer de origen laboral en nuestro país. Y un informe publicado por el Ministerio de Sanidad en 2015 ya calculaba que anualmente fallecen unos 8.700 hombres y 850 mujeres por un cáncer causado por exposiciones a agentes cancerígenos en su lugar de trabajo, tal como recoge el documento borrador de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Laboral, elaborado en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

Sin embargo, esas estimaciones no se ven reflejadas en las estadísticas del Observatorio de Enfermedades Profesionales (Cepross) y de Enfermedades Causadas o Agravadas por el Trabajo (Panotratss) de la Seguridad Social, que registran las patologías sufridas a causa del trabajo incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales y las no incluidas, y que sumaron un total de 29.526 en 2024. Los agentes carcinógenos ocupan la última posición y suman tan solo 674 casos en 13 años, desde 2012, sin haber alcanzado siquiera el 0,5% de los casos de enfermedad profesional en ningún año.

Estos datos contrastan, a su vez, con los de otros países europeos. Tal como recoge un informe de CCOO sobre el cáncer laboral, publicado el pasado mes de febrero, España está a la cola en el porcentaje de casos reconocidos como enfermedad laboral, que en Alemania suponen el 32%; en Austria, el 11%; en Bélgica y Suiza, el 7%; en Italia, el 6%; en Dinamarca, Finlandia y Suecia, el 5%, y en Francia, el 3%.

También hay diferencias entre los principales causantes de los cánceres de origen laboral y los que se notifican a la Seguridad Social. Según un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo recogido en la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Laboral, la radiación solar ultravioleta, las emisiones de motor diésel, el benceno (utilizado en fabricación de plásticos, resinas, pintura y otros productos) el polvo de sílice cristalina respirable y el polvo de maderas duras registran las mayores proporciones de trabajadores expuestos a factores de riesgo en niveles elevados.

Sin embargo, la estadística de los partes de enfermedades profesionales declarados a la Seguridad Social en el último año revela que la mayoría, el 53%, son debidos al amianto, el 18% al sílice y el 9,6% al polvo de madera dura. Otros casos notificados se atribuyen a una exposición a ácido cianhídrico y cromo.

Una epidemia silenciosa  

En CCOO hablan de una epidemia silenciosa que se extiende cada día por los centros de trabajo sin que se le pongan barreras. Se quejan de que las campañas públicas de prevención se focalizan casi exclusivamente en factores de riesgo individuales, como el consumo de tabaco y alcohol, la dieta, la falta de ejercicio físico o factores genéticos, obviando que entre un 4% y un 10% de los casos se deben a exposiciones de agentes cancerígenos en los lugares de trabajo, algo que, a su entender, puede prevenirse.

La coordinadora de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Carmen Mancheño, considera que el "infrareconocimiento" del cáncer como enfermedad profesional en España obedece a muchas causas, fundamentalmente porque se trata de una enfermedad en la que pueden incidir múltiples factores. Pero en el plano normativo destacan fundamentalmente dos: el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, porque las evaluaciones de riesgo, a su juicio, se siguen haciendo mal en general, y sobre todo, que no se haya desarrollado aún reglamentariamente un artículo "fundamental" del Real Decreto que desde 1997 regula expresamente la protección de los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos.

Mancheño se refiere al artículo 9, que obliga al empresario a tener una lista actualizada de los trabajadores encargados de realizar las actividades que revelen algún riesgo para su seguridad o salud, indicando la exposición a la cual hayan estado sometidos. Esa lista debe conservarse al menos durante 40 años en el caso de los agentes cancerígenos o mutágenos, y los historiales médicos de esos trabajadores han de remitirse a la autoridad laboral y sanitaria. Según ha explicado a Público la portavoz sindical, ese registro permitiría hacer un seguimiento de los trabajadores expuestos a esos agentes y disponer de un dato esencial cuando se les detecte la enfermedad al cabo del tiempo, incluso cuando hayan dejado de trabajar.

Ese tipo de registros ya existen en otros países y es, según Carmen Mancheño, la razón principal de que tengan declarados muchos más casos de cáncer como enfermedad profesional que España. "Nosotros llevamos años reivindicándolo, pero aún no se ha desarrollado, aunque el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a que lo va a hacer próximamente", señala la coordinadora de Salud Laboral de CCOO. Preguntado al respecto, el ministerio no ha respondido a este periódico al cierre de esta información.

La burocracia y la falta de formación  

Los especialistas en oncología, quienes tratan el cáncer, achacan la ínfima declaración de casos como enfermedad laboral a otros factores. La coordinadora del grupo de trabajo de la SEOM sobre cáncer, trabajo y medio ambiente, Laura Mezquita, focaliza el problema en el circuito establecido, en los cauces administrativos que han de seguirse para la comunicación de estos casos, donde intervienen diferentes administraciones con competencias de salud, trabajo y seguridad social repartidas y, además, con regulaciones diferentes en 17 comunidades autónomas.

"No hay un circuito establecido que sea fácil. Son muy complejos. Y, además, no está muy claro quién tiene que comunicar la sospecha de un cáncer, entre otras razones por la falta de información que tienen los propios médicos que deberían hacerlo", explica a Público la especialista, oncóloga en el Hospital Clinic de Barcelona.

La Sociedad Española de Oncología Médica está llevando a cabo un proyecto piloto, a instancias del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que conste en una red centinela en la que participan 23 oncólogos de otros tantos centros sanitarios de 11 comunidades autónomas para la comunicación de casos de cáncer de origen laboral. En este proyecto se han centrado en el cáncer de senos paranasales, un tumor poco frecuente originado en un 30% de los casos por la exposición a polvo de maderas duras.

"Hemos demostrado que cuando involucras al oncólogo en la comunicación de una sospecha lo hace, pero ahora falta que esa sospecha sea también valorada a tiempo. Muchas personas no llegan a ser valoradas, porque por en el camino se pierde la comunicación o porque fallecen", advierte Laura Mezquita.

Ocurre, primero, que muchos médicos no saben que tienen que comunicar una sospecha de cáncer como enfermedad laboral, porque no han sido formados en ello o no han recibido la información suficiente al respecto, según la especialista. Y sucede, después, que desconocen los cauces burocráticos de una comunicación que puede llegar a hacerse eterna en un asunto donde el tiempo es crucial. "Cada comunidad autónoma debe designar un organismo competente para este tema y en el País Vasco funciona muy bien, pero en otras como Catalunya no lo tienen aún establecido y no hay un circuito de comunicación, así que los pacientes no tienen dónde acudir", se lamenta la portavoz de SEOM.

La Sociedad Española de Oncología considera igualmente fundamental que se establezca una vía prioritaria para la valoración en la Seguridad Social de los casos sospechosos de cáncer como enfermedad laboral. "No pueden tener la misma prioridad que, por ejemplo, una dermatitis, porque en el cáncer el tiempo es determinante", recalca Mezquita.

La formación de los médicos sobre la exposición a agentes que pueden causar un cáncer en el trabajo y la comunicación de su sospecha a la Seguridad Social es también una reivindicación de UGT. Según su responsable de Salud Laboral en Andalucía, Pablo Sánchez, ese desconocimiento propicia que haya un número tan escaso de casos reconocidos en España y que, en consecuencia, no se tomen las medidas necesarias para evitar su extensión y atender correctamente a todos los afectados.

"Es un problema complejo -dice el portavoz de UGT-, pero, para empezar, la culpa está en la exposición sin protección, sin medidas de prevención a unos agentes cancerígenos. Por eso tiene que haber más formación de los médicos, para que asocien enfermedad y trabajo. Y también es muy importante la cultura preventiva".

Mas riesgos en las pequeñas empresas  

Este sindicato apunta otro factor de riesgo, el que corren los trabajadores de las pequeñas empresas, con menos de 50 empleados, que no están obligadas a contar con delegados de prevención de riesgos laborales. Según sus datos, esas empresas tienen 1,3 veces más probabilidades de estar expuestas a factores de riesgo de cáncer que las grandes, según la encuesta WES que analiza esos factores de riesgo en el ámbito laboral europeo.

Pablo Sánchez destaca al respecto que más del 90% del tejido empresarial se halla compuesto por pequeñas y medianas empresas en las que la labor de vigilancia y prevención es mucho menor. Por eso, a su entender, es un ámbito donde se debería incidir, sobre todo en sectores como la construcción, la industria de la piedra, metalurgia, empresas químicas y agricultura, en los que los factores de riesgo pueden ser mayores.

Otro sindicato, CSIF, considera también que hay mucho desconocimiento de los trabajadores, que no saben que hay que comunicar un caso de cáncer si se sospecha que puede estar relacionado con su actividad laboral, a lo que se suma una falta de vigilancia de la salud. "No es normal la barbaridad de casos de cáncer que hay a nivel general y los pocos que hay en lo laboral", dice su responsable de Prevención, Encarnación Abascal.

A juicio de la experta de CSIF, hay un gran desconocimiento general sobre la incidencia del cáncer en el trabajo en España, pese a toda la normativa que se encuentra en vigor para combatirlo y atender a los enfermos. "Nos parece insuficiente lo que se ha hecho con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque siguen sin reconocerse enfermedades laborales, las mutuas echan balones fuera y falta vigilancia de la salud y medidas de protección para los trabajadores. Hay que hacer mucho más, concienciar, formar, vigilar mucho más y hacer más estudios epidemiológicos, investigar para prevenir que haya más casos de cáncer en una misma empresa", subraya.

Menos prestaciones, menos derechos  

Las consecuencias de que no se reconozca como enfermedad laboral un cáncer atribuible al trabajo son muchas. En el informe de CCOO de este año se destaca que la "primera y fundamental es la privación a las víctimas de sus derechos en términos de prestaciones y de reconocimiento social". Eso, se añade, impide conocer la magnitud del cáncer y que no se destinen los recursos necesarios para la prevención del riesgo por exposición a agentes cancerígenos en los centros de trabajo.

A eso se suma, según CCOO, que los costes económicos provocados por la enfermedad se transfieren desde las empresas responsables de las exposiciones a agentes cancerígenos al conjunto de la ciudadanía. Al ser considerada como enfermedad común, y no laboral, los costes del tratamiento, en vez de asumirlos las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corren por cuenta del Sistema Nacional de Salud.

El reconocimiento de una enfermedad laboral genera el pago de unas prestaciones por incapacidad más altas que cuando se trata de una enfermedad común y da derecho a la solicitud por la vía penal de una indemnización por daños y perjuicios. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores del Metro de Madrid, a quienes la empresa pública acordó indemnizar en 2022 con un total de 7,3 millones de euros por la exposición al amianto en las instalaciones de esa red de transporte a causa de la cual enfermaron 18 personas.

La oncóloga Laura Mezquita resalta que, aparte de unas mejores prestaciones y del derecho a indemnizaciones, el reconocimiento del cáncer como enfermedad laboral propicia que haya una mayor vigilancia de los factores de riesgo y un incremento de la prevención. "Tiene un impacto muy importante para que no haya gente expuesta. Y también hay que tener en cuenta que cuanto antes se diagnostica la enfermedad, más posibilidades hay de curación", señala la portavoz de SEOM.

En el documento elaborado para la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de origen Laboral coordinado por el INSST se señala que uno de los problemas de los agentes cancerígenos "es la incorrecta identificación del riesgo por exposición al agente dentro del proceso de evaluación, siendo la identificación la base para una buena gestión de la prevención".

La deficiente identificación de los agentes cancerígenos, según ese documento, es más evidente en sectores en los que históricamente se ha priorizado reducir la siniestralidad, como la construcción, la metalurgia, la madera y la producción de plásticos.

Carmen Mancheño apunta al respecto dos ejemplos: el del cáncer de pulmón, uno de los más letales, que se asocia siempre al consumo de tabaco, pero nunca al radón, un agente cancerígeno que puede encontrarse con facilidad en fisuras de plantas bajas y sótanos. Y el del cadmio, una sustancia presente en determinados procesos industriales que puede causar cáncer de próstata.