Se desploma la cifra de menores víctimas de abusos que atiende Madrid en pleno repunte de violencia sexual

Los casos de violencia sexual sufridos en la infancia y adolescencia que llegan a ser detectados o notificados son ínfimos. Lo confirman las expertas, los estudios y lo reconocen las instituciones que se han de hacer cargo de ello. En octubre, un informe de Educo en colaboración con la Universidad de Comillas alertaba de que son casi 78.000 niños, niñas y adolescentes los que sufren agresiones sexuales cada año, pero apenas 9.100 logran encontrar la forma de comunicarlo y denunciar. La Memoria de la Fiscalía de Madrid de 2024 ha vuelto a registrar, aún así, un aumento de las notificaciones de abusos en estas primeras etapas de la vida. Una cifra creciente que contrasta llamativamente con las limitaciones en la atención a quienes han sido victimizados. Trabajadoras y profesionales han advertido en numerosas ocasiones de que el acceso a los servicios especializados, como el Centro Integral de Atención a la Infancia y Adolescencia (CIASI) en la Comunidad de Madrid, se muestra en la práctica insuficiente y lleno de obstáculos burocráticos. Mientras las familias, sobre todo quienes ya conocemos como madres protectoras, reclaman que el abordaje de este tipo de situaciones se haga respetando lo exigido por Naciones Unidas y, recientemente, el Consejo de Europa; es decir, sin aplicar el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) en ninguna de sus formas.

Según datos oficiales, el CIASI registró en 2023 un total de 554 casos distribuidos mensualmente. Los meses con mayor afluencia fueron junio y marzo, con 75 y 73 casos respectivamente. En comparación, hasta junio de 2024, se han recibido solo 18 casos, lo que supone una disminución significativa. Las cifras desglosadas por prioridad muestran que los expedientes ordinarios predominan, representando aproximadamente el 70% de las solicitudes en 2023.

El año pasado, los menores con intervención social aumentaron de 99 en enero a 146 en diciembre, mientras que los casos con intervención jurídica pasaron de 177 a 218. Hasta junio de 2024, sin embargo, solo un caso registra intervención simultánea social y jurídica, lo que marca un descenso notable. El volumen de sesiones también ha experimentado una variación destacable. Durante 2023, el CIASI llevó a cabo 5.073 sesiones, mientras que hasta el sexto mes de este año el número se limita a 1.542. Esto refleja una posible ralentización en la capacidad de atención que ofrece el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que coincide con la disminución en la recepción de nuevos casos, detalla a Público Lorena Morales, diputada por el PSOE en la Asamblea de Madrid, quien desde la anterior legislatura ha hecho seguimiento del funcionamiento de este servicio.

Mientras tanto, las denuncias por delitos contra la libertad sexual en esta etapa no dejan de llegar a las comisarías. Las notificaciones de agresiones sexuales a menores de 16 años experimentaron un incremento del 169,44%, pasando de 108 casos en 2022 a 291 en 2023. De estos casos, las agresiones sexuales con acceso carnal aumentaron un 78,95%, alcanzando los 34 casos. Por otro lado, los delitos de utilización de menores con fines pornográficos alcanzaron 75 casos, una reducción del 14,77% respecto al año anterior, aunque su gravedad sigue siendo extrema. 

Margarita García Marqués, psicóloga y fundadora de ASPASI (Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil), conoce bien las consecuencias de las insuficiencias del sistema público de atención a los abusos en la infancia y la adolescencia, pues ella misma trabaja en el abordaje de casos que no han sido atendidos precisamente en CIASI o cuya asistencia ha resultado insuficiente. La psicóloga pone de relieve, en primer lugar, que la intervención debe ser integral, incluyendo no solo al menor, sino también a su entorno familiar, especialmente en casos en los que el abuso ocurre dentro del hogar. Algo que, ya de entrada, en CIASI no ocurre, pues la terapia solo está dirigida a la víctima. "El trauma es mayor cuando el daño proviene de alguien en quien el menor confiaba. Esto genera un nivel de traición y desgarro emocional mucho más profundo", indica en declaraciones para Público. 

García Marqués, además, sitúa el foco en los tiempos y critica que en centros como CIASI "el tiempo entre que un niño sufre un abuso y recibe atención psicológica" pueda ser de "hasta seis meses o un año, en algunos casos". Una dilación que "para un niño resulta una eternidad". Este retraso no solo amplifica su daño emocional, sino que también puede dificultar el proceso de denuncia y la adecuada intervención sobre su o sus victimarios.

La especialista recalca la necesidad de tratar al menor en un contexto que facilite su recuperación emocional y fortalezca las dinámicas familiares para prevenir futuros daños, enfoque que requiere recursos y profesionales capacitados. Lamentablemente, estas condiciones –sospecha García Marqués–, no siempre están garantizadas en lo público. Esto es debido a que, como ocurre en CIASI, se trata de servicios cuya contratación suele estar externalizada y en manos de empresas con convenios "que pagan poco y mal a sus trabajadoras". 

La importancia de intervenir "a tiempo" es tan grande que incluso trasciende a la propia víctima. En este sentido, la psicóloga recuerda que en torno al 20% de las personas que han sufrido abuso infantil se convierten en agresores cuando crecen, si no reciben tratamiento adecuado. Esto refuerza el significado de la prevención, la capacitación profesional y la existencia de protocolos claros en espacios como colegios o centros donde vivan niños, niñas y adolescentes.

La Comunidad de Madrid, en cambio, no parece atenerse a este tipo de recomendaciones. De hecho, los centros de menores y centros de primera acogida a cargo de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), dependientes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales –espacios donde se han denunciado en repetidas ocasiones la existencia de estos abusos–, todavía no disponen de un protocolo de prevención/protección relativo a violencia sexual. Dicho documento, según la Dirección General de Infancia, se encuentra "en fase de elaboración". Cabe recordar que la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven en dichas instituciones es de extrema vulnerabilidad, pues no disponen en su día a día de familiares a su lado que les protejan o les acompañen.

Listas de espera y embrollos burocráticos

Las familias que intentan que sus hijos puedan acceder al CIASI se enfrentan a numerosos filtros. Para que un caso sea derivado, es necesario primero que un profesional –como un pediatra, un docente, un agente de la Policía o los servicios sociales– denuncie la situación. Luego, los técnicos de la Dirección General de Infancia deben valorar la gravedad del caso y clasificarlo en tres categorías: urgente, prioritario u ordinario. Pero los casos ordinarios, que constituyen la mayoría, no tienen plazos establecidos para ser atendidos, dejando a los menores en una lista de espera indefinida.

"Esto, en la práctica, genera unos tiempos que ponen en grave riesgo a los niños y niñas que están sufriendo abusos, especialmente porque en la mayoría de los casos el abuso sexual ocurre en el entorno más cercano del menor y, muchas veces, es de carácter repetitivo", explica Lorena Morales. Las soluciones propuestas para mejorar esta coyuntura, sin embargo, han encontrado un muro político en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde el PSOE, por ejemplo, se presentó una Proposición No de Ley para aumentar el presupuesto del CIASI (cuya cuantía específica asignada se desconoce) y contratar más personal especializado, pero fue rechazada por el Ejecutivo.

En la misma línea habla Diana Paredes, diputada de Más Madrid: "La señora Ayuso destina una gran cantidad de dinero para crear un centro de hombres, mientras tiene los niños y niñas completamente olvidados. Las quejas por parte de trabajadoras y también de usuarios y usuarias es conocida y denunciada". Paredes reprocha que desde la Dirección de Infancia se niegue sistemáticamente que existan listas de espera, y, al igual que el PSOE, todavía está a la espera de que el Gobierno autonómico aclare la partida presupuestaria por la que se financia, "ya que en los presupuestos de este año no se especifica ni aclara esta cantidad", expresa en declaraciones a este medio. 

Lo más grave es que, una vez pasados todos esos filtros, cuando el niño, niña o adolescente logra tener acceso a las consultas e inicia una terapia, el curso del tratamiento tampoco es siempre satisfactorio. "Algunos menores reciben pocas sesiones que no logran generar un impacto positivo y, cuando esto ocurre, las familias sienten que se les despide sin haber resuelto el problema de fondo. Un niño que ha sufrido abuso necesita tiempo, confianza, a veces muchas sesiones. Cada uno tiene unos ritmos diferentes. Pero si incluso en los casos más urgentes el tiempo de espera puede ser de un mes, está claro que los recursos no son los que deberían. Para un niño pequeño esto es insoportable", insiste la especialista Margarita García Marqués. 

Otro asunto es la aplicación del falso SAP, una teoría cargada de misoginia que se utiliza para justificar al acusado alegando que el testimonio de la niña o niño que ha denunciado haber sufrido violencia sexual está influenciado por la madre e inducido a mentir. Este síndrome inventado, que alimenta el estereotipo de mala madre y tiene como consecuencia victimizar a las mujeres y desproteger a los niños cuando denuncian haber sufrido abusos por parte de sus padres, sigue siendo invocado en estos tipos de centros justamente por la falta de especialización y perspectiva de género que comentaba García Marqués. El resultado, que muchas madres terminen desconfiando de los servicios sociales y pensándose dos veces si relatar o no en instancias oficiales los abusos que sufren sus criaturas con tal de no someterse a esa "tortura institucional".