La Fiscalía cita a declarar a familias de las víctimas de las residencias tras la denuncia colectiva presentada contra ex altos cargos del Gobierno de Ayuso

La Fiscalía de Madrid ha citado a declarar a decenas de familiares de las víctimas de los llamados "protocolos de la vergüenza" en las residencias de mayores de la región, durante la primera ola de la pandemia. Las comparecencias comenzarán este mismo miércoles 8 de enero. Este nuevo paso del Ministerio Público responde a una denuncia colectiva presentada el pasado octubre, que señalaba directamente a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a geriatras de 25 hospitales por un presunto delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.

La denuncia, coordinada por las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia, representa a los familiares de 115 residentes de 72 geriátricos diferentes. Según los denunciantes, 111 de estos ancianos fallecieron sin recibir atención médica adecuada, víctimas de un sistema que les negó el traslado a hospitales y asistencia sanitaria cuando más lo necesitaban.

Las declaraciones se producen bajo la presión de un plazo crítico, pues los delitos denunciados podrían empezar a prescribir a partir de marzo si no se judicializan rápidamente.  Es por ello que tanto los denunciantes como las asociaciones involucradas han instado a la Fiscalía a actuar con celeridad, recordando que han aportado una amplia base documental que respalda las acusaciones. Entre las pruebas figuran informes internos del Gobierno regional que detallan la precariedad en las residencias, con carencias de personal médico y de enfermería que, en algunos casos, alcanzaban niveles alarmantes.

La denuncia apunta directamente a 29 responsables, incluidos ex altos cargos del Gobierno regional, geriatras, y gestores de protocolos que presuntamente vetaron el traslado de miles de residentes. También se señala la inexistente "medicalización" de las residencias, una medida anunciada por la Administración de Ayuso, pero que en la práctica se tradujo en el envío de "apenas 24 médicos y 25 enfermeras para atender a 475 centros geriátricos durante los meses más críticos de la pandemia".

Las asociaciones firmantes han subrayado que la discriminación hacia los residentes no se limitó a la falta de atención en los hospitales públicos. También se les negó acceso a hospitales privados, al hospital provisional de Ifema y a los hoteles medicalizados, a menos que contaran con seguros privados. Este patrón, aseguran, constituye una violación sistemática del derecho a la atención sanitaria, como recoge el artículo 511 del Código Penal.

El proceso de investigación, que implica la apertura de más de un centenar de diligencias individuales, parece marcar un cambio de actitud en la actuación de la Fiscalía. Sin embargo, las asociaciones denunciantes no dejan de recordar los años de inacción que permitieron el agravamiento de esta tragedia. Las familias esperan ahora que este proceso no solo esclarezca responsabilidades, sino que también sirva como punto de inflexión para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Entre tanto, el reloj sigue corriendo y el riesgo de impunidad permanece.