El Ministerio de Derechos Sociales ha cosechado los apoyos necesarios de las comunidades autónomas para iniciar la transformación de las residencias de mayores y España dejará atrás el actual formato de macrorresidencias, obsoleto y en vías de extinción en Europa y desacreditado por la comunidad de expertos.

Con diez comunidades a favor y nueve en contra, el ministerio de Ione Belarra enfrenta un ambicioso proyecto por el que se aumentarán ratios de profesionales, reducirá el número de plazas en las residencias para dotarlas de más calidad y calidez y se fomentará la teleasistencia para que los mayores y personas con discapacidad puedan habitar sus casas hasta que sea inevitable un ingreso. 

Estos son los principales puntos del acuerdo, que tendrá que implementarse en un plazo de nueve meses y tendrá fases con un periodo de adaptación que se prolongará hasta 2030. Se ha establecido un plazo máximo de nueve meses desde la aprobación del Acuerdo para que se aprueben las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.

Un cambio de paradigma

Además de cambios de forma, una de las cosas más destacadas de este acuerdo es que toma como prioritaria la dignididad de las personas mayores. "Cada persona merece ser tratada siempre con respeto y consideración, garantizando que recibe un buen trato. Se deben conocer y respetar los derechos humanos y libertades de las personas que requiere de cuidados y apoyos, los de sus familiares y los de los y las profesionales de apoyo", sostiene el texto. 

En lugar de que las residencias sean lugares con horarios predeterminados para comer o dormir, la capacidad de decisión de los residentes tomará presencia. "El control y la participación no deben depender de las capacidades de la persona, ni de sus posibilidades de expresión de su voluntad y preferencias. Cuantas más necesidades de apoyo requiera la persona, más esfuerzos habrá que realizar para hacer efectivo su derecho a diseñar su propio proyecto de vida, y para ello es necesario hacer la mejor interpretación de su voluntad y preferencias".

Aumento de ratios de personal

El aumento de personal en las ratios de personal ha sido uno de los temas candentes el acuerdo y contaba con la oposición del sector privado. La ratio mínima de personal de atención directa de primer nivel en centros residenciales se establece en forma de jornadas completas o personal equivalente, respecto al número de plazas ocupadas.

El acuerdo incluye la posibilidad de que las comunidades que así lo consideren incrementen las ratios establecidas para personas mayores o con discapacidad que necesiten una mayor intensidad de apoyos, tanto en residencias, como en centros de días. El plan terminaría en 2030 y se da a las comunidades margen de maniobra para su adaptación.

Habrá un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en caso de la ayuda a domicilio). Los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con una persona "enlace" para la coordinación sociosanitaria, es decir, para garantizar el derecho de las personas que viven en las residencias a ser atendidas por el sistema nacional de salud.

Los turnos de los profesionales de atención directa de primer nivel se organizarán minimizando las rotaciones y promoviendo que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de personas de forma estable teniendo en cuenta las unidades de convivencia

Límite al número de plazas residenciales

Los centros proyectados tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las

administraciones competentes, no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas, no podrán superar las 90 plazas si se encuentran ubicados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en un máximo de 50 plazas para aquellos centros cuya atención se destine a personas con discapacidad.

En la negociación de este martes se ha incorporado la posibilidad de que las comunidades autoricen nuevas residencias de hasta 120 plazas de tamaño máximo en zonas escasamente pobladas si se acreditan circunstancias excepcionales de viabilidad económica.

Lo anterior no será de aplicación a centros cuyo proyecto se haya licitado por parte de las administraciones públicas, o hayan iniciado la tramitación de licencia de obra para los centros de iniciativa privada, con anterioridad a la aprobación del presente acuerdo.

En estas unidades convivirán un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las Comunidad Autónoma o administración que tenga la competencia podrán excepcionar a los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo a la aprobación del presente acuerdo del cumplimiento de este requisito cuando la adaptación al mismo se demuestre

inviable por razones arquitectónicas.

Habitaciones individuales

Los centros cuya construcción se inicie tras la aprobación del presente acuerdo por parte de las administraciones competentes, dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo, dispondrán, al menos, de un 10% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada. Este porcentaje se elevará hasta el 20% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 25% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas.